Quienes lideran actualmente la respuesta estatal, tanto en su diseño como implementación, deben escuchar las voces de las organizaciones de derechos humanos e incorporar sus recomendaciones en las políticas públicas que persigan reducir los impactos de la pandemia

La pandemia del COVID-19 representa uno de los más grandes desafíos de nuestra historia reciente, e impone, particularmente, una enorme responsabilidad para los Estados alrededor del mundo, incluido el salvadoreño. El virus afecta a todas las personas, pero no a todas de la misma manera. La crisis revela cómo las diferentes formas de exclusión, desigualdad y violaciones de derechos humanos están interconectadas. Pero también brinda a los gobiernos de la región la oportunidad de hacer los cambios radicales necesarios para convertirnos en las sociedades que queremos ser.

Esta no es solo una crisis de salud pública, sino una de derechos humanos por los impactos inmediatos y por las graves consecuencias que se tendrá en el mediano y largo plazo. 

En Amnistía Internacional estamos convencidas del papel fundamental que deben tener las organizaciones de la sociedad civil en coadyuvar a los esfuerzos de los estados para superar la crisis del COVID-19, sobre todo en nuestra región, dado su trayectoria e histórica intervención para proteger a las víctimas de violaciones de derechos humanos y grupos de población abandonados por los propios estados. Eso significa que quienes lideran actualmente la respuesta estatal, tanto en su diseño como implementación, deben escuchar las voces de las organizaciones de derechos humanos e incorporar sus recomendaciones en las políticas públicas que persigan reducir los impactos de la pandemia.

En El Salvador nuestra organización lleva muchos años trabajando de la mano y aprendiendo de movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas. Sin duda, sin el compromiso y robusto trabajo de estos colectivos, la situación de derechos humanos en el país sería aun peor. Son las personas defensoras de derechos humanos las que, durante años, han suplido la responsabilidad del estado de protección, poniendo en riesgo sus propias vidas, integridad y seguridad por proteger y defender los derechos de todas las personas en el país.  

Sobre este punto en específico, hablé personalmente con el presidente Nayib Bukele durante el encuentro que mantuvo con la delegación de Amnistía Internacional en junio del año pasado... - Lea el artículo completo en El Faro