“Las autoridades libanesas deben respetar en toda detención los derechos de la persona al debido proceso y a un juicio justo, que incluyen recibir una explicación de los motivos de la detención” dijo Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio

Las fuerzas armadas libanesas deben poner fin a la detención arbitraria y la tortura y otros malos tratos de manifestantes; así lo ha afirmado Amnistía Internacional hoy, cuando se cumple la séptima semana de manifestaciones por todo el país. En las últimas semanas, las fuerzas armadas y de seguridad han detenido a decenas de manifestantes en todo Líbano. 

La organización entrevistó a ocho manifestantes recientemente detenidos y puestos bajo custodia y a una abogada que representaba a varios manifestantes. Se han recabado testimonios y se han examinado imágenes de vídeo e historiales médicos. Los manifestantes afirmaron que habían sufrido una diversidad de abusos, que incluían detención sin orden judicial, fuertes golpes, insultos y humillaciones, ojos vendados y confesiones forzadas. Algunos habían estado bajo custodia en lugares desconocidos, privados de todo contacto con abogados y familiares y sin acceso a asistencia médica, y sus teléfonos móviles habían sido registrados. Dos personas dijeron a la organización que las habían sometido a simulacros de ejecución.

“Las fuerzas armadas libanesas deben acabar de inmediato con estas prácticas abusivas y garantizar la protección del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica de los manifestantes, en lugar de castigarlos por el mero ejercicio de sus derechos humanos”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.

“En las últimas tres semanas hemos visto a las fuerzas armadas golpeando y arrastrando por las calles a manifestantes pacíficos. En estos momentos de gran tensión política y social, las fuerzas armadas deben actuar con moderación. Estos actos brutales transmiten un mensaje sumamente preocupante y deben ser investigados con rapidez, exhaustividad y eficacia por el sistema de justicia civil para garantizar el procesamiento de los responsables con las debidas garantías”.

Al menos dos manifestantes ya han sido acusados y citados ante el tribunal militar. Amnistía Internacional pide a las autoridades que dejen de enjuiciar a civiles ante tribunales militares y garanticen que los perpetradores de tortura y otros malos tratos son investigados con rapidez, exhaustividad y eficacia por el sistema de justicia civil, no militar, para garantizar la imparcialidad así como el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.

Detenciones arbitrarias y brutales

La noche del 27 de noviembre, según el Comité de Abogados Defensores de Manifestantes en Líbano, miembros de la inteligencia militar detuvieron y pusieron bajo custodia a dos jóvenes del distrito sur de Marjayún que estaban pintando eslóganes de apoyo a las protestas en las paredes. Fueron interrogados y al día siguiente quedaron en libertad.

“Estos actos brutales transmiten un mensaje sumamente preocupante y deben ser investigados con rapidez, exhaustividad y eficacia por el sistema de justicia civil para garantizar que los responsables son procesados con las debidas garantías”.

En otros siete casos documentados por Amnistía Internacional, las fuerzas armadas, incluida la inteligencia militar, dirigieron las detenciones y las palizas. Las siete personas objeto de estos casos fueron liberadas después de pasar entre varias horas y hasta seis días bajo custodia.

El 14 de noviembre, Samer Mazeh y Ali Basal iban caminando juntos por la calle principal de Gemmayzeh, próxima al centro de Beirut, la capital, donde se habían congregado manifestantes, cuando se les acercaron cinco hombres vestidos de civil. Tras un breve intercambio de palabras llegó un vehículo militar; un miembro de las fuerzas de inteligencia militar se bajó de él y los atacó. Según relató Samer: “Me aplastó la cara contra el suelo y me esposó. Luego me subieron al vehículo, donde me golpearon. Me taparon la cara con mi camiseta y me bajaron la cabeza. Ali también fue detenido, y lo obligaron a sentarse sobre mi cabeza. Yo dije que me estaba asfixiando. Uno de ellos respondió: 'me da igual que te asfixies'.”

Tanto Samer como Ali contaron que los habían llevado a un lugar desconocido, aún con los ojos vendados, los obligaron a ponerse de rodillas y entonces los hombres cargaron sus armas y les apuntaron a la cabeza. Después los trasladaron a un centro de detención. “Cuando llegamos [al centro de detención], me ordenaron decir que era un burro en lugar de mi verdadero nombre. También dijeron: 'Michel Aoun [el presidente del país] es una corona en vuestra cabeza'. El agente preguntó: '¿Es este quien ha insultado al presidente?', y me dio una bofetada”, contó Samer.

En otro caso, registrado el 13 de noviembre en Baabda, donde estaba celebrándose una manifestación pacífica por la calle que conduce al palacio presidencial, dos hombres vestidos de civil se acercaron a Khaldoun Jaber y le dijeron que tenían que hablar con él. Según contó a Amnistía, lo sacaron a rastras de la manifestación y, a continuación, unos 30 hombres que vestían chalecos de las fuerzas de inteligencia militar empezaron de repente a darle fuertes golpes con palos en la espalda.

También contó que luego le vendaron los ojos, lo llevaron a rastras hasta un lugar desconocido y lo torturaron. “Me vendaron los ojos y me llevaron a un lugar desconocido. Más tarde supe por el abogado que estaba detenido en el Ministerio de Defensa. Durante el interrogatorio me golpearon y me preguntaron quién nos pagaba, quién nos incitaba a salir a la calle y quién nos daba de comer. Me golpearon con palos en la espalda, las costillas y una pierna. No me permitieron contactar con un abogado ni con mi familia, que no sabía mi paradero. No me ofrecieron comida ni me dejaron fumar. Sólo me dieron agua”, dijo.

“Las autoridades libanesas deben respetar en toda detención los derechos de la persona al debido proceso y a un juicio con las debidas garantías, que incluyen recibir una explicación de los motivos de la detención, poder contactar sin demora con abogados y familiares y obtener protección frente a la tortura y otros malos tratos”.

Chris Haddad también estaba entre quienes fueron brutalmente golpeados, arrastrados por la calle y detenidos por el ejército el 5 de noviembre en Yal el Dib, junto a otros ocho manifestantes. Ha contado: “Tres soldados me atacaron con porras. Me taparon la cara con la chaqueta y me llevaron a rastras, sin dejar de darme golpes en la espalda, hasta el otro lado de la calle donde tenían sus vehículos aparcados.”

Fadi Nader fue otra de las personas golpeadas y detenidas por el ejército aquel día. “Me golpearon con agresividad y me arrastraron hasta el otro lado de la carretera. Intenté escapar pero volvieron a atraparme. Cuando me subieron al vehículo militar, un soldado me golpeó en la cara con una porra. Sabían muy bien a quiénes detenían, ya que casi todos éramos rostros visibles de este movimiento de protesta. Dentro del vehículo nos golpearon en varias ocasiones”, dijo. La abogada Nermine Sibai, del Comité de Abogados, contó a Amnistía Internacional que habían empezado a presentar denuncias sobre varios casos, incluidos algunos de los documentados aquí, basándose en la legislación contra la tortura y en el Código de Procedimiento Penal.

Este patrón de abuso en efecto infringe tanto la legislación nacional libanesa como las obligaciones de Líbano en virtud del derecho internacional, incluida la Ley núm. 65, que penaliza la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como el Código de Procedimiento Penal, que establece el derecho de la persona detenida al debido proceso, lo que incluye el derecho a contactar sin demora con abogados y familiares y el derecho a recibir asistencia médica bajo custodia. Además, la legislación contra la tortura especifica que la fiscalía tiene la obligación de remitir cualquier caso de tortura a los tribunales ordinarios en el plazo de 48 horas.

Otros dos individuos contaron también a Amnistía Internacional cómo el 26 de octubre, un nutrido grupo de soldados los habían atacado y después se los habían llevado detenidos de los comercios donde trabajaban, próximos a una manifestación que estaba teniendo lugar en Beddawi, Trípoli. Ambos fueron objeto de insultos y de agresiones que les causaron heridas graves en la cabeza. Las fuerzas armadas libanesas se negaron a comunicar su paradero a abogados y familiares hasta que el 31 de octubre, a los seis días de su arresto, les permitieron salir de la prisión militar donde habían permanecido detenidos. Al menos dos de estas personas han sido procesadas por el tribunal militar y citadas para comparecer en juicio el año que viene.

“Las autoridades libanesas deben respetar en toda detención los derechos de la persona al debido proceso y a un juicio justo, que incluyen recibir una explicación de los motivos de la detención, poder contactar sin demora con abogados y familiares y obtener protección frente a la tortura y otros malos tratos. De hecho, estos casos deben ser investigados por un tribunal civil, con arreglo a la legislación libanesa contra la tortura y a las obligaciones internacionales de Líbano, que son jurídicamente vinculantes. Según éstas, tanto la fiscalía militar como la fiscalía del Estado tienen la obligación de trasladar de inmediato a tribunales civiles las causas abiertas ante tribunales militares, para garantizar a las personas procesadas el derecho a un juicio justo y el acceso a un recurso efectivo”, ha dicho Lynn Maalouf.