Todas las personas detenidas arbitrariamente en centros del Gobierno de Acuerdo Nacional deben ser puestas en libertad, y los centros deben cerrarse, han señalado Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados

Cuando se reúnan en Bruselas el 15 de julio de 2019, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) deben hacer un llamamiento claro a las autoridades libias para que cierren los centros de detención de migrantes, han manifestado Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados hoy. Los ministros de la UE deben contraer, en nombre de sus Estados, el compromiso de facilitar la evacuación de las personas detenidas a lugares seguros, incluso fuera de Libia y a Estados miembros de la UE.

“Las expresiones de indignación por las terribles condiciones y los peligros a que se enfrentan las personas detenidas en medio de los combates en Trípoli suenan falsas si no van acompañadas de medidas vitales urgentes para sacar a esas personas de la situación de riesgo”, ha afirmado Judith Sunderland, directora adjunta para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Los gobiernos de la UE deben presar apoyo concreto a las autoridades libias para que cierren todos los centros de detención de migrantes y tomen de inmediato medidas para evacuar a las personas más vulnerables y en situación de riesgo".

Tras un mortal ataque sufrido por el centro de detención de Tajoura este mismo mes de julio, las autoridades libias se han mostrado dispuestas a dejar en libertad a las personas recluidas en los centros de detención oficiales. La alta representante saliente de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, dijo el 10 de julio que “el actual sistema de detención de migrantes de Libia tiene que acabar.” Citando las “condiciones espantosas” de los centros de detención, el 7 de junio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apeló a las autoridades libias y a la comunidad internacional para que garanticen que todas las personas migrantes y solicitantes de asilo recluidas en los centros de detención de Trípoli son “liberadas de inmediato”.

Sin embargo, los gobiernos de la UE no han condicionado nunca su apoyo a las autoridades libias al cierre de los centros de detención y la liberación de las miles de personas detenidas ilegalmente. En vez de ello han insistido en que la asistencia humanitaria financiada por la UE posibilitará mejores condiciones de vida en los centros de detención, a pesar de que no hay indicios de que sea así. Asimismo, han continuado ayudando a la Guardia Costera Libia a devolver a las personas interceptadas en el mar a situaciones de detención indefinida en Libia. En una nueva declaración del 11 de julio, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pidieron que toda la financiación esté condicionada al cierre de los centros de detención, haciendo diversas propuestas para permitir la liberación inmediata de las personas detenidas.

Las ya terribles condiciones de los centros de detención de migrantes bajo el control nominal del Gobierno de Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli y reconocido por la ONU, han empeorado desde que las fuerzas del general Khalifa Hiftar comenzaron su ofensiva contra Trípoli a principios de abril. El 2 de julio por la noche, un ataque aéreo contra el centro de detención de Tajoura, que se encuentra dentro de un recinto militar al sureste de Trípoli, mató a 53 personas e hirió al menos a 130. Dos personas que habían estado detenidas en el mismo centro habían resultado ya heridas en un ataque anterior, el 7 de mayo, cuando las bombas impactaron a sólo 100 metros del centro. El 9 de julio, el ACNUR anunció que las autoridades libias habían permitido a las personas supervivientes de Tajoura abandonar el centro, aunque parece que no les prestaron asistencia adecuada al dejarlas en libertad ni les dieron la oportunidad de salir del país en busca de seguridad en otra parte si lo deseaban. A finales de abril, unos hombres armados habían atacado a las personas recluidas en el centro de detención Qasr Ben Geshir, situado unos 24 kilómetros al sur de Trípoli. La responsabilidad de ambos ataques sigue sin estar clara y debe determinarse por medio de investigaciones creíbles e independientes.

En otros centros de Trípoli sus alrededores, los combates han interrumpido el suministro de alimentos u agua y empeorado las condiciones sanitarias, además de limitar el acceso de las organizaciones humanitarias y agencias de la ONU a las personas detenidas para prestarles cuidados vitales. A principios de julio, el ACNUR había sacado a 1.630 personas de centros de detención situados en zonas de combate y las había trasladado a sus instalaciones de concentración y salida, que están también en Trípoli, pero también a otros centros libios de detención de zonas consideradas más seguras. EL ACNUR calcula que hay 3.800 personas recluidas en centros de detención de migrantes próximos a zonas de conflicto, mientras que el total estimado de personas detenidas era de 5.800 a fecha de 21 de junio. Según la legislación libia, toda persona migrante, solicitante de asilo o refugiada indocumentada puede ser detenida sin darle la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención, lo que hace que ésta sea arbitraria.

Todas las personas detenidas arbitrariamente en centros del Gobierno de Acuerdo Nacional deben ser puestas en libertad, y los centros deben cerrarse, han señalado Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados. Dados los riesgos que corren las personas extranjeras en Libia, el Gobierno de Acuerdo Nacional debe trabajar en colaboración con las agencias internacionales y la UE para prestar de inmediato asistencia humanitaria a las personas liberadas y establecer pasillos humanitarios para su seguridad.

Los Estados miembros de la UE deben garantizar que a las personas evacuadas de los centros de detención se les ofrecen rutas seguras y vías regulares de salida de Libia, lo que incluye aumentar los compromisos de reasentamiento y agilizar los procesos para permitir al ACNUR intensificar las evacuaciones a su centro de tránsito de Níger o directamente a Estados miembros de la UE. Desde el comienzo de abril, el ACNUR sólo ha podido evacuar a 289 personas a Níger y a 295 a Italia, único país de la UE que ha accedido hasta ahora a recibir solicitantes de asilo directamente de Libia Los países no pertenecientes a la UE también deben apoyar las labores de evacuación y contraer compromisos de reasentamiento.

“El horrible ataque de la semana pasada al centro de detención de Tajoura ha puesto una vez más de manifiesto el peligro mortal que corren las mujeres, hombres, niños y niñas encerrados en Libia”, ha afirmado Matteo de Bellis, investigador de Amnistía Internacional sobre migración y asilo. “En vez de cerrar los ojos a las condiciones inhumanas, tortura, violaciones y demás abusos que sufren las personas refugiadas y migrantes en los centros de detención de Libia, los gobiernos de la UE deben ofrecerles con urgencia rutas seguras de salida de Libia y garantizar que las personas rescatadas en el Mediterráneo central no son devueltas a Libia".

El hecho de que las instituciones y los Estados miembros de la UE hayan delegado el control de la migración en las autoridades libias y de que la UE haya eludido colectivamente la responsabilidad del rescate en el mar ha contribuido a crear la terrible situación existente, han señalado Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados. Según la OIM, a fecha de 6 de julio, la Guardia Costera Libia, respaldada por la UE, había interceptado y devuelto a Libia a 3.750 desde el principio del año. En ese mismo periodo llegaron a Italia y Malta 4.068 personas, mientras que 426 murieron en el Mediterráneo central.

Con un total estimado de 667 muertes en el Mediterráneo en los seis primeros meses de 2019, el ACNUR calcula que una de cada seis personas murió en el intento de llegar a Europa, cuando en el mismo periodo del año pasado murió una de cada 18.

A pesar del amplio consenso internacional en que Libia no puede ser considerada un lugar seguro para hacer regresar allí a las personas interceptadas, muchos gobiernos e instituciones de la UE han apoyado una política en virtud de la cual se capacita a las autoridades libias para ejercer el control sobre una amplia zona de búsqueda y salvamento, se aparta a la fuerzas europeas del Mediterráneo central y se realizan o apoyan tácitamente intentos de poner obstáculos o criminalizar a las organizaciones no gubernamentales de salvamento que han asumido la responsabilidad de rescatar a las personas dada la ausencia de una respuesta estatal efectiva.

Esta política pone en una situación insostenible a todo capitán de barco que rescate a personas en el Mediterráneo, pues los gobiernos europeos lo instan directa o indirectamente a desembarcarlas en Libia aunque constituya claramente una infracción del derecho internacional.

Las negociaciones entre los Estados miembros de la UE para abordar esta cuestión mediante un acuerdo de reparto de la responsabilidad de desembarcar y reubicar a las personas rescatadas en el mar han fracasado, dando lugar a acuerdos específicos para resolver enfrentamientos con barcos de salvamento no gubernamentales, e incluso con la guardia costera y buques mercantes, en medio de la política de “puertos cerrados” cada vez más estricta de Italia.

En marzo, Human Rights Watch y Amnistía Internacional publicaron un plan de acción para un sistema justo y predecible de salvamento en el Mediterráneo, Este plan, que está basado en recomendaciones del Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados, propone un sistema temporal con el que garantizar que las personas rescatadas en el mar son desembarcadas con prontitud y de acuerdo con el derecho internacional, así como un sistema equitativo de responsabilidad compartida por medio de reubicaciones.

“Con los organismos, las ciudades y la sociedad civil internacionales y de la UE dispuestos a prestar apoyo operativo, se necesita con urgencia un acuerdo, viable, entre los Estados europeos”, ha afirmado Catherine Woollard, secretaria general del Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados. “La Comisión Europea y la Presidencia finlandesa dela UE deben centrarse en facilitar el acuerdo, no en defender soluciones falsas que afectan a países del Norte de África. La OIM, el ACNUR, la Unión Africana y el sector del transporte marítimo pueden ejercer su influencia para conseguir que los Estados europeos participen. Tomar las medias apuntadas contribuirían a salvar vidas y a mejorar la situación en Libia".