Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi y Saeed Tamjidi han sido condenados a muerte como consecuencia de unos incendios provocados durante una serie de protestas en noviembre de 2019. Su juicio fue manifiestamente injusto. Se les negó el acceso a abogados en la fase de instrucción, y afirman que fueron torturados. Amirhossein Moradi asegura que lo coaccionaron para que hiciera una “confesión” que se emitió luego en la televisión pública y se utilizó como prueba para declarar a los tres culpables.

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Presidente de la Magistratura / Head of the Judiciary
Ebrahim Raisi
c/o Permanent Mission of Iran to the UN

Chemin du Petit-Saconnex 28

1209 Genève, Suiza

Señor Raisi:

Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi y Saeed Tamjidi podrían ser ejecutados, pues la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán los ha condenado a muerte tras declararlos culpables de varios cargos, entre ellos “enemistad con Dios” (moharebeh). El 18 de febrero de 2020, durante su conferencia semanal de prensa, el portavoz de la Magistratura iraní los acusó de ser “dirigentes de disturbios” en los que “quemaron bancos y gasolineras [durante protestas que estallaron en todo el país en noviembre de 2019] y grabaron vídeos de actos delictivos que enviaron a medios de comunicación extranjeros”. Según una fuente informada, los han condenado también a entre 11 y 16 años de prisión y a flagelación por delitos, como “robo a mano armada”, cometidos en otros incidentes.  Sus abogados recibieron la sentencia a mediados de febrero de 2020.

Todos los Estados tienen el derecho legítimo de enjuiciar los actos delictivos de violencia, pero el juicio de estos tres hombres, que tuvo lugar del 5 al 6 de enero de 2020, fue manifiestamente injusto. Amirhossein Moradi, de 25 años, fue detenido el 19 de noviembre de 2019 y pasó una semana recluido en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Teherán antes de ser trasladado a la prisión de Evin, donde estuvo un mes. Fue sometido a reclusión prolongada en régimen de aislamiento e interrogado sin la presencia de un abogado. Ha dicho que lo sometieron a tortura y otros malos tratos, como propinarle palizas, aplicarle descargas eléctricas y pisarle el pecho con todo el peso de un interrogador sobre él.  Afirma que “confesó” sólo porque los interrogadores prometieron proporcionarle atención médica para unas lesiones que había sufrido, algo que luego le negaron. Mohammad Rajabi, de 25 años, y Saeed Tamjidi, de 27, fueron detenidos el 28 de diciembre de 2019 y estuvieron recluidos inicialmente en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Teherán. También han dicho que los sometieron a tortura y otros malos tratos, como propinarles patadas y golpes con porras y tenerlos colgados boca abajo mientras los golpeaban reiteradamente en las piernas y los pies. Los tres sufrieron desaparición forzada durante semanas tras su detención, así como negación del acceso a un abogado durante la fase de instrucción de la causa. La “confesión” de Amirhossein Moradi, que se difundió por medio de un vídeo propagandístico emitido por la televisión pública días antes del juicio, se utilizó como prueba para declararlos culpables. Actualmente, los tres se encuentran encarcelados en la prisión de Fashafuya, provincia de Teherán.

Lo insto a anular las condenas a muerte de Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi y Saeed Tamjidi y a ordenar que sean sometidos a un nuevo juicio que sea justo y en el que no se recurra a la pena de muerte. Le pido que les proporcione acceso a sus familias y abogados y que garantice que se investiga su presunta tortura y se lleva a los presuntos responsables ante la justicia para que sean sometidos a juicios justos. Le pido también que tome medidas para garantizar que no se graban, emiten ni utilizan como prueba en los tribunales “confesiones” obtenidas presuntamente mediante tortura y otros malos tratos y para que se establezca de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

El 24 de diciembre de 2019, antes del juicio, la emisora estatal, la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán, emitió un vídeo de las “confesiones” de una mujer y 12 hombres, entre ellos Amirhossein Moradi. Se veía a los 13 con las caras borrosas, “confesando” varios actos relacionados con las protestas, como participar en ellas, enviar fotografías y vídeos de ellas a familiares y amigos o a medios de comunicación de fuera de Irán, animar a participar en ellas o cometer actos de violencia durante las mismas. Amirhossein Moradi ha dicho que lo coaccionaron y torturaron para que hiciera la “confesión”. Amnistía Internacional no tiene información sobre el trato dispensado a las otras 12 personas que aparecían en el vídeo. No obstante, como se cree que ninguna tuvo acceso a un abogado y dado que en este tipo de casos es constante el uso de “confesiones” públicas obtenidas con coacción, la organización teme que ninguna de ellas pudiera dar libremente su consentimiento a su aparición en el vídeo.

Entre el 15 y el 19 de noviembre de 2019, las autoridades iraníes ejercieron una represión brutal para sofocar protestas que habían estallado en más de 100 ciudades del país. Según fuentes fidedignas, más 300 personas murieron y miles más resultaron heridas debido a que las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo, e incluso letal, de la fuerza.  Las autoridades detuvieron a miles de manifestantes, en muchos casos arbitrariamente. También se utilizaron la detención y la reclusión arbitrarias contra periodistas, estudiantes y defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos activistas de los derechos de las minorías y de los derechos laborales, y personas pertenecientes a minorías étnicas. Las autoridades sometieron además a algunos detenidos a desaparición forzada y a tortura y otros malos tratos. Las familias de muchas de las personas detenidas recibieron amenazas y advertencias de que no hablaran con los medios de comunicación. Aunque parece que la mayoría de las protestas fueron pacíficas, en algunos casos, al intensificar las fuerzas de seguridad la represión, pequeños grupos de manifestantes recurrieron a arrojar piedras, provocar incendios y causar daños en bancos, centros de estudios y otros edificios.

Los Estados tienen el deber de tomar medidas efectivas para proteger a la población de las amenazas a la vida y la integridad física, entre ellas procesar a los presuntos responsables de delitos violentos. No obstante, tales medidas deben cumplir estrictamente la normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo, y excluir el uso de la pena de muerte.

El Código Penal de Irán define el delito de “enemistad con Dios” como “tomar las armas con intención de [quitar] la vida, bienes o el honor a la gente con el fin de provocar miedo en ella de manera que se cree una atmósfera de inseguridad”. La disposición no aclara cómo debe ser un acto para considerar que se realiza “de manera que se cree una atmósfera de inseguridad”, sino que deja que sean los jueces quienes lo determinen. En contravención del derecho internacional, la disposición sobre la “enemistad con Dios” prevé la pena de muerte en circunstancias en las que los actos cometidos no han sido causa de pérdida de la vida de manera intencional.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método de ejecución utilizado por el Estado. La organización considera la pena de muerte una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

Pueden escribir llamamientos en: Persa, inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 10 de abril de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.

Nombre y género gramatical preferido: Amirhossein Moradi (masculino), Mohammad Rajabi (masculino), Saeed Tamjidi (masculino)