Tras la noticia de que el gobierno de Trump pretende dictar una nueva norma que, ante la pandemia del coronavirus, permita a los agentes estadounidenses rechazar a todas las personas solicitantes de asilo que entren desde México, Charanya Krishnaswami, directora de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha emitido la siguiente declaración:

“La prohibición impuesta por el gobierno de Trump a las personas solicitantes de asilo que llegan desde México no tiene nada que ver con hacer que la población estadounidense esté más segura frente a la pandemia del coronavirus. El presidente Trump está utilizando el discurso del miedo para justificar políticas racistas y discriminatorias cuyo único propósito es demonizar a las personas que buscan seguridad. El cierre de la frontera sur es una medida reaccionaria que no tiene prácticamente ningún fundamento de hecho”.

“El gobierno de Trump no puede suspender de repente las obligaciones contraídas por Estados Unidos para con las personas que buscan seguridad. Una prohibición general de las personas solicitantes de asilo es contraria a las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud del derecho tanto nacional como internacional, simple y llanamente. Una prohibición similar impuesta en 2018 fue declarada rápidamente ilegal por todos los tribunales que la han examinado, por considerarla una grave violación derecho a solicitar asilo.”

“El gobierno de Trump ya ha enviado a decenas de miles de personas solicitantes de asilo a situaciones de riesgo en México, y las ha obligado a sobrevivir en condiciones peligrosas y precarias en las que están expuestas a terribles riesgos de secuestro, tortura y otros abusos. En lugar de continuar con estas tácticas fallidas, el gobierno de Trump debería anular estas políticas crueles y punitivas y permitir que la gente busque seguridad siguiendo el proceso establecido por el derecho tanto estadounidense como internacional. ”

Información complementaria:

Ayer, Amnistía Internacional Estados Unidos, junto con Human Rights First y Physicians for Human Rights, envió cartas a gobernadores y autoridades de salud de 13 estados para pedirles que presionen al gobierno federal con el fin de que libere a las personas detenidas por motivos migratorios que se encuentran recluidas en sus estados y que insten al director en funciones del Departamento de Seguridad Nacional a liberar a las personas solicitantes de asilo y migrantes recluidas actualmente en condiciones inadecuadas en centros de detención para inmigrantes. Durante una crisis de salud pública, el gobierno debe actuar para proteger la salud de todas las personas y garantizar el acceso a atención y seguridad, en lugar de rechazarlas indiscriminadamente en las fronteras o mantenerlas encerradas en condiciones insalubres y de hacinamiento con una atención médica deficiente.