A continuación, se presentan algunos ejemplos de los principales acontecimientos analizados en materia de derechos humanos en América

En 2019, Amnistía Internacional documentó graves violaciones de derechos humanos en 24 países de las Américas. A continuación, incluimos algunos ejemplos de los principales acontecimientos analizados en materia de derechos humanos.

 

Tras la dimisión de Evo Morales en plena crisis sociopolítica en noviembre, la presidenta interina Jeanine Áñez emitió un decreto que otorgaba impunidad a las fuerzas armadas, y en virtud del cual las fuerzas del Estado reprimieron las protestas: causaron muertes e infligieron heridas a decenas de personas, y dieron lugar a denuncias de uso excesivo de la fuerza. Al menos 35 personas murieron violentamente en el contexto de las protestas. 

 

El gobierno del presidente Bolsonaro puso en práctica su retórica abiertamente contraria a los derechos humanos a través de medidas administrativas y legislativas. Durante el año se produjo también un aumento del número de homicidios cometidos por policías en servicio activo, y las graves crisis medioambientales en la Amazonía afectaron desproporcionadamente a los pueblos indígenas, los quilombolas y otras comunidades tradicionales locales; además, hubo un intento de restringir las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, y los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de amenazas y homicidios.

 

Chile terminó 2019 con la peor crisis de derechos humanos vivida en el país desde el régimen del general Augusto Pinochet, con manifestaciones multitudinarias contra la elevada desigualdad. Al menos 31 personas murieron violentamente en el contexto de las protestas, que fueron reprimidas enérgicamente por las fuerzas del Estado. 

 

La violencia a causa del conflicto armado interno en curso y de las disputas por el control territorial continuó azotando al país tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Las víctimas principales seguían siendo los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas. Colombia fue el país más letal para los defensores y defensoras de los derechos humanos, con 106 homicidios. 

 

Un año después de que el presidente Díaz-Canel ocupara su cargo, las autoridades cubanas siguieron deteniendo y encarcelando arbitrariamente a periodistas y artistas independientes, y a miembros de la oposición política. Amnistía Internacional adoptó a seis presos de conciencia, que representaban sólo una pequeña proporción de las personas que probablemente estaban detenidas exclusivamente por expresar de forma pacífica sus opiniones o creencias. La isla continuaba básicamente cerrada para los observadores independientes de derechos humanos. 

 

Las autoridades no protegieron a defensores y defensoras de los derechos humanos en situaciones de riesgo, especialmente los que defendían en medioambiente; además, hicieron declaraciones xenófobas y endurecieron los requisitos de entrada al país para las personas solicitantes de asilo procedentes de Venezuela. Las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas contra las medidas de austeridad que podían afectar a los derechos de las personas. Ocho personas murieron en el contexto de las protestas en octubre, y centenares resultaron heridas o fueron detenidas. 

 

Los elevados niveles de violencia siguieron provocando desplazamiento interno y migración forzada. Las organizaciones locales informaron sobre la preocupación por el plan del nuevo gobierno contra la delincuencia organizada, en concreto por aspectos como la falta de transparencia, el uso del ejército para operaciones de seguridad pública y el impacto del plan en las condiciones de reclusión. Seguía vigente la draconiana prohibición total del aborto.

 

Las autoridades estadounidenses detuvieron, maltrataron y rechazaron a miles de personas solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México, en contra de lo dispuesto tanto por la legislación nacional como por el derecho internacional. A consecuencia de ello sufrieron abusos menores no acompañados, familias, personas LGBTI y otras personas varadas en el norte de México y en centros de detención para inmigrantes de Estados Unidos. El gobierno de Trump aumentó el uso indebido del sistema de justicia penal para amenazar y acosar a quienes defendían los derechos humanos. 

 

El gobierno cerró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el Congreso debatió retrógrados proyectos de ley que promovían la impunidad y restringían el trabajo de quienes defendían los derechos humanos. Continuaron los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, con actos como campañas difamatorias, criminalización y homicidios. En virtud de un nuevo acuerdo de “tercer país seguro”, las autoridades estadounidenses enviaron a las personas solicitantes de asilo de Honduras y El Salvador a que presentaran sus solicitudes en Guatemala, en lugar de en Estados Unidos. 

 

Al menos 83 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridas en el contexto de protestas durante febrero y septiembre-octubre. Se calculaba que las fuerzas de seguridad eran responsables de 19 de esas muertes. Amnistía Internacional verificó casos en los que policías armados con rifles semiautomáticos habían disparado munición real durante las protestas, cosa que infringía las normas internacionales relativas a la actuación policial y los derechos humanos. Varios periodistas resultaron heridos o muertos. 

 

Seis personas murieron en el contexto de protestas que fueron reprimidas con brutalidad por las fuerzas de seguridad entre abril y junio. Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo blanco de ataques, que incluían homicidios y el uso indebido de procedimientos penales contra ellos. A pesar de que miles de personas huyeron del país buscando en Estados Unidos y México refugio frente a la violencia, la impunidad y la pobreza, los gobiernos de Honduras y Estados Unidos firmaron un acuerdo de “tercer país seguro”. 

 

En su primer año, el nuevo gobierno tomó preocupantes decisiones respecto a la seguridad, incluida la creación de una Guardia Nacional formada principalmente por elementos militares. El número de desapariciones denunciadas aumentó a más de 61.637. Persistía la violencia contra las mujeres, con 1.006 investigaciones abiertas sobre feminicidios. Continuaron el acoso y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. México adoptó un enfoque de las cuestiones migratorias basado en la seguridad, en el que utilizó a la Guardia Nacional para capturar a personas migrantes. 

 

Continuó la crisis de Nicaragua, con detenciones arbitrarias, homicidios selectivos, restricciones a la libertad de expresión y las manifestaciones, y ataques contra ONG, periodistas y personas que defendían los derechos humanos. Miles de personas se vieron obligadas a huir del país, y las autoridades bloquearon la entrada de órganos internacionales.

 

Las autoridades realizaron declaraciones xenófobas e impusieron requisitos más estrictos de entrada a las personas solicitantes de asilo procedentes de Venezuela. El gobierno tampoco abordó la exposición de comunidades indígenas a metales tóxicos, y la falta de normativas efectivas afectaba a los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Ricardo Rosselló dimitió como gobernador en julio, tras dos semanas de protestas en las que 20 personas resultaron heridas y 17 fueron detenidas. La gobernadora Wanda Vázquez Garced declaró un estado de alerta nacional debido a los altos índices de violencia de género. Dos años después del huracán María, decenas de miles de personas seguían viviendo bajo lonas azules.

 

La policía violaba, golpeaba y humillaba de forma habitual a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura u otros malos tratos por razón de género. El aborto seguía estando criminalizado en todas las circunstancias. 

 

El gobierno de Maduro siguió utilizando ejecuciones extrajudiciales, fuerza excesiva y tortura como parte de una política de represión para silenciar la disidencia. Al menos 47 personas murieron en el contexto de las protestas, entre ellas 21 que murieron en enero a manos de las fuerzas de seguridad y de civiles armados que actuaban con su aquiescencia, en lo que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. La falta de alimentos, atención médica y servicios básicos han obligado a más de 4,8 millones de personas a huir del país.