Las autoridades han detenido a miles de personas y las han llevado a centros de contención que, muchas veces, no cuentan con medidas que garanticen un nivel mínimo de salubridad y distanciamiento físico

Ante las medidas implementadas por el presidente Nayib Bukele para contener la pandemia, que incluyen la detención de personas en confinamiento forzoso por incumplir la cuarentena domiciliaria, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Fundación para el Debido Proceso, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura publicaron hoy una carta abierta dirigida al presidente para expresar su preocupación por las acciones del gobierno salvadoreño.  

“Hoy presentamos un llamado colectivo al presidente Bukele para liderar una estrategia de salud pública que proteja a la población y sus derechos ante la pandemia del COVID-19. El gobierno debe revertir inmediatamente aquellas medidas que, lejos de cumplir fines sanitarios, solo han generado múltiples denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Las autoridades han detenido a miles de personas y las han llevado a centros de contención que, muchas veces, no cuentan con medidas que garanticen un nivel mínimo de salubridad y distanciamiento físico. Con esta estrategia, el gobierno solo incrementa el riesgo de contagio en lugar de protegerles de la enfermedad. Además, la detención de personas que salen a buscar agua, comida o medicinas afecta desproporcionalmente a quienes viven en pobreza. El Salvador necesita soluciones integrales que atiendan la desigualdad y las causas que provocan que muchas personas necesiten salir para satisfacer sus necesidades básicas.”

“Nuevamente el presidente Bukele ha hecho sonar las alarmas de la comunidad internacional. Son inaceptables sus mensajes públicos que llaman al incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que sugieren que los cuerpos de seguridad implementen medidas violentas y que desacreditan a las organizaciones de derechos humanos. El gobierno está siguiendo un camino muy peligroso que vulnera el Estado de Derecho y los derechos humanos”.