Las autoridades municipales de Adís Abeba han derribado decenas de casas pertenecientes a jornaleros en las últimas tres semanas, dejando al menos a 1.000 personas sin techo en medio de la pandemia de COVID-19, ha denunciado hoy Amnistía Internacional.

La mayoría de las personas cuyos hogares han sido destruidos perdieron recientemente sus trabajos debido a los ceses de actividad por la crisis de la COVID-19, y dijeron a Amnistía Internacional que ahora lo que les quita el sueño es que las autoridades confiscan una y otra vez las carpas o lonas de plástico que utilizan para protegerse de las fuertes lluvias.

“Familias desamparadas nos han relatado angustiosas historias de niños y niñas durmiendo a la intemperie, expuestos al frío y las lluvias torrenciales”, ha declarado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

“Tener casa es crítico para protegerse de la COVID-19, detener su propagación y recuperarse de la enfermedad. Las autoridades deben garantizar que no se pone a nadie en situación de mayor vulnerabilidad ante la COVID-19, y esto incluye no dejar a las personas sin hogar”.

Según las autoridades del distrito de Bole, las demoliciones, que comenzaron a mediados de febrero, se centraron en construcciones ilegales de la zona. Sin embargo, las víctimas dijeron a Amnistía Internacional que sus casas estaban construidas en tierras que habían comprado a agricultores en 2007. Las autoridades no reconocen estas adquisiciones e insisten en que las familias son ocupantes ilegales porque no compraron los terrenos al ayuntamiento de Adís Abeba.

Tras la demolición a principios de abril de sus viviendas permanentes, las familias afectadas trataron de construir refugios temporales con lonas y plásticos, pero la policía también los destruyó y confiscó los materiales, en otra ronda de demoliciones que comenzó el 14 de abril de 2020.

“Las demoliciones que se están llevando a cabo son un terrible acto de falta de humanidad contra unas personas que ya tienen mucho a lo que enfrentarse: la COVID-19, el desempleo y las lluvias torrenciales. Las autoridades están empeorando una situación ya de por sí mala al dejar sin techo a personas que ni siquiera saben cómo conseguirán alimentos para su próxima comida”, ha declarado Deprose Muchena.

Amnistía Internacional ha verificado, mediante análisis de imágenes de satélite, que unas 40 estructuras de reciente construcción han sido dañadas o destruidas desde el 6 de abril de 2020 cerca del Aeropuerto Internacional de Bole, en Adís Abeba, en el Distrito 12. Las imágenes muestran el antes y el después de la zona, con y sin casas, así como la aparición de tiendas y otras estructuras temporales en el lugar donde antes había viviendas permanentes.

La mayoría de las víctimas de estas demoliciones trabajaban como jornaleros ocasionales en zonas en construcción de Adís Abeba donde ya no hay actividad debido a la interrupción por la crisis de la COVID-19.

Las familias nos dijeron que sus hogares habían sido derribados sin previo aviso, y que las autoridades tampoco habían debatido o consultado con ellas como exige el derecho internacional de los derechos humanos en salvaguardia contra los desalojos forzosos. La protección contra los desalojos forzosos es de aplicación a todas las personas, sean propietarios, arrendatarios u ocupantes de viviendas o tierras.

Una mujer, madre soltera, dijo a Amnistía Internacional que el 6 de abril, cuando estaba trabajando, un vecino la llamó para decirle que estaban derribando su casa.

“Ahora, mis cuatro hijos y yo nos cubrimos con una lona durante la noche y cuando llueve. Ni siquiera podemos montar una vivienda improvisada, porque la policía se lleva las lonas y las carpas”, afirmó. La mujer pidió permanecer en el anonimato por temor a las represalias de las autoridades locales, que detienen a las personas que hablan públicamente o hacen declaraciones a los medios de comunicación sobre el tema.

“Las autoridades deben detener de inmediato estos desalojos forzosos y garantizar que se proporciona urgentemente un alojamiento alternativo a las personas afectadas. A más largo plazo, deberán emprender consultas adecuadas con las familias afectadas sobre cuál es el verdadero problema, y a partir de ahí seguir el debido proceso conforme al plan de actuación que se acuerde”.