“We can’t complain” (“No podemos quejarnos”) revela cómo la ofensiva lanzada el mes pasado, la operación “Fuente de Paz”, ha ido acompañada en Turquía de una campaña de represión contra quienes se apartan de la versión oficial

Centenares de personas han sido detenidas en Turquía por hacer comentarios o informar sobre la reciente ofensiva militar turca en el noreste de Siria y se enfrentan a absurdos cargos penales, mientras el gobierno intensifica sus medidas de represión de las voces críticas. Así lo manifiesta Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

“We can’t complain” (“No podemos quejarnos”) revela cómo la ofensiva lanzada el mes pasado, la operación “Fuente de Paz”, ha ido acompañada en Turquía de una campaña de represión contra quienes se apartan de la versión oficial. Se ha acusado de “terrorismo” y sometido a investigación penal, detención arbitraria y prohibición de viajar a periodistas, usuarios de las redes sociales y manifestantes. Si son procesadas y declaradas culpables, las personas detenidas podrían tener que cumplir largas penas de prisión.

“A medida que los tanques avanzaban sobre la frontera siria, el gobierno aprovechó la ocasión para emprender una campaña interna contra quienes expresaban opiniones disidentes en los medios de comunicación, las redes sociales y la calle. El debate crítico sobre cuestiones políticas y sobre los derechos de la comunidad kurda resulta imposible, más aún que antes”, ha afirmado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa.

“El lenguaje utilizado para hablar de la incursión militar está fuertemente controlado, y centenares de personas que han expresado opiniones disidentes sobre la operación militar de Turquía han sido detenidas y están siendo objeto de investigación en aplicación de la legislación antiterrorista.”

Medidas para silenciar a periodistas

El 10 de octubre, un día después del inicio de la ofensiva, el órgano regulador en materia de radiotelevisión, RTÜK, advirtió a los medios de comunicación de que no se iba a tolerar en absoluto “ninguna comunicación que pueda afectar negativamente a la moral y la motivación de [...] los soldados o inducir a engaño a la ciudadanía con información incompleta, falsa o parcial, que sirva para los fines del terror”.

El mismo día se detuvo a dos periodistas. Hakan Demir, del diario Birgün, fue interrogado en relación con un tuit aparecido de la cuenta oficial de Twitter del periódico y basado en información de la NBC donde se afirmaba: “aviones de combate turcos han comenzado a efectuar ataques aéreos sobre zonas civiles”.

Mientras tanto fue detenido Fatih Gökhan Diler, director editorial del sitio web de noticias Diken, por la publicación de un artículo con el titular “Las Fuerzas Democráticas Sirias afirman que dos civiles han perdido la vida”. Ambos periodistas fueron acusados de “incitar a la enemistad y el odio” antes de ser puestos en libertad con la condición de no salir del país, a la espera del resultado de las investigaciones penales iniciadas.  

Asimismo, el 19 de octubre, a las cinco de la mañana, la policía irrumpió en la casa de la periodista y defensora de los derechos humanos Nurcan Baysal, quien ha contado a Amnistía Internacional: “Que 30 agentes de policía fuertemente armados y con la cara tapada hayan asaltado mi casa y aterrorizado a mis hijos simplemente por unos comentarios publicados en las redes sociales para pedir la paz muestra el grado de represión a que está sometida la libertad de expresión en Turquía”.

El mismo día fue detenida la periodista Özlem Oral e interrogada acerca de dos tuits en contra de la operación “Fuente de Paz” publicados en una cuenta de Twitter que ni siquiera era suya. Quedó en libertad al día siguiente con la condición de no viajar al extranjero, presentarse periódicamente en una comisaría de policía local y no salir de Estambul, donde vive.

El 27 de octubre, la abogada y columnista Nurcan Kaya fue detenida en el aeropuerto de Estambul por haber criticado la ofensiva al tuitear: “Sabemos por experiencia que todo lo que llaman operación de paz es una masacre”. Quedó en libertad ese mismo día, tras haber sido interrogada, pero sujeta a una prohibición internacional de viaje.

La represión no ha ido dirigida sólo contra periodistas de Turquía. El 25 de octubre, los abogados del presidente Erdoğan anunciaron que habían presentado una demanda contra el director y editor de la revista francesa Le Point tras la publicación del número del 24 de octubre, donde se había utilizado en portada el titular “Limpieza étnica: el método Erdoğan” para informar de la ofensiva militar. Los abogados afirmaban que la portada constituía un insulto al presidente, algo tipificado como delito en la legislación turca.

Medidas contra usuarios y usuarias de redes sociales

Sólo en la primera semana de la ofensiva se abrieron investigaciones sobre 839 cuentas de redes sociales por “compartir contenido delictivo”, tras lo cual 186 personas quedaron bajo custodia policial y 24 detenidas en espera de juicio, según cifras oficiales.

Un usuario de las redes sociales que fue detenido y acusado de “propaganda en favor de una organización terrorista” había retuiteado tres tuits, uno de los cuales rezaba: “Rojava [la zona autónoma kurda del norte de Siria] vencerá. No a la guerra”. Al igual que otros, estos tuits no constituían ni por lo más remoto pruebas de ningún delito reconocido internacionalmente.

Al usuario se le prohibió viajar al extranjero y se le ordenó presentarse en una comisaría de policía local dos veces al mes. Un abogado ha dicho a Amnistía Internacional: “Utilizar las palabras ‘guerra’, ‘ocupación” o ‘Rojava’ se ha convertido en delito. Los jueces están diciendo que no se puede decir ‘no a la guerra’”.

Medidas contra figuras políticas y activistas

El gobierno ha utilizado también la operación “Fuente de Paz” como pretexto para intensificar la represión contra políticos de la oposición y activistas. Varios miembros del Parlamento están siendo objeto en la actualidad de investigación penal, entre ellos Sezgin Tanrıkulu, a quien se investiga por comentarios que hizo en los medios de comunicación y por un tuit que rezaba: “Los gobiernos deben saber que esto es una guerra injustificada, una guerra contra los kurdos”.

Según profesionales del Colegio de Abogados de Şanlıurfa, al menos 54 personas fueron puestas bajo custodia policial por agentes de los servicios antiterroristas en esta provincia turca el 9 y 10 de octubre. Entre ellas había miembros del grupo izquierdista y pro kurdo de oposición Partido Democrático de los Pueblos (HDP), así como de sindicatos izquierdistas de oposición.

Durante la primera semana de la ofensiva militar, al menos 27 personas, muchas de ellas afiliadas al HDP, fueron detenidas en la provincia de Mardin por cargos de terrorismo. Entre ellas se encontraba la alcaldesa, designada por elección, de la localidad de Nusaybin; el gobierno la sustituyó posteriormente por el gobernador del distrito, que no había sido elegido democráticamente.

El 12 de octubre, la policía advirtió a las Madres del Sábado, iniciativa de familiares de víctimas de desaparición forzada que vienen celebrando vigilias pacíficas todos los sábados desde 2009 para recordar a sus seres queridos, de que las dispersarían “si pronunciaban la palabra ‘guerra’”. La concentración fue disuelta con violencia en cuanto se leyó una declaración en la que se criticaba la operación militar.

“Desde el comienzo de la ofensiva militar, la ya arraigada atmósfera de censura y miedo de Turquía se ha intensificado aún más, con detenciones y cargos falsos, utilizados para silenciar a las pocas personas que se atreven a expresar cualquier forma de oposición o crítica contra la operación ‘Fuente de Paz’”, ha manifestado Marie Struthers.

“Las autoridades turcas deben dejar de silenciar las opiniones que no les gustan y poner fin a la represión. Tienen que suspender de inmediato todos los procesamientos iniciados contra personas detenidas por la expresión pacífica de su oposición a las operaciones militares de Turquía y retirar todos los cargos contra ellas.”