“También es una oportunidad para que los Estados presten más atención a la desaparición forzada continuada de miles de disidentes políticos desde hace treinta años, un crimen de lesa humanidad que la comunidad internacional lleva demasiado tiempo ignorando”.

Desde la última vez que se examinó la situación de los derechos humanos en Irán, en 2014, la represión de las autoridades ha aumentado de forma significativa.

Miles de personas han sido detenidas por expresar su opinión o participar en manifestaciones pacíficas, y se ha lanzado una vengativa oleada de medidas enérgicas contra quienes defienden los derechos humanos, como las personas que hacen campaña contra las leyes sobre el uso obligatorio del velo, con el fin de acabar con los últimos vestigios de la sociedad civil iraní.

Las autoridades han debilitado aún más los derechos a un juicio justo y han ejecutado a más de 2.500 personas, entre las que había menores de edad, en violación flagrante del derecho internacional.

En la información presentada ante el Consejo de Derechos Humanos con motivo de esta sesión, Amnistía Internacional concluye que Irán está “fallando en todos los frentes” en lo relativo a los derechos humanos.

La organización pide a las autoridades del país que levanten las restricciones impuestas a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica; pongan fin a la discriminación de las mujeres y las minorías; decreten una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte, y acaben con la tortura y otros malos tratos, los juicios injustos y los crímenes continuados de lesa humanidad.

Durante su último examen, Irán aceptó sólo 130 de las 291 recomendaciones que recibió de otros Estados. El análisis de Amnistía Internacional indica que las autoridades iraníes no han cumplido la mayoría de esas promesas.

Durante su último EPU, Irán rechazó los llamamientos para que protegiera los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y dejara de hostigar a las personas encarceladas por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, y las dejara en libertad.

“En lugar de reforzar la cooperación con la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos, como Irán se comprometió a hacer, las autoridades han debilitado aún más estos derechos, intensificando su represión a la disidencia”, señaló Philip Luther.

Entre las personas encarceladas injustamente hay periodistas, artistas y personas que defienden los derechos humanos, como profesionales del derecho, personas que defienden los derechos de las mujeres, activistas de los derechos de minorías, activistas sindicales, activistas medioambientales y personas que buscan verdad, justicia y una reparación por las matanzas penitenciarias de 1988.

Algunas de las personas encarceladas han sido condenadas a penas de prisión escandalosamente severas, de varios decenios, en algunos casos.

El abogado de derechos humanos Amirsalar Davoudi fue condenado a 29 años y 3 meses de prisión, y a 111 latigazos por su trabajo de derechos humanos, de los que debe cumplir 15 años. La abogada y defensora de los derechos de las mujeres Nasrin Sotoudeh fue condenada a 38 años de prisión y a 148 latigazos por su activismo pacífico, y debe cumplir 17 años de su condena.

Además de seguir discriminando a las mujeres y niñas en la ley y en la práctica, las autoridades de Irán se han negado a ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la ONU, y no tipifican como delito la violencia de género, que incluye la violación conyugal, la violencia en el ámbito familiar y el matrimonio precoz y forzado.

Las personas que defienden los derechos de las mujeres, incluidas las que hacen campaña contra las leyes discriminatorias y degradantes del país sobre el uso obligatorio del velo, sufren detenciones arbitrarias, reclusión, tortura y otros malos tratos, juicios injustos y largas penas de cárcel. También son objeto de acoso y de abusos por parte de grupos parapoliciales progubernamentales por incumplir estas leyes.

Irán sigue denegando a las personas procesadas el derecho a un juicio justo, al negarles el acceso a representación letrada durante las investigaciones y los juicios, y continúa imponiendo sentencias condenatorias basándose en “confesiones” obtenidas mediante tortura y otros malos tratos.

Las autoridades tienen un historial atroz de violaciones del derecho a la salud de las personas privadas de libertad, al negar deliberadamente tratamiento médico a presos y presas de conciencia, a menudo como castigo, lo que constituye tortura y otros malos tratos. El defensor de los derechos humanos Arash Sadeghi sigue siendo sometido a tortura mediante la denegación de tratamiento para el cáncer.

Mientras tanto, en una incesante marea de ejecuciones, desde el último EPU de Irán han sido ejecutadas más de 2.500 personas, de las que al menos 17 eran menores de edad en el momento en que cometieron el delito, en flagrante violación del derecho internacional.

"Las autoridades iraníes deben poner fin a este catastrófico deterioro de su actuación en materia de derechos humanos" 

Además, las autoridades iraníes siguen cometiendo el crimen continuado de lesa humanidad de desaparición forzada al ocultar sistemáticamente la suerte o el paradero de varios miles de disidentes políticos encarcelados que fueron objeto de desaparición forzada y ejecutados extrajudicialmente en secreto entre julio y septiembre de 1988.

“Las autoridades iraníes deben poner fin a este catastrófico deterioro de su actuación en materia de derechos humanos”, concluyó Philip Luther.

“Eso significa excarcelar a los presos y presas de conciencia, dejar de perseguir a quienes defienden los derechos humanos, conceder a las personas encausadas el derecho a un juicio justo y poner fin a su grotesco uso de la pena de muerte estableciendo una moratoria inmediata con vistas a abolirla totalmente".

“También significa revelar de inmediato la verdad sobre la suerte de las víctimas de las masacres de 1988, dejar de destruir las fosas comunes que contienen los restos de las víctimas y llevar ante la justicia a los presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad”.