“Los gobiernos italiano y libio deben acordar actualizar las condiciones de su cooperación, centrándose en la protección de las personas refugiadas y migrantes”, dijo Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa

“La decisión del gobierno italiano de ignorar los terribles abusos que se infligen a decenas de miles de personas en Libia y renovar el acuerdo Italia-Libia que retiene a las personas migrantes en un país asolado por la guerra es una vergonzosa muestra de todo lo que están dispuestos a hacer los gobiernos de la UE para impedir que las personas refugiadas y migrantes lleguen a las costas de Europa”, ha declarado Amnistía Internacional.

El 2 de febrero, exactamente tres años después de su firma, se prorrogará sin modificaciones otros tres años el memorándum de entendimiento sobre migración entre Italia y Libia. Según el acuerdo, Italia ayuda a las autoridades marítimas libias a interceptar embarcaciones en el mar y devolver a las personas a centros de detención de Libia, donde son recluidas ilegítimamente y sufren abusos graves, incluidas violaciones y torturas.

“En los tres años transcurridos desde que se firmó el acuerdo inicial, al menos 40.000 personas, entre ellas miles de menores de edad, han sido interceptadas en el mar, devueltas a Libia y expuestas a un sufrimiento inimaginable. Entre ellas se cuentan 947 personas interceptadas solamente este mes”, dijo Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa.

“No se comprende que, pese a las pruebas del sufrimiento que se inflige como resultado directo de este abominable acuerdo y a la escalada del conflicto en Libia, Italia esté dispuesta a renovarlo. Italia debe exigir que Libia ponga en libertad a todas las personas refugiadas y migrantes actualmente recluidas en sus centros de detención y cierre esos centros de una vez”.

Las personas migrantes y solicitantes de asilo recluidas en centros de detención están en condiciones de reclusión terribles y sufren abusos graves que incluyen la tortura y la violación, así como el hacinamiento. Además, sus vidas siguen en peligro debido a la intensificación del conflicto en curso. El 30 de enero, el ACNUR anunció que suspendía sus operaciones en el Centro de Reunión y Salida, centro de tránsito inaugurado hace apenas un año en Trípoli, por temor por la seguridad y la protección de las personas que estaban en sus instalaciones, su personal y sus asociados.

El memorándum de entendimiento se firmó inicialmente en un intento de impedir que las personas refugiadas y migrantes llegaran a las costas de Italia reteniéndolas en Libia. Italia acordó instruir, equipar y apoyar a la Guardia Costera Libia y a otras autoridades libias con el fin de permitirles interceptar a personas en el mar y devolverlas a Libia.

Ambos gobiernos decidieron prorrogar el acuerdo en octubre de 2019. El gobierno italiano se había comprometido en un principio a negociar reformas para abordar la difícil situación de las personas refugiadas y migrantes en Libia; sin embargo, ahora ha anunciado que, pese a no haber logrado las reformas, seguirá cooperando con Libia.

“Decenas de miles de personas refugiadas y migrantes están retenidas en una zona en la que el conflicto se intensifica. Quienes tratan de huir por mar corren el riesgo de ser interceptadas y devueltas a centros de detención, a menudo en zonas de conflicto. Al apoyar a las autoridades libias en sus iniciativas para poner fin a las travesías por mar y retener a las personas en Libia, Italia se ha convertido en cómplice de este abuso”, concluyó Marie Struthers.

“Los gobiernos italiano y libio deben acordar actualizar las condiciones de su cooperación, centrándose en la protección de las personas refugiadas y migrantes, la evacuación de las que están recluidas actualmente en centros de detención y la creación de vías seguras y legales para llegar a Europa”.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El 2 de julio de 2019, decenas de personas migrantes y refugiadas perdieron la vida y resultaron heridas tras un ataque aéreo contra un centro de detención perteneciente a la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal. Hasta la fecha, nadie ha rendido cuentas por el ataque.