Amnistía Internacional pide al nuevo presidente que acelere el proceso de justicia transicional mediante la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y la Dignidad en el Boletín Oficial e instando al gobierno entrante a que adopte un plan claro para aplicar las recomendaciones de la Comisión

“El nuevo presidente de Túnez, Kais Saied, debe reforzar la protección de los derechos humanos en el país y poner fin con carácter urgente a los abusos que se cometen pretextos de la seguridad, incluido el uso excesivo de las medidas de excepción”. El nuevo presidente tomará posesión de su cargo mañana.

La organización pide asimismo al presidente entrante que se comprometa a cumplir las recomendaciones de la comisión de justicia transicional, elija a los miembros restantes del Tribunal Constitucional y mantenga la moratoria de la pena de muerte.

“El presidente Kais Saied tiene una oportunidad vital de intervenir en unas reformas paralizadas y de indicar su compromiso con los derechos humanos dando prioridad a estas cinco medidas clave”, dijo Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Desde noviembre de 2015, las autoridades tunecinas utilizan un decreto presidencial de 1978 para imponer un estado de excepción continuo. El decreto, que concede al poder ejecutivo amplias facultades para suspender los derechos a la libertad de expresión, de reunión, de asociación y de circulación, se viene utilizando reiteradamente para imponer medidas de excepción de un modo a menudo arbitrario, discriminatorio y desproporcionado, lo que propicia diversas violaciones de derechos humanos.

Este decreto ha sido criticado también por ser demasiado poco preciso, pues carece de supervisión judicial y constitucional, y por el hecho de que puede ser renovado indefinidamente.

“Las autoridades tunecinas llevan casi cuatro años usando medidas de excepción arbitrarias y desproporcionadas. Los estados de excepción deben ser excepcionales y temporales. No deberían convertirse en la nueva normalidad, sino que han de ser revisados de forma genuina y periódica; y las decisiones sobre su renovación no deben dejarse exclusivamente en manos del poder ejecutivo y deberían permitir un escrutinio y cuestionamiento reales”, dijo Heba Morayef.

“El nuevo presidente de Túnez debe poner fin al uso excesivo de medidas de seguridad y garantizar que todas estas medidas son compatibles con las obligaciones contraídas por Túnez en materia de derechos humanos”.

Desde el levantamiento de 2010/2011, las autoridades tunecinas han hecho avances importantes, aunque limitados, en la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado a través del trabajo de la Comisión de la Verdad y la Dignidad. Ésta publicó, en diciembre de 2018, sus conclusiones y recomendaciones, incluidas las relativas a la reforma de los sectores judicial y de seguridad, la protección del derecho a la vida, el derecho a no ser víctima de tortura y otros malos tratos, una mejor protección del derecho a un juicio justo y otras recomendaciones concernientes a la reforma institucional y a la transparencia en la gobernanza.

Diez meses después de que la Comisión finalizara su informe, el gobierno no ha presentado aún un plan para poner en práctica las recomendaciones ni ha publicado el informe en el Boletín Oficial, como exige la ley. Con el gobierno anterior, el proceso de justicia transicional se vio obstaculizado por la falta de compromiso con la aplicación de las conclusiones de la Comisión y por la reticencia de algunas partes del gobierno a implicarse en los juicios en curso.

Amnistía Internacional pide al nuevo presidente que acelere el proceso de justicia transicional mediante la publicación del informe de la Comisión de la Verdad y la Dignidad en el Boletín Oficial e instando al gobierno entrante a que adopte un plan claro para aplicar las recomendaciones de la Comisión.

La Comisión también remitió a los tribunales 173 casos de violaciones graves de derechos humanos. El presidente Kais Saied debe seguir de cerca el progreso de los juicios del proceso de justicia transicional y garantizar que todas las entidades del gobierno, incluido el Ministerio del Interior, cooperan plenamente con las salas especializadas creadas para juzgar estos casos.

“Para curar las heridas del pasado, las víctimas deben recibir una reparación, y queda aún mucho por hacer para garantizar verdad, justicia y reparación por violaciones graves de derechos humanos y prevenir su repetición”, afirmó Heba Morayef.

Con la anterior administración tunecina, los planes para establecer el Tribunal Constitucional se habían paralizado también debido a la falta de consenso parlamentario en los nombramientos para el Tribunal. Una vez que el Parlamento acuerda nombrar a los cuatro primeros miembros, el Consejo Judicial Superior nombra a otros cuatro y el presidente a los cuatro restantes. Amnistía Internacional pide al nuevo presidente que inste al Parlamento a que elija a los miembros restantes del Tribunal sin más demora. El presidente deberá nombrar a personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, pues la protección de los derechos es crucial en la Constitución.

“El Tribunal Constitucional desempeña un papel fundamental en garantizar que se respetan los derechos y libertades consagrados en la Constitución tunecina. El presidente debe instar al Parlamento a que elija a los miembros restantes del Tribunal sin más demora”, concluyó Heba Morayef.

Amnistía Internacional pide al presidente que se asegure de que todas las iniciativas legislativas que presente al Parlamento son compatibles con las obligaciones contraídas por Túnez en virtud del derecho y las normas internacionales de los derechos humanos.

Aunque no se han llevado a cabo ejecuciones en Túnez desde 1991, los tribunales siguen imponiendo la pena de muerte, sobre todo en casos de terrorismo.

Amnistía Internacional pide al presidente que, con carácter urgente, mantenga la moratoria de Túnez de la pena de muerte y tenga como objetivo trabajar hacia la abolición total de esta pena.