El 14 de noviembre de 2019, la policía nicaragüense detuvo y encarceló al menos a 13 activistas cuando salían de la Iglesia de San Miguel en Masaya (Nicaragua). Los activistas estaban dando agua a un grupo de personas que mantenían una huelga de hambre para exigir la liberación de sus familiares, detenidos por participar en las protestas del 18 de abril de 2018. Las protestas estallaron tras el intento del gobierno de implementar, sin consulta previa, unas impopulares reformas a la seguridad social. Las autoridades respondieron a ellas con una violenta represión. Instamos a las autoridades nicaragüenses a retirar todos los cargos y poner de inmediato en libertad a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen esta carta modelo

Presidente de Nicaragua
Daniel Ortega Saavedra
c/o Ministro de Relaciones Exteriores

Del cine González 1 c. al Sur, sobre Avenida Bolívar,

Managua, Nicaragua

Twitter: @DenisCanciller 

Señor Presidente Ortega:

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la constante estrategia de persecución y criminalización utilizada en Nicaragua desde las protestas del 18 de abril de 2018. Según la información facilitada por organizaciones locales, el 14 de noviembre la policía nicaragüense detuvo al menos a 13 activistas exclusivamente por mostrar solidaridad con un grupo de personas en huelga de hambre que exigían la liberación de más de 130 personas detenidas desde las protestas del 18 de abril de 2018.

Le insto a retirar todos los cargos y poner de inmediato en libertad a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, de acuerdo con las normas internacionales.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

El 18 de abril de 2018 estallaron protestas tras el intento del gobierno de implementar —sin consulta previa— reformas impopulares a la seguridad social. A estas protestas se respondió con una violenta represión. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis ha causado la muerte de 328 personas y heridas a más de 2.000. Además, las cifras facilitadas por la sociedad civil determinan que se ha detenido a más de 700 personas. Aparte de eso, se ha destituido a 300 profesionales de la salud, y se ha expulsado a 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN). Unas 80.000 personas nicaragüenses han huido a países vecinos; hasta agosto de 2019, 68.000 de ellas habían pedido refugio en Costa Rica, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de un centenar de periodistas y profesionales de los medios de comunicación han tenido que exiliarse.

Hasta el momento, el gobierno no ha cumplido su compromiso, formulado en marzo de 2019, de poner en libertad a todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica desde el 18 de abril de 2018. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 8 de junio de 2019 una Ley de Amnistía, a raíz de la cual 56 personas fueron puestas en libertad el 11 de junio de 2019. Sin embargo, se han denunciado varios casos de represión. Según las organizaciones locales, al menos 130 personas continúan detenidas. El 16 de mayo de 2019, Eddy Montes (de 57 años), de doble nacionalidad nicaragüense y estadounidense, murió por arma de fuego en la prisión La Modelo de Managua. Él y otros que resultaron heridos habían sido detenidos por participar en las protestas de 2018. Asimismo, la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos y la Unidad de Defensa Jurídica han informado de que María Guadalupe Ruiz Briceño (de 22 años), estudiante y activista, fue detenida arbitrariamente y con violencia por la policía en julio de 2019, y las autoridades no han cumplido adecuadamente las normas de debido proceso.

En su informe Sembrando el terror, Amnistía Internacional concluyó que uno de los pilares fundamentales de esta política de represión eran los persistentes esfuerzos del Estado nicaragüense por criminalizar a quienes se le oponen; las autoridades, para justificar sus acciones violentas, se referían a quienes protestaban contra el gobierno como “terroristas” o “conspiradores”. Desde entonces, las protestas han continuado, exigiendo un cambio sustancial en la situación. Un año y medio después del comienzo de la represión de las protestas, Amnistía Internacional sigue recibiendo informes de detenciones arbitrarias y tortura de personas privadas de libertad. Además, las organizaciones de la sociedad civil cuyo estatus jurídico fue cancelado por el gobierno (incluido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH) siguen sin poder realizar libremente su trabajo en el país, y continúa el acoso contra periodistas y personas que defienden los derechos humanos. Los ataques contra la libertad de expresión y reunión pacífica indican una estrategia continuada para reprimir las voces discrepantes.

Pueden escribir llamamientos en: Español

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 30 de diciembre de 2019

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Personas que se enfrentan a procedimientos penales en Nicaragua (no aplicable)

Enlace a la au anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/amr43/1249/2019/es/