La Defensoría documentó numerosos casos en que las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva, realizaron detenciones arbitrarias e incluso cometieron tortura y otros malos tratos contra la población, incluyendo periodistas y personas defensoras de derechos humanos, además de ingresar violentamente a propiedades privadas

Ante la declaración adoptada hoy por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Amnistía Internacional llama a los Estados miembros a exigir que Ecuador investigue de manera pronta, exhaustiva e imparcial las violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión por parte de las fuerzas de seguridad en contra de las manifestaciones, con el fin de garantizar verdad, justicia y reparación de las víctimas. 

“Es muy preocupante que, un día después de haber suspendido el estado de excepción, Ecuador pretenda borrar y olvidar las violaciones de derechos humanos causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército en contra de aquellas personas que se manifestaron.  Sin exigir verdad y justicia, los países que conforman la Organización de Estados Americanos estarían dándole la espalda a las víctimas de estas violaciones y propiciando la impunidad”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador ha reportado que, entre el 3 y el 13 de octubre de 2019, fueron detenidas 1,192 personas, 1,340 fueron heridas y ocho fallecieron en el contexto del estado de excepción.  

La Defensoría documentó numerosos casos en que las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza excesiva, realizaron detenciones arbitrarias e incluso cometieron tortura y otros malos tratos contra la población, incluyendo periodistas y personas defensoras de derechos humanos, además de ingresar violentamente a propiedades privadas. Además, reportó el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y perdigones contra manifestantes y universidades que brindaban ayuda humanitaria a la población, afectando incluso a niñas, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. 

A pesar de las denuncias de actos de violencia perpetrados por manifestantes y otros grupos, las autoridades deben tomar todas las medidas que correspondan para hacer frente a esos episodios de violencia, sin dejar de garantizar que quienes protestan de forma pacífica puedan seguir haciéndolo, así como realizar todas las investigaciones pertinentes para llevar a los perpetradores de dichos actos de violencia ante la justicia con las garantías del debido proceso y un juicio justo.

Asimismo, Amnistía Internacional reitera su llamado al gobierno del presidente Moreno a garantizar que las medidas de austeridad, como aquellas que motivaron las manifestaciones masivas en el país, se diseñen y se apliquen de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. El Estado debe asegurar que estas sean temporales, razonables y proporcionadas, que se hayan agotado medidas alternativas menos restrictivas y que se garantice la participación real de las personas y grupos afectados.