A pesar de la creciente preocupación por el bienestar de las personas a bordo del barco, los políticos están incumpliendo vergonzosamente con las obligaciones que les impone el derecho internacional al negar un puerto seguro a personas que podrían sufrir tortura si son devueltas a Libia

Se debe permitir atracar de inmediato a más de 30 niños y niñas –entre ellos, dos bebés– y casi 90 hombres y mujeres que se encuentran bloqueados en el mar, con temperaturas abrasadoras, ha manifestado Amnistía Internacional mientras el pulso que mantienen entre sí las autoridades italianas, maltesas y españolas y el barco de rescate de una ONG entra en su segunda semana.

A pesar de la creciente preocupación por su bienestar, las autoridades italianas y maltesas niegan a estas personas un puerto donde desembarcar en condiciones de seguridad. Las autoridades españolas no han solicitado aún formalmente la ayuda de las instituciones europeas para buscar una solución.

“Al cabo de una semana de bloqueo en el mar, con un calor terrible, estas personas –mujeres, hombres, niñas y niños– que han arriesgado la vida para huir de abusos contra los derechos humanos en Libia, deben ser desembarcadas de inmediato en Malta o en Italia”, ha señalado María Serrano, investigadora principal de Amnistía Internacional sobre migración.

“A pesar de la creciente preocupación por el bienestar de las personas a bordo del barco, los políticos están incumpliendo vergonzosamente con las obligaciones que les impone el derecho internacional al negar un puerto seguro a personas que podrían sufrir tortura si son devueltas a Libia y que están agotadas y necesitan protección y cuidados.”

Siete días después de que un barco de la ONG Proactiva Open Arms las rescatara del mar, 121 personas –entre ellas 30 niños y niñas, incluidos dos bebés– continúan a bordo, con un calor sofocante y en condiciones de hacinamiento. El barco, que navega bajo pabellón español, se encuentra a unas 30 millas náuticas de Italia, entre Malta y Lampedusa.

Las personas a bordo de él fueron rescatadas en sendas operaciones del 1 y 2 de agosto en aguas internacionales, la primera a 78 millas náuticas de Libia, y la segunda, cerca de la zona maltesa de búsqueda y salvamento.

Este pulso se ha producido un día después de que el Parlamento italiano aprobara un segundo ‘decreto de seguridad’ del ministro del Interior Salvini”. La nueva norma, a la que se ha dado en llamar el “Decreto Sicurezza bis”, permite imponer multas de hasta un millón de euros y retener a los barcos de rescate privados que entren en aguas territoriales italianas sin permiso.

Este es sólo el más reciente de una serie de casos de barcos que han rescatado a gente en el Mediterráneo central sólo para encontrarse con que les bloqueaban el atraque en el puerto seguro más cercano. El ACNUR y varios relatores especiales de la ONU han criticado ya la nueva medida, que podría disuadir aún más a los capitanes de barco de rescatar a personas mientras los Estados se retiran en su mayor parte de las labores de rescate en el Mediterráneo central. Mientras tanto, otro barco de la ONG Proactiva, el Astral, zarpará de España el sábado para prestar asistencia –incluida comida, agua y material médico– al Open Arms.

“Es inconcebible que frente a las mismas playas donde descansan quienes disfrutan de sus vacaciones haya bebés desamparados en el mar. Los Estados Europeos, empezando por Italia y Malta, han menoscabado sin ningún reparo el sistema de búsqueda y salvamento y utilizado a la gente como peones para negociar políticas migratorias abusivas, con absoluto desprecio por sus seguridad”, ha explicado María Serrano.

“Es hora de que los gobiernos europeos dejen de jugar con la vida de las personas y desplieguen medios suficientes para las operaciones de búsqueda y salvamento cuando se necesiten. Deben acordar con urgencia un mecanismo rápido y previsible de desembarco, acorde con el derecho internacional, y un sistema justo de distribución de las personas solicitantes de asilo entre los países de la UE.”

Información complementaria:

Las injustas normas europeas sobre el asilo (el denominado sistema de Dublín) no facilitan un desembarco sin demora. Estas normas determinan qué país es responsable de examinar las solicitudes de asilo.

Normalmente es el país por el que la persona solicitante de asilo entra por primera vez en la UE el que debe ocuparse de examinar su solicitud. Esta situación obliga a unos pocos países a procesar la mayoría de las solicitudes.

Para más información, véase nuestro informe de 2018 https://www.amnesty.org/en/documents/eur30/8906/2018/en/