Las autoridades sirias deben cooperar plenamente con las agencias de la ONU y las organizaciones humanitarias para impedir la propagación de la COVID-19 en las prisiones, centros de detención y hospitales militares del país, ha advertido Amnistía Internacional.

Las personas detenidas o presas, entre ellas decenas de miles que se hayan sometidas a reclusión arbitraria o desaparición forzada, están expuestas a contraer la enfermedad, porque soportan condiciones antihigiénicas en centros de todo el país administrados por las fuerzas de seguridad.

“En las prisiones y los centros de detención sirios, la COVID-19 podría propagarse rápidamente debido al mal saneamiento, la falta de acceso a agua limpia y el hacinamiento extremo”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.

“Este gobierno tienen un largo historial de negación de atención médica y medicamentos a personas presas y detenidas que los necesitan urgentemente. Toda persona privada de libertad debe tener acceso a servicios de prevención y tratamiento mientras la pandemia de COVID-19 siga poniendo vidas en peligro.

“Debe dejase en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos y presas de conciencia: activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos y demás personas encarceladas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos. También debe plantearse la posibilidad de dejar en libertad anticipadamente o con condiciones a las personas presas que corran mucho riesgo, como las ancianas y las que sufren problemas médicos graves.”

A fecha de 30 de marzo, el Ministerio de Salud sirio había reconocido un total de 10 casos de COVID-19 en el país y una muerte.

Información complementaria

Desde el comienzo de la crisis de Siria en 2011, toda persona que parezca oponerse al gobierno sirio está expuesta a ser detenida arbitrariamente y sometida a desaparición forzada y a tortura y otros malos tratos, lo que en muchos casos da lugar a muerte bajo custodia. Según la ONU, se calcula que en 2019 había 100.000 personas detenidas, secuestradas o en paradero desconocido en Siria.

Amnistía Internacional ha documentado la detención arbitraria y desaparición forzada de decenas de personas debido a su activismo pacífico. En otros casos, las fuerzas de seguridad las han detenido por ser familiares de personas buscadas que han huido del país o por haber sido denunciadas por informantes con acusaciones falsas.

Amnistía Internacional ha documentado ampliamente las condiciones inhumanas imperantes en las prisiones militares – especialmente la de Saydnaya– y otros centros de detención de Siria. Tales condiciones incluyen hacinamiento extremo en las celdas, falta de acceso a medicamentos y tratamiento médico y falta de acceso adecuado a saneamiento, alimentos y agua. Personas que han estado detenidas han contado también a Amnistía Internacional que estuvieron varios días recluidas en celdas junto a los cadáveres de compañeros muertos. Otras afirmaban haber sido sometidas a tortura y otros malos tratos.

Amnistía Internacional ha determinado que el uso sistemático que hace el gobierno sirio de la tortura y las muertes masivas de personas bajo custodia en centros detención de toda Siria constituyen crímenes de lesa humanidad.