El gobierno debe considerar seriamente la liberación de los presos y presas especialmente vulnerables a la COVID-19, como los de edad avanzada o los que padezcan enfermedades graves. Las autoridades deben garantizar que todos los presos y presas tengan acceso a atención médica y cuidados de salud de igual calidad que aquéllos de los que se beneficia la sociedad en general

En medio de la creciente preocupación por la propagación de la COVID-19 en las prisiones, el gobierno turco está acelerando la preparación de un proyecto de ley que, según se informa, liberará hasta 100.000 personas presas. Esta es una medida bienvenida.

La masificación y la falta de higiene de los centros de detención constituyen, de por sí, una amenaza para la salud de la población penitenciaria de Turquía, que asciende a casi 300.000 personas, y para las decenas de miles de empleados y empleadas de prisiones, situación que se verá agravada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, preocupa a Amnistía Internacional comprobar que el paquete de medidas, tal como lo concibe actualmente el gobierno, deja entre rejas a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas encarceladas por el mero ejercicio de sus derechos o que deberían estar en libertad.

Las organizaciones firmantes piden al gobierno turco que deje en libertad, de inmediato y sin condiciones, a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y demás personas que hayan sido acusadas o condenadas sólo por haber ejercido sus derechos.

Además, creemos que las autoridades turcas deben revisar todos los casos de presos y presas detenidos en espera de juicio, como paso previo a su liberación. En línea con la presunción de inocencia y con el derecho a la libertad, el derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen la presunción de libertad hasta el juicio. La detención previa al juicio debe emplearse sólo como medida excepcional, pero en Turquía, se aplica de manera habitual y punitiva.

El gobierno debe considerar seriamente la liberación de los presos y presas especialmente vulnerables a la COVID-19, como los de edad avanzada o los que padezcan enfermedades graves. Las autoridades deben garantizar que todos los presos y presas tengan acceso a atención médica y cuidados de salud de igual calidad que aquéllos de los que se beneficia la sociedad en general, incluidos los servicios de detección, prevención y tratamiento de la COVID-19. Tanto el personal penitenciario como los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud deben tener acceso a información adecuada, material, formación y ayuda para protegerse.

De conformidad con la actual Ley de Ejecución de Condenas y Medidas de Seguridad, una persona presa puede solicitar la libertad condicional una vez cumplidos dos tercios de la condena. Según la información recibida, el anteproyecto de ley mencionado —que, previsiblemente, aprobará el Parlamento a lo largo de los próximos días— permitirá pedirla una vez cumplida la mitad de la condena.

Asimismo, el anteproyecto establece que las presas embarazadas y los presos y presas con más de 60 años y problemas de salud documentados pasen a arresto domiciliario. Sin embargo, quienes hayan sido declarados culpables de unos pocos de delitos concretos, entre ellos los de terrorismo, no podrán pedir la reducción de la pena. Además, el anteproyecto tampoco es de aplicación a las personas detenidas en espera de juicio ni a quienes hayan recurrido sus sentencias condenatorias. Se espera que la medida se introduzca como el tercer paquete de reformas en el marco de la Estrategia de Reforma Judicial del gobierno revelada el verano pasado.

La legislación antiterrorista turca es imprecisa, y se ha abusado ampliamente de ella en causas judiciales espurias contra periodistas, activistas políticos de oposición, profesionales del derecho, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas que ha expresado opiniones discrepantes. Tal como hemos documentado en numerosos juicios que hemos observado, muchas de estas personas permanecen detenidas en espera de juicio durante largos periodos, y muchas de ellas, también, son declaradas culpables de delitos de terrorismo sólo por haber expresado opiniones discrepantes, sin prueba alguna de incitación a la violencia o empleo de ella ni de colaboración con organizaciones ilegales.

Entre estas personas, figuran el periodista y novelista Ahmet Altan, el político kurdo Selahattin Demirtaş y el empresario y personalidad de la sociedad civil Osman Kavala, además de numerosas personas del mundo académico, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Demirtaş ha comunicado ya en el pasado padecer problemas cardíacos en la cárcel, mientras que tanto Altan como Kavala tienen más de 60 años, con lo que podrían correr mayor peligro de contraer la COVID-19. Ninguno de ellos debería estar en la cárcel, y al excluirlos de las medidas de concesión de libertad no se hará sino ahondar en las graves violaciones que ya han sufrido.

Los abajo firmantes pedimos al gobierno y al Parlamento que respeten el principio de no discriminación en las medidas que se tomen para atenuar los graves riesgos de salud que afectan a las prisiones. El anteproyecto de ley excluye la liberación de ciertos presos o presas por sus opiniones políticas.

Miles de personas están entre rejas sólo por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y ahora se enfrentan a un peligro si precedentes para su salud. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Turquía ha asumido una serie de compromisos que la obligan, claramente, a tomar medidas para garantizar el derecho a la salud de todas las personas presas, sin discriminación.

Invitamos a las autoridades turcas a aprovechar esta oportunidad para dejar de inmediato en libertad a aquellas personas que hayan sido injustamente encarceladas, y a estudiar con carácter de urgencia la liberación de quienes no hayan sido declarados culpables de ningún delito y quienes se encuentren especialmente expuestos en la cárcel a esta enfermedad altamente contagiosa, cuya salud no se puede garantizar en condiciones de masificación y falta de higiene.

Información complementaria

Esta declaración cuenta con el respaldo de las siguientes organizaciones:

ARTICLE 19

Punto24, Plataforma de Periodismo Independiente

Amnistía Internacional

ARTICOLO 21

Asociación de Periodistas de Europa (AEJ)

Red Internacional de Derechos de Caricaturistas (CRNI)

Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)

PEN Dinamarca

PEN Reino Unido

Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (ECPMF)

Federación Europea de Periodistas (EFJ)

Freedom House

Frontline Defenders

PEN Alemania

Index on Censorship

Iniciativa por la Libertad de Expresión – Turquía (IFoX)

Instituto Internacional de Prensa (IPI)

Fundación de Comunicación IPS/bianet

IFEX – Red Global de Defensa y Promoción de la Libertad de Expresión

PEN Noruega

Observatorio de los Balcanes y el Cáucaso Transeuropa (OBCT)

PEN Canadá

Reporteros sin Fronteras (RSF)

Organización de Medios de Comunicación del Sureste de Europa (SEEMO)

PEN Suecia

Turkey Human Rights Litigation Support Project (TSLP)

Wan-Ifra/Asociación Mundial de Editores de Noticias