“Shell comenzó el año con otro intento de lavar su imagen respecto al papel que desempeña en la crisis climática, tratando de presentarse como el futuro de la energía mientras el planeta arde”, ha afirmado Mark Dummett, responsable de Amnistía Internacional sobre Empresas, Seguridad y Derechos Humanos

En 2020, Shell será objeto de un escrutinio judicial sin precedentes por decenios de abusos contra los derechos humanos en Nigeria, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, cuando el gigante del sector del petróleo se prepara para la conclusión de una serie de batallas judiciales en Europa. Las denuncias van desde complicidad en ejecuciones ilegítimas hasta contaminación sistémica y daño ambiental en el delta del Níger.

Amnistía Internacional lleva más de 20 años investigando las actividades de Shell en el delta del Níger, recopilando indicios incontestables sobre el papel desempeñado por la empresa en abusos contra los derechos humanos. En un informe que se hace público hoy, la organización pone de relieve los varios casos que finalmente están sometiendo a juicio operaciones nocivas de Shell en Nigeria.

“Shell comenzó el año con otro intento de lavar su imagen respecto al papel que desempeña en la crisis climática, tratando de presentarse como el futuro de la energía mientras el planeta arde. Esta costosa iniciativa de relaciones públicas no debe desviar la atención del hecho de que Shell se enfrenta a un año de escrutinio judicial sin precedentes por sus actividades empresariales en Nigeria”, ha afirmado Mark Dummett, responsable de Amnistía Internacional sobre Empresas, Seguridad y Derechos Humanos.

“El modelo de negocio de Shell ha permitido a la empresa beneficiarse de las debilidades de los sistemas judicial y normativo de Nigeria, causando estragos en vidas y medios de sustento de la población nigeriana mientras los beneficios siguen fluyendo a sus sedes europeas. Una transición justa a energías limpias significa también hacer que quienes contaminan rindan cuentas por el daño que han causado en el pasado.”

Para su nuevo informe, el personal de investigación de Amnistía entrevistó a personas de varias comunidades del delta del Níger acerca del persistente impacto de la contaminación y los vertidos de petróleo.

El rey Okpabi, gobernante tradicional de la comunidad de Ogale, expresó una frustración ampliamente compartida por el hecho de que Shell no haya asumido la responsabilidad de sus acciones:

“Shell contaminó nuestra agua y destruyó nuestros medios de sustento. Ahora gasta millones para protegerse y decir al mundo que no tiene responsabilidad alguna para con la gente de Ogale, en vez de ocuparse del mal que nos hizo”.

Las denuncias contra Shell

Debido a las dificultades que plantea entablar demandas judiciales en Nigeria, personas y comunidades afectadas por las actividades de Shell en este país están interponiendo demandas en Países Bajos y Reino Unido, donde Shell tiene sus sedes. Estas demandas podrían sentar precedentes importantes para hacer rendir cuentas en el futuro a las multinacionales que contaminen.

Kiobel contra Shell: En el primero de los hitos judiciales de este año, en marzo declararán como testigos ante un tribunal de La Haya cuatro mujeres que acusan a Shell de complicidad en la detención ilegal, reclusión y ejecución de sus esposos por las fuerzas armadas nigerianas en 1995. Las demandantes reclaman una indemnización y una disculpa pública de Shell. Las ejecuciones fueron la culminación de una brutal campaña de las fuerzas armadas de Nigeria para silenciar las protestas contra la contaminación de Shell.

Casos de cuatro agricultores: Para mayo de 2020 está previsto que se celebre la audiencia final en una demanda interpuesta contra Shell por cuatro agricultores nigerianos y la ONG Amigos de la Tierra en 2008. Los demandantes reclaman indemnizaciones tanto a Royal Dutch Shell (RDS), radicada en Países Bajos y Reino Unido, como a su filial nigeriana, Shell Petroleum Development Company (SPDC), por los presuntos daños causados por vertidos de petróleo en estanques piscícolas y tierras.

Se trata de la primera demanda que se interpone contra una empresa neerlandesa en un tribunal neerlandés por las operaciones de sus filiales en otros países.

Okpabi y otros: En junio de 2020 se celebrará ante el Tribunal Supremo de Reino Unido la vista de un recurso presentado contra RDS y SPDC por dos comunidades del delta del Níger, Ogale y Bille. Los demandantes sostienen que desde hace varios años sufren contaminación por petróleo sistemática y persistente debido a las operaciones de Shell. El tribunal decidirá si es competente para actuar en la cuestión decisiva de si RDS es responsable de las acciones de SPDC.

Esta causa es un ejemplo de la manera en que la estructura empresarial de Shell ha protegido a la multinacional del escrutinio y la justicia.

“Las actividades de Shell en Ogale han envenenado el agua y puesto fin a la actividad agraria, pero gracias a las disputas jurisdiccionales acerca de si RDS o SPDC es la responsable de este daño, Shell nunca ha tenido que responder de ello ante un tribunal de Reino Unido o de Países Bajos”, ha afirmado Mark Dummett.

“Shell sostiene que RDS no es responsable de las acciones de su filial aun cuando posee el 100 por ciento de SPDC y recibe los beneficios que esta filial obtiene”.

Bodo: En 2008 se produjeron dos vertidos masivos de petróleo, causados por el deficiente mantenimiento de oleoductos de Shell, en un curso fluvial cercano a la comunidad de Bodo. En cada ocasión se vertió crudo en el agua de forma continua durante cinco semanas. Shell llegó a un acuerdo con la comunidad en 2014 pero no ha limpiado todavía las devastadas vías fluviales de Bodo. Si la contaminación no se ha limpiado a mediados de 2020, el caso se remitirá de nuevo al Tribunal Superior de Reino Unido.

El pastor Christian Kpandei, uno de los activistas más destacados de la comunidad, afirma que lo perdió todo cuando los vertidos de petróleo mataron a los peces de sus estanques. Kpandei dijo a Amnistía: “El hecho de que no se hayan realizado operaciones de limpieza nos ha afectado profundamente. La tierra, el agua y el aire siguen contaminados”.

Los Estados también están sometiendo a escrutinio las operaciones de Shell. La causa por soborno “OPL 245”: Fiscales de Italia están iniciando acciones penales por la presunta implicación de Shell, y de la multinacional petrolera italiana Eni, en una trama de sobornos por valor de 1.300 millones de dólares en relación con la transferencia de una licencia petrolera nigeriana. En caso de ser declarados culpables, los acusados podrían ir a la cárcel. Shell niega todas las alegaciones.

“No debería ser necesaria una demanda judicial para que Shell cumpla sus responsabilidades en materia de derechos humanos. La compañía tiene la obligación de respetar los derechos humanos de la población del delta del Níger, lo que incluye tomar todas las medidas razonables para prevenir vertidos y después reparar los daños causados en las tierras y el agua contaminadas”, ha afirmado Mark Dummett.

“Se ha negado sistemáticamente a hacerlo, durante muchos decenios y de formas realmente horrendas”.

Amnistía pide a Shell que mejore sus prácticas operativas en el delta del Níger, en un momento en que el papel de Shell y otras empresas del sector de los combustibles fósiles en la crisis climática es objeto de un escrutinio cada vez mayor.

Datos de los propios informes de Shell sobre incidentes de vertidos revelan que en el periodo 2011-2018 la empresa informó de 1.010 vertidos en la red de oleoductos y pozos que opera en Nigeria. Los vertidos tienen diversas causas, desde la manipulación de terceros hasta deficiencias operativas, pasando por la corrosión de instalaciones envejecidas.

Shell culpa de la mayoría de los vertidos al robo y al sabotaje de oleoductos. Pero la investigación de Amnistía y su organización asociada Centro para el Medio Ambiente, los Derechos Humanos y el Desarrollo (CEHRD) indica que los datos y cifras de la empresa son el resultado de un proceso viciado para determinar el volumen, la causa y el impacto de los vertidos. La investigación muestra también que en muchos casos este proceso adolece de falta de independencia y supervisión, en parte por la debilidad de los reguladores gubernamentales. En consecuencia, las conclusiones de Shell no son fiables.