El 5 de septiembre recibí la trágica noticia de que habían diagnosticado de cáncer a mi madre. Además de tratar de asimilar la noticia y de las constantes dificultades de la incertidumbre vida o muerte, como palestino residente en Cisjordania también tenía que preocuparme de algo más: la ocupación de Israel y su control brutal de todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.

Cuando supe de la enfermedad de mi madre, solicité un permiso de viaje de las fuerzas armadas israelíes para acompañar a mi madre a sus citas médicas en el hospital, en Jerusalén Oriental, donde iba a recibir tratamiento de quimioterapia. Israel impone desde hace décadas un sistema de permisos que restringe todos los movimientos de la población palestina, que tiene que solicitar una autorización especial para entrar en Israel y en la Jerusalén Oriental ocupada cualquiera que sea el motivo: trabajo, atención médica, visitas familiares y desplazamientos a lugares de culto o de interés cultural y yacimientos arqueológicos.

Como en tantos casos que afectan a la población palestina más joven, sobre todo a los varones, las autoridades israelíes denegaron mi solicitud de permiso por “razones de seguridad” que no revelaron. Esto significa que, dos veces al mes, cuando mi madre acude a recibir su quimioterapia al hospital —a sólo 15 minutos en coche desde nuestra casa— se me prohíbe acompañarla. Tengo que quedarme en casa y esperar las novedades por teléfono.

Pero el castigo de Israel no acababa aquí. El 26 de octubre, cuando me dirigía a Jordania para asistir al funeral de mi tía, Israel me impidió viajar al extranjero, de nuevo por “razones de seguridad”.

La ocupación de Israel consigue separarnos de nuestros seres queridos en la vida y en la muerte, de las formas más abominables y punitivas. Ahora ya no puedo salir de la Cisjordania ocupada. Dicho de la forma más sencilla y categórica: Estoy encerrado.

Nunca me han revelado las “razones de seguridad” por las que se me prohíbe salir. Sin embargo, lo que está cada vez más claro es que las autoridades israelíes están imponiendo a quienes defendemos los derechos humanos prohibiciones de “seguridad” debido al papel que desempeñamos al denunciar las violaciones de estos derechos que comete Israel.

Cuando empecé a trabajar para Amnistía Internacional como responsable de campañas sobre Israel y Palestina, en 2017, me dieron un permiso por el que podía desplazarme a nuestra oficina en Jerusalén Oriental. Pero este año, el ministro de Seguridad Pública de Israel, Gilad Erdan, ordenó a su Ministerio que “examinara la posibilidad de impedir la entrada y la permanencia de Amnistía Internacional en Israel”. Tomó esta decisión tras la publicación de un informe de la organización en el que se denunciaba que empresas turísticas como TripAdvisor y Airbnb están beneficiándose económicamente de los asentamientos israelíes.

La ironía es evidente, pues durante 2019, he estado haciendo campaña sobre casos de personas que defienden los derechos humanos que fueron detenidas, a las que se prohibió viajar o fueron expulsadas del país. En septiembre de 2018, Israel detuvo a Ayman Nasser, coordinador de la unidad jurídica de Addameer, grupo que apoya los derechos de las personas presas, que sigue recluido sin cargos ni juicio. El destacado dirigente beduino Sheikh Sayyah al Turi fue detenido en diciembre de 2018 y liberado en agosto de este año por su papel en la lucha para que las personas residentes de Al Araqib puedan quedarse en las tierras de su aldea, que las autoridades israelíes han derribado más de 150 veces.

Este mismo año, Israel impidió a Omar Barghouti, defensor palestino de los derechos humanos y cofundador del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), viajar al extranjero para asistir a la boda de su hija, al negarse las autoridades israelíes a renovar sus documentos de viaje. El fotoperiodista palestino Mustafa al Kharouf sigue bajo la amenaza de la deportación desde que las autoridades israelíes rechazaron su solicitud de reunificación familiar.

Estos intentos de silenciar no afectan sólo a las personas palestinas que defienden los derechos humanos. El mes pasado, Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch, ciudadano estadounidense, fue deportado por su papel en la denuncia de las violaciones de derechos humanos que comete Israel.

Estos casos son prueba concreta de que Israel está intensificando la guerra contra quienes defendemos los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Lucho por los derechos de estas personas valientes y ahora me encuentro con los mismos grilletes.

La lista cada vez mayor de personas que defienden los derechos humanos que son detenidas o atacadas, a quienes se niega la entrada o que podrían ser deportadas o ser objeto de la prohibición de viajar ilustra el enorme precio que se ven obligadas a pagar por llevar a cabo su labor vital de proteger y promover unos derechos y libertades básicos. Esta lista no es ni exhaustiva ni estática: las tendencias y las políticas y prácticas de Israel indican que es probable que siga aumentando.

Quienes defendemos los derechos humanos hoy no podemos llevar a cabo nuestro trabajo pacífico sin temor a sufrir represalias de Israel. Los y las activistas que se atreven a cuestionar el terrible historial de Israel en materia de derechos humanos trabajan en un clima cada vez peor de miedo, incertidumbre, incitación y represión.

Algunos terceros Estados, sobre todo aquellos que incluyen la protección de los derechos humanos como parte de su política exterior, como los Estados miembros de la Unión Europea, han condenado ocasionalmente estas medidas arbitrarias, pero no han tomado acciones concretas. Las autoridades israelíes interpretan esta inacción como luz verde para seguir intensificando la represión de quienes defendemos los derechos humanos. Ya es hora de que se alcen en favor de quienes defendemos estos derechos y de que dejen claro que no van a tolerar los ataques de Israel contra la sociedad civil.

Este artículo fue publicado por primera vez el 12 de diciembre en +972 Magazine; puede consultarse aquí.