Desde julio de 2019, las personas solicitantes de asilo y los hijos e hijas de migrantes en situación irregular tienen prohibido el acceso al sistema público de salud en Grecia. Aunque la legislación sobre asilo aprobada en noviembre ha regulado el asunto, todavía faltan medidas para implementarla, y esto pone en riesgo la salud y la vida de miles de adultos y menores de edad.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Giannis Vroutsis Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales / Ministry of Labour and Social Affairs

29, Stadiou, PC 10110

Athens, Grecia

Correo-e: ypourgos_erg@yeka.gr

Señor Ministro:

Le escribo en relación con el hecho de que Grecia continúe sin tomar medidas para conceder el acceso sin trabas a asistencia médica gratuita y medicamentos en el sistema público de salud a solicitantes de asilo, menores de edad no acompañados y menores nacidos en Grecia de progenitores en situación de migración irregular.

La legislación griega dispone el acceso gratuito a servicios médicos y farmacéuticos para quienes pertenecen a “grupos sociales vulnerables”, como las personas refugiadas y solicitantes de asilo y los menores de edad, con independencia de su situación jurídica. Este derecho debe hacerse efectivo a través be la asignación de un número de la seguridad social (AMKA), o de una tarjeta sanitaria para personas extranjeras (KYPA) para quienes no cumplan los requisitos de obtención del número AMKA o simplemente no lo tengan. Sin embargo, desde la retirada de la circular que regulaba la concesión del AMKA a ciudadanos extranjeros en julio de 2019, no existe ningún procedimiento para solicitarlo ni se ha planteado una vía alternativa para que las personas que entran en estas categorías puedan tener libre acceso a asistencia médica. En octubre se emitió una nueva circular que regula la situación de personas reconocidas como refugiadas, pero no la de solicitantes de asilo ni la de hijos de personas migrantes en situación irregular. El proceso para conceder tarjetas KYPA, además, permanece inactivo hasta la fecha. La nueva Ley de Asilo, de noviembre de 2019, propone una alternativa para personas solicitantes de asilo, un “número provisional de seguridad social y asistencia médica para ciudadanos de terceros países” (PAAYPA). Sin embargo, este instrumento sigue sin estar operativo.

Como consecuencia, se está impidiendo en la práctica que miles de solicitantes de asilo —incluidos los casi 50.000 que han llegado a Grecia desde julio de 2019— puedan acceder a atención médica y a medicamentos que necesitan para tratar enfermedades graves y, en muchos casos, crónicas. Además, sin un número AMKA, pueden tener dificultades para acceder a otros servicios, como búsqueda de empleo o prestaciones sociales. Soy consciente de que, durante muchos años, y debido al gran número de solicitantes de asilo que han llegado a sus fronteras, Grecia lleva soportando una presión enorme mientras que el resto de Europa no asume su parte de responsabilidad. No obstante, esta situación hace peligrar la salud y la vida de personas, y constituye una grave conculcación del derecho a la salud, internacionalmente reconocido y que Grecia tiene la obligación de respetar con arreglo al derecho nacional, europeo e internacional.

En vista de todo lo expuesto, le exhorto a adoptar medidas de inmediato para garantizar que solicitantes de asilo, menores de edad no acompañados y menores nacidos en Grecia de progenitores en situación de migración irregular tienen acceso a asistencia médica gratuita en el sistema público, como dispone la Ley 4368/2016 de Grecia.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Grecia es uno de los principales receptores de personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes que vienen a Europa. Desde 2015, con el aumento de los flujos migratorios y los persistentes efectos de la crisis económica, los sistemas de asilo y asistencia social están sometidos a una presión constante. Aunque Grecia merece elogios por sus esfuerzos, y debemos reconocer el fracaso de las políticas de la UE para proporcionar apoyo significativo, las personas solicitantes de asilo, refugiadas y migrantes que viven actualmente en Grecia soportan condiciones terribles y, a largo plazo, su acceso al sistema de asistencia social o a las vías de integración es escaso o nulo. Con el aumento de las llegadas por mar a mediados de 2019, la población de las islas del mar Egeo ha alcanzado cifras récord, con 42.041 personas presentes a fecha de 6 de enero de 2020, frente a sólo 17.034 registradas el 6 de julio de 2019. A pesar de los esfuerzos del nuevo gobierno para reducir el número de llegadas y trasladar a personas a territorio continental, el hacinamiento y las condiciones precarias siguen siendo la norma.

En cuanto al acceso a la asistencia médica, La ley 4368/2016 de Grecia (artículo 33) dispone el acceso gratuito a servicios médicos y farmacéuticos para quienes pertenezcan a “grupos sociales vulnerables”, como las personas refugiadas y solicitantes de asilo y los menores de edad con independencia de su situación jurídica, incluidos menores no acompañados y menores sin residencia legal. Según la misma ley, las personas afectadas por el artículo 33 deben tener un número de la Seguridad Social (“AMKA”) para recibir asistencia médica pública de forma gratuita. Desde 2016, solicitantes de asilo y otras personas de “grupos vulnerables” que no tienen un número AMKA o no cumplen los requisitos para ello, tienen derecho a una tarjeta sanitaria para extranjeros (“KYPA”) que permite recibir asistencia médica gratuita en el servicio de salud público. No obstante, el proceso de concesión de esta tarjeta ha permanecido inactivo hasta la fecha.

En virtud de una decisión de julio de 2019, el Ministerio de Trabajo retiró la circular que regulaba la concesión del AMKA a quienes no fueran ciudadanos griegos. Desde entonces no existe ningún procedimiento para conceder el AMKA a solicitantes de asilo y a los hijos e hijas de personas migrantes en situación irregular. En octubre se anunció la regulación de su situación mediante una nueva circular, pero hasta la fecha no se ha emitido ninguna. Se intentó subsanar el problema con una nueva Ley de Asilo, de noviembre de 2019, que establece que los solicitantes de asilo tendrán acceso a la sanidad pública a través de un “número provisional de seguridad social y asistencia médica para ciudadanos de terceros países” (PAAYPA). Sin embargo, los hijos de migrantes irregulares y solicitantes de asilo que no hayan completado el registro de sus solicitudes no están cubiertos por ese número. Además, dos meses después de la promulgación de la ley, el PAAYPA aún no está operativo.

ONG como Médicos Sin Fronteras y el personal médico del sistema de salud público están haciendo todo lo que pueden para seguir prestando asistencia médica y compensar la falta de medidas del Estado, pero carecen de los recursos necesarios para hacer frente a la magnitud de las necesidades existentes y continúan llegando informes de casos graves. En Atenas, en noviembre de 2019, un hombre paquistaní enfermo de cáncer no pudo someterse a una exploración TAC ni comenzar la quimioterapia por la imposibilidad de obtener el número AMKA. Finalmente pudo iniciar el tratamiento gracias a una decisión de la administración del hospital en el que había ingresado, que autorizaba su tratamiento gratuito con carácter excepcional. Amnistía Internacional ha tenido asimismo conocimiento de varios casos de personas que se han encontrado con la misma clase de obstáculos en Atenas y en las islas del Egeo (consulten: Https://www.amnesty.org/es/documents/eur25/1213/2019/en/).En septiembre de 2019, Amnistía habló con el personal médico responsable de dos solicitantes de asilo (hombre y mujer) que viven con el VIH y actualmente reciben tratamiento en un importante hospital de Atenas. Explicaron que, si se daba de alta a estas personas, no tendrían acceso a tratamiento antirretroviral porque no habían conseguido un número AMKA. La mujer, N*, procedente de un país de África Central, lleva en tratamiento en el hospital desde mayo de 2019 por una complicación de su enfermedad, y allí recibe terapia antirretroviral y otros medicamentos esenciales. N* ha solicitado asilo, perose le ha denegado un número AMKA. Sus médicos han intentado sin éxito buscarle un lugar donde vivir y les preocupa el hecho de que N* probablemente no tendrá hogar cuando reciba el alta y, sin acceso a su medicación antirretroviral y de otra índole, estará expuesta a que su estado empeore. No está en situación de pagar ningún tipo de medicamentos.

Asimismo, Médicos Sin Fronteras ha señalado el deterioro de la situación de sus clínicas en Lesbos, Samos y Atenas, informando de que, de julio a noviembre de 2019, su centro de atención de día en Atenas ha experimentado un “gran aumento del número de pacientes que solicitan asistencia sin tener el AMKA: del 18% al 43% de los pacientes de enero a noviembre”. La organización también expresó públicamente su preocupación por el hecho de que su clínica de atención primaria era incapaz de proporcionar asistencia especializada y a largo plazo. Profesionales médicos, la sociedad civil, el ACNUR y el Defensor del Pueblo de Grecia han pedido a las autoridades griegas que resuelvan la situación en varias ocasiones, sin que haya habido una respuesta efectiva. Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, el Consejo Helénico para los Refugiados y ELEDA reafirmaron esta preocupación durante una conferencia de prensa conjunta que ofrecieron en diciembre. Véase (en griego): https://www.amnesty.gr/news/press/article/22824/prosklisi-se-koini-synenteyxi-typoy-gia-tin-prosvasi-stin-ygeia. Recientemente, el vicepresidente para la Protección del estilo de vida europeo en la Comisión Europea también abordó el asunto, expresando su apoyo a la búsqueda de una solución.

La ONG griega Positive Voice, dedicada a pacientes seropositivos, pidió a las autoridades griegas que se permita el acceso de personas no griegas a medicamentos antirretrovirales, señalando que “en los diez primeros meses de 2019, el 43% de nuevos diagnósticos de VIH en Grecia afectaban a personas refugiadas y migrantes (204)” y que “las unidades de infecciones no podían proporcionar tratamiento antirretroviral a personas extranjeras que no tuvieran número AMKA, lo cual ponía en peligro su salud y su vida”.

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Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 28 de febrero de 2020

Consulten con la oficina de Amnistía en su país si van a enviar llamamientos después de la fecha límite.