Las autoridades se negaron a reconocer la verdadera magnitud de la emergencia humanitaria y del deterioro de las condiciones de vida. La población sufrió severas situaciones de escasez de alimentos, medicinas, suministros médicos, agua y electricidad. Al concluir 2019, la cifra total de personas que habían abandonado el país en busca de protección internacional había alcanzado los 4,8 millones

Venezuela seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes. Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de una política de represión para silenciar la disidencia. La crisis política e institucional se agravó en los primeros meses del año, lo que dio lugar a un aumento de las tensiones entre el poder ejecutivo, en manos de Nicolás Maduro, y el poder legislativo, liderado por Juan Guaidó. Las autoridades respondieron a la creciente protesta social con una amplia variedad de violaciones de derechos humanos y una intensificación de la política de represión. Se sometió a presos y presas de conciencia a procesos penales injustos. La libertad de reunión y de expresión siguió bajo amenaza constante. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían estigmatización y afrontaban cada vez más obstáculos para desempeñar su labor.

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Los sospechosos de responsabilidad penal por delitos de derecho internacional —algunos de los cuales podían constituir crímenes de lesa humanidad— y violaciones de derechos humanos gozaban de una impunidad casi absoluta, lo que daba lugar a una falta de confianza en el sistema judicial. Varias personas civiles estaban siendo juzgadas por tribunales militares. La injerencia en la independencia del poder judicial seguía siendo práctica habitual, y el aislamiento respecto de los foros regionales de derechos humanos dejó a las víctimas de violaciones de derechos humanos con pocas vías para obtener justicia.

Las autoridades se negaron a reconocer la verdadera magnitud de la emergencia humanitaria y del deterioro de las condiciones de vida. La población sufrió severas situaciones de escasez de alimentos, medicinas, suministros médicos, agua y electricidad. Al concluir 2019, la cifra total de personas que habían abandonado el país en busca de protección internacional había alcanzado los 4,8 millones.

El informe de la alta comisionada para los derechos humanos y la supervisión del Consejo de Derechos Humanos constituyeron hitos para la adopción de una Misión de Determinación de Hechos para investigar las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos desde 2014, con miras a garantizar la plena rendición de cuentas de los perpetradores y justicia para las víctimas.

La situación de los derechos económicos, sociales y culturales continuó empeorando dramáticamente, y el 5 de agosto el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones económicas a entidades gubernamentales.

Ejecuciones extrajudiciales

Continuaron las ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía Nacional Bolivariana a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales. Entre el 21 y el 25 de enero, 11 hombres jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente. Los homicidios siguieron un patrón uniforme. Todas las víctimas eran hombres jóvenes críticos —o considerados críticos— con el gobierno, provenían de zonas de bajos ingresos y habían tenido una participación visible o difundida en las protestas. Las autoridades afirmaron que sus muertes habían tenido lugar en enfrentamientos con agentes de policía y que las víctimas se habían “resistido a la autoridad”. No obstante, había indicios de que se habían modificado las escenas de los crímenes.

Puesto que las ejecuciones extrajudiciales parecían formar parte de un ataque sistemático contra la población civil, podían constituir crímenes de lesa humanidad.

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) se refería a cifras oficiales que señalaban que entre enero y el 19 de mayo se habían registrado 1.569 homicidios por “resistencia a la autoridad”; otras fuentes citaban cifras mayores. La OACNUDH declaró que muchos de estos homicidios podían constituir ejecuciones extrajudiciales, un crimen de derecho internacional.

Detenciones arbitrarias

Continuaron las detenciones arbitrarias en el marco de la política de represión implementada por el gobierno de Nicolás Maduro. Durante las protestas de enero, se detuvo a más de 900 personas en cinco días, 770 de ellas en un solo día. Estas detenciones podían constituir también crímenes de lesa humanidad, ya que parecían formar parte de un ataque generalizado contra las personas a las que se percibía como disidentes.

Las personas detenidas arbitrariamente eran a menudo sometidas a malos tratos, tortura y violaciones del debido proceso. Hubo informes frecuentes de casos de desapariciones forzadas en los que las autoridades confirmaban que se había detenido a personas, pero los familiares y abogados no conseguían conocer su suerte o su paradero.

Entre las personas detenidas arbitrariamente figuraba Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente de la Asamblea Nacional arrestado el 21 de marzo y que permanecía bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide (Caracas) al finalizar el año. El diputado Gilber Caro fue detenido arbitrariamente también por agentes del SEBIN el 26 de abril y permaneció recluido en régimen de incomunicación durante casi dos meses antes de ser liberado el 17 de junio. No se explicó el motivo de su detención. Más adelante en el año, Caro volvió a ser detenido junto con el periodista Víctor Ugas, y compareció ante el tribunal, por presuntos cargos de terrorismo, aunque se desconocían la suerte y el paradero de los dos hombres, ya que la policía negó varias veces que estuvieran bajo su custodia. El diputado Edgar Zambrano, vicepresidente primero de la Asamblea Nacional, fue detenido por agentes del SEBIN en mayo y permaneció recluido hasta su liberación en septiembre.

Según la ONG Foro Penal Venezolano, hasta octubre se había detenido arbitrariamente a 2.182 personas. Esta ONG consideraba que 388 personas (18 mujeres y 370 hombres) habían sido encarceladas por motivos políticos.

Con frecuencia se hacía caso omiso de las órdenes judiciales de excarcelación.

Tortura y otros malos tratos

El 21 de junio, el capitán retirado de la Marina Rafael Acosta Arévalo fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, aunque a sus familiares y abogados no se les notificó su suerte ni su paradero. Ocho días después de su desaparición fue llevado ante un tribunal militar con señales claras de tortura; murió horas después en un hospital militar. La Fiscalía abrió una investigación y dos mandos militares fueron acusados y declarados culpables de homicidio preterintencional; no se presentó ningún cargo de tortura.

El informe de la OACNUDH señalaba que en la mayoría de los casos las personas detenidas eran sometidas a tortura, con prácticas como la aplicación de descargas eléctricas, la asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento o violencia sexual, entre otras.

Uso excesivo de la fuerza

La policía y el ejército continuaron haciendo uso de fuerza excesiva y, en algunos casos, intencionadamente letal contra manifestantes.

En enero, al menos 24 personas murieron en actos violentos relacionados con las protestas. Al menos 21 personas murieron a manos de agentes de las fuerzas de seguridad públicas y de civiles armados que actuaban con su aquiescencia. Dado el patrón sistemático y generalizado de dichos homicidios, éstos podían constituir crímenes de lesa humanidad.

Según el informe de la OACNUDH, 66 personas murieron a consecuencia del uso excesivo de la fuerza por agentes de la policía y militares durante las manifestaciones celebradas entre enero y mayo.

Eran habituales los informes de redadas ilegales y detenciones arbitrarias de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad.

Impunidad

Según el informe de la OACNUDH, era habitual que la Fiscalía no investigara las violaciones de derechos humanos ni enjuiciara a los sospechosos de responsabilidad penal, y el Defensor del Pueblo no se pronunciaba sobre ellas.

Con frecuencia las autoridades disuadían a las víctimas de presentar denuncias formales, y en los casos de ejecuciones extrajudiciales era habitual que la policía modificara la escena del crimen para garantizar la impunidad de sus acciones.

Independencia judicial

Las autoridades continuaron interfiriendo en las decisiones judiciales.

Era habitual el uso indebido del sistema de justicia para criminalizar a las personas a las que se consideraba críticas con el gobierno. Algunos altos cargos gubernamentales estigmatizaban de forma habitual a activistas y a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Hubo denuncias similares de falta de legitimidad relativas al Tribunal Supremo y a la Asamblea Nacional que exacerbaron la crisis institucional y la falta de confianza en la judicatura.

Algunos civiles, como el líder sindical Rubén González, fueron sometidos a tribunales militares e investigados y condenados por cargos reservados a miembros del ejército.

Escrutinio internacional

Venezuela siguió negándose a permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y negándose a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás obligaciones del sistema interamericano. Sin embargo, la CIDH dictó 23 medidas cautelares y continuó supervisando la situación mediante el establecimiento del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE).

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a la OACNUDH para que informara de la situación de los derechos humanos en Venezuela. El gobierno de Maduro invitó a la alta comisionada a visitar el país.

El informe de la OACNUDH describió una situación de derechos humanos muy alarmante y fue duramente criticado por las autoridades, que acusaron a la OACNUDH de parcialidad.

En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó dos resoluciones sobre Venezuela. La primera renovaba el mandato de la OACNUDH de investigar las violaciones de derechos humanos y pedía que se estableciera una presencia permanente de la Oficina en Venezuela, que al concluir el año consistía en dos representantes sobre el terreno. La segunda establecía una visita de investigación internacional sobre las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ocurridos desde 2014, con miras a garantizar la plena rendición de cuentas de los perpetradores y justicia para las víctimas. Estaba previsto que la visita de investigación publicara sus conclusiones en septiembre de 2020.

Presos y presas de conciencia

Durante el año, al menos seis presos y presas de conciencia seguían detenidos o sufrían limitaciones de sus derechos.

El periodista y defensor de los derechos digitales Luis Carlos Díaz quedó en libertad el 12 de marzo tras permanecer detenido arbitrariamente por el SEBIN durante 30 horas. Fue trasladado a un centro de detención clandestino en el que permaneció ocho horas y después fue llevado a su casa para presenciar un registro realizado por agentes del SEBIN, que lo interrogaron y maltrataron. Su esposa también recibió amenazas de funcionarios. Al finalizar el año, Luis Carlos Díaz enfrentaba cargos penales y permanecía sometido a restricciones, entre las que figuraban la prohibición de viajar, el requerimiento de personarse ante el tribunal local cada ocho días y la prohibición de realizar declaraciones públicas.

Leopoldo López fue liberado de su arresto domiciliario por agentes del SEBIN durante un levantamiento en abril. Su libertad de circulación seguía estando restringida, ya que residía como invitado en la embajada de España en Caracas, y su familia huyó del país.

Seguían abiertas las causas contra Geraldine Chacón, Gregory Hinds y Rosmit Mantilla. No se había levantado la prohibición de regresar a Venezuela impuesta a Villca Fernández. Al terminar el año, Maduro se refirió a Fernández como terrorista durante una retransmisión de televisión en Internet, y pidió al gobierno peruano —ya que Fernández está viviendo en Perú— que lo detuviera.

Libertad de reunión

Se empleaba fuerza excesiva de manera habitual para reprimir manifestaciones pacíficas. La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 16.739 manifestaciones durante el año, la mayoría relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, especialmente con la negociación colectiva, la alimentación, la salud, el agua y otros servicios públicos.

Era habitual que grupos armados emplearan la violencia contra manifestantes pacíficos y dispersaran reuniones.

Libertad de expresión

Varios medios de comunicación críticos con el gobierno, así como sitios web de organizaciones de derechos humanos, fueron objeto de censura y ciberataques. Algunas ONG denunciaron que había sitios de noticias, como El Pitazo y Efecto Cocuyo, que habían sido bloqueados 975 veces entre enero y noviembre.

La organización local de derechos humanos Espacio Público registró 1.017 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión entre enero y noviembre.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró 244 ataques contra la libertad de prensa entre enero y junio, ataques que incluían censura, hostigamiento, agresiones físicas contra trabajadores, detenciones arbitrarias y robo de equipos.

En octubre, había 193 personas detenidas por publicar opiniones o denuncias en las redes sociales o la prensa. Entre ellas figuraba Pedro Jaimes, que había sido detenido arbitrariamente por agentes del SEBIN por compartir en su cuenta de Twitter información pública sobre la ruta del avión presidencial, y que finalmente quedó en libertad con cargos el 17 de octubre, tras un año y cinco meses de detención.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Continuaron la criminalización, las amenazas y los ataques por parte de autoridades gubernamentales, en particular a través de canales de medios de comunicación de propiedad pública, contra organizaciones de derechos humanos que colaboraban con mecanismos internacionales de protección.

En enero, Laura Gallo, responsable del Comité de Presos Políticos del partido de oposición Voluntad Popular y madre del defensor de los derechos humanos Gabriel Gallo, coordinador del Foro Penal en Yaracuy, fue detenida durante un breve periodo y puesta en libertad condicional.

El portal gubernamental en Internet Misión Verdad continuó estigmatizando al defensor de los derechos humanos Marco Antonio Ponce, beneficiario de medidas cautelares dictadas en su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2015. Se atacó a organizaciones en el sitio web del programa de televisión Con El Mazo Dando, dirigido por Diosdado Cabello —presidente de la Asamblea Nacional Constituyente— y utilizado de manera habitual para atacar a disidentes y criminalizar y estigmatizar a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.

Un tribunal militar condenó al líder sindical Rubén González a cinco años y siete meses de prisión por cargos relacionados con una manifestación. Rubén González había sido detenido arbitrariamente en noviembre de 2018 tras criticar al gobierno de Nicolás Maduro.

En septiembre, varias organizaciones humanitarias y de derechos humanos denunciaron nuevos obstáculos para obtener reconocimiento jurídico y operar libremente. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió instrucciones expresas de impedir su inscripción en registro.

El sobrecumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos a entidades gubernamentales afectó a la capacidad de las ONG de emplear sus fondos libremente, lo que generó un obstáculo adicional para defender los derechos humanos en el país.

Personas migrantes y refugiadas

En diciembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calculó que la cifra de personas venezolanas que habían huido del país era de 4,8 millones en los últimos años, más del 14% de la población total. En torno a tres millones habían huido a otros países de América Latina y el Caribe, principalmente Colombia (1,4 millones), Perú (860.000), Chile (371.000), Ecuador (330.000) y Argentina (145.000). Con todo, era probable que dicha estimación se quedara corta, ya que la mayoría de los datos oficiales no incluían a las personas que residían en el extranjero sin estar registradas.

Al menos 606.000 venezolanos y venezolanas habían solicitado asilo formalmente, la mayoría en Perú, Brasil y Estados Unidos.

Algunos Estados latinoamericanos establecieron mecanismos jurídicos para regularizar la situación de las personas que buscaban protección. Sin embargo, en la práctica esos mecanismos eran inadecuados y creaban importantes obstáculos para la migración legal. Numerosos Estados carecían de mecanismos efectivos para tratar las solicitudes de asilo, y algunos, como Chile y Perú, limitaron el acceso de las personas venezolanas al procedimiento de asilo, lo que vulneraba el derecho de las personas a solicitar protección internacional.

Emergencia humanitaria

Persistía la situación de emergencia humanitaria, al tiempo que las medidas económicas adoptadas por las autoridades resultaban ineficaces. El gobierno continuó negándose a reconocer la gravedad de la crisis y a aceptar ayuda de agencias humanitarias. Aumentó el flujo de personas obligadas a viajar a países vecinos para acceder a los bienes más básicos.

En agosto, Estados Unidos impuso sanciones a entidades gubernamentales de Venezuela. El sobrecumplimiento de dichas sanciones, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, dio lugar a obstáculos a la hora de acceder a bienes en Venezuela, lo que exacerbó la escasez existente de bienes y servicios básicos.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, siete millones de personas precisaban ayuda humanitaria en Venezuela.

Derecho a la salud

La alarmante escasez de servicios de salud y medicamentos básicos, así como el éxodo de personal de salud, afectó negativamente a la capacidad de la población de acceder a una atención médica adecuada. Los cortes de electricidad, cada vez más frecuentes y prolongados, causaron daños irreparables en infraestructuras y servicios de salud. Las ONG siguieron informando de la reaparición de enfermedades que habían estado bajo control o habían sido erradicadas, como el sarampión y la difteria.

La Encuesta Nacional de Hospitales concluyó que, entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1.557 personas habían fallecido a consecuencia de la falta de suministros en los hospitales.

Las personas que vivían con el VIH seguían haciendo hincapié en los peligros que afrontaban debido a la escasez y la intermitencia del suministro de antirretrovirales. Las ONG informaron de que el 70% o más de las 300.000 personas que necesitaban tratamiento para el VIH estaban afectadas por dicha escasez.

Resultaba imposible conocer en toda su magnitud los problemas para acceder a la salud, ya que las autoridades no publicaban datos al respecto de manera oportuna. Por ejemplo, las autoridades no habían publicado datos epidemiológicos desde 2017.

Derechos sexuales y reproductivos

El acceso a todo tipo de métodos anticonceptivos era extremadamente limitado y, en algunas ciudades, no existía. Los embarazos de adolescentes habían aumentado en un 65% desde 2015, lo que afectaba al derecho a la educación de las niñas, según la OACNUDH.

La mortalidad materna seguía siendo motivo de preocupación, y había informes de muertes ocasionadas por abortos en condiciones de riesgo. La falta de personal cualificado, la escasez de suministros médicos y las deficientes condiciones en los hospitales provocaron que muchas mujeres abandonaran el país para dar a luz.

Derecho a la alimentación

La hiperinflación y las políticas económicas y sociales redujeron la producción de alimentos y debilitaron los sistemas de distribución. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó de que 6,8 millones de personas venezolanas sufrían desnutrición. El poder adquisitivo disminuyó drásticamente, lo que dio lugar a graves limitaciones en el acceso a alimentos.

La organización humanitaria Cáritas informó de los altos niveles de desnutrición entre los niños y niñas y las mujeres embarazadas.

Las organizaciones locales se quejaron de violaciones del derecho a la alimentación, ya que los Comités Locales de Abastecimiento Popular (el principal programa de abastecimiento de alimentos) no cubrían las necesidades nutricionales de la población; la calidad de los alimentos y la periodicidad de su distribución eran los principales motivos de preocupación. Las autoridades tampoco permitieron el acceso a información sobre el contenido calórico y la calidad del programa.

Derecho al agua

La limitación del acceso a agua potable y saneamiento continuó afectando a una parte significativa de la población. Algunas ONG informaron de que, de media, la población tenía acceso a agua potable sólo 48 horas a la semana, especialmente en las zonas de menos ingresos. La degradación de la red eléctrica también repercutió en el acceso de la población al agua durante los periodos de cortes de electricidad, que no sólo afectaron a personas sino también a servicios de salud y morgues, entre otros.

Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión seguían siendo muy precarias y persistían las denuncias de condiciones inadecuadas en los centros policiales de detención. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció 59 muertes en cárceles entre enero y junio. El hacinamiento y la falta de atención médica eran las principales causas de la propagación de enfermedades en las cárceles.

Pueblos indígenas

Los derechos de los pueblos indígenas no se respetaron ni garantizaron.

El 23 de febrero, en la ciudad de Santa Elena, en la frontera entre Venezuela y Brasil, la Guardia Nacional Bolivariana hizo uso excesivo de la fuerza contra indígenas que se dirigían a la frontera para recibir ayuda humanitaria. La OACNUDH confirmó que siete personas murieron y 26 resultaron heridas por disparos de fuerzas militares. Debido a la ausencia de suministros médicos, las personas heridas fueron llevadas a un hospital brasileño. Al terminar el año no se había iniciado ninguna investigación independiente e imparcial sobre el incidente. Según informes, había alrededor de 900 personas pertenecientes al pueblo indígena pemón desplazadas a la fuerza en Brasil; habían huido de la violencia.

La presencia de personal militar, bandas delictivas organizadas y grupos armados causaba violencia e inseguridad en territorios indígenas en diversas zonas del país.

Persistían las denuncias de minería ilegal. Las comunidades indígenas siguieron condenando el impacto de la extracción de minerales en sus comunidades y en el medioambiente.