En Scars of Survival: Gun Violence and Barriers to Reparation in the USA (Cicatrices de supervivencia: la violencia con armas de fuego y las trabas para obtener una reparación en Estados Unidos), Amnistía Internacional califica la violencia con armas de fuego en Estados Unidos de “crisis de derechos humanos”

“Las personas que sobreviven a la violencia por armas de fuego en Estados Unidos sufren años de trauma y dolor debido a una destructiva combinación de políticas gubernamentales que ignoran sus necesidades”, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en la presentación de una nueva investigación sobre las experiencias de las personas sobrevivientes de disparos.

En Scars of Survival: Gun Violence and Barriers to Reparation in the USA (Cicatrices de supervivencia: la violencia con armas de fuego y las trabas para obtener una reparación en Estados Unidos), la organización califica la violencia con armas de fuego en Estados Unidos de “crisis de derechos humanos” y destaca que, a menudo, las personas sobrevivientes no tienen acceso a atención médica ni a otras formas de apoyo debido a unos gastos médicos desmesurados y a la excesiva burocracia. Amnistía pide al gobierno de Estados Unidos que implante los mecanismos necesarios para garantizar que quienes sobreviven a la violencia con armas de fuego tengan acceso a una reparación completa y efectiva.

“La mayoría de la gente a la que entrevistamos nos dijo que recibir un disparo no fue más que el principio de la pesadilla. Las personas sobrevivientes contaban que, a pesar de haber sido víctimas de un delito, seguían teniendo problemas y que a menudo tenían unos gastos prohibitivos para tratar el dolor crónico u obtener ayuda para adaptarse a una discapacidad”, dijo Sanhita Ambast, investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.

“Los altos costos, unos trámites complicados y unos programas de indemnización para víctimas de delitos insuficientes son barreras que dificultan el acceso a la atención y el apoyo adecuados tras el trauma de recibir un disparo. Las autoridades estadounidenses tienen que enfrentarse a la violencia con armas de fuego y garantizar que las personas sobrevivientes cuentan con el apoyo necesario para hacer frente a los perjuicios que han sufrido y reconstruir su vida. El hecho de que no abordan debidamente la violencia con armas de fuego es un motivo más para proporcionar asistencia a quienes sobreviven”.

En 2018, Amnistía Internacional entrevistó a 25 sobrevivientes de disparos en Miami, Tampa, Baltimore y Nueva Orleans, ciudades todas ellas con tasas elevadas de violencia con armas de fuego. La organización habló también con 11 cuidadores y cuidadoras, 17 profesionales de la salud y 40 personas expertas en salud pública, defensoras, activistas y profesionales del trabajo social.

Gastos y reparación

La investigación de Amnistía Internacional muestra que el gobierno estadounidense no proporciona a las personas sobrevivientes de disparos atención médica esencial a largo plazo, apoyo, rehabilitación ni una indemnización, algo esencial para garantizar que el gobierno cumple su obligación de proporcionarles una reparación completa y efectiva. Amnistía Internacional ha sostenido con anterioridad que el gobierno de Estados Unidos incumple sus obligaciones en materia de derechos humanos al no regular adecuadamente la compra, posesión y uso de armas de fuego por agentes no estatales.

Dado que no existen programas específicos para cubrir las necesidades de rehabilitación de las personas sobrevivientes de disparos, estas tienen que buscar atención médica y psicológica a través del sistema de salud general, lo que plantea numerosas trabas económicas y burocráticas, exacerbadas por el trauma y el dolor físico.

Megan Hobson tenía 16 años cuando se vio atrapada en un fuego cruzado en Miami, en 2012. El tratamiento de urgencia le salvó la vida, pero sigue viviendo con afecciones como dificultades para caminar, complicaciones causadas por fragmentos de bala en el útero y la necesidad de recibir atención y apoyo a la salud mental. Megan dijo a Amnistía Internacional que seguía endeudada debido a las facturas médicas.

“Yo fui una víctima, no tuve nada que ver con el delito. Solo estaba en el lugar inadecuado en el momento inadecuado”, dijo.

Jamie Williford recibió en 2009, a los 16 años, un disparo en la espalda que la dejó paralítica y con necesidades sanitarias graves y permanentes. Aunque Jamie tiene Medicaid, un programa gubernamental que proporciona cobertura médica a algunas personas de ingresos bajos, afronta importantes barreras burocráticas para acceder a la atención médica, sobre todo para encontrar a profesionales de la salud que acepten su seguro.

Como muchas personas sobrevivientes de disparos con discapacidad, Jamie ha tenido problemas para encontrar una vivienda asequible y accesible.

Tras sufrir la lesión, fue ingresada en un centro de asistencia para personas adultas, sin acceso a atención a la salud mental, educación o formación adecuadas para una persona menor de edad o nueva usuaria de silla de ruedas. Desde que cumplió 18 años, ha vivido sobre todo en alojamientos compartidos, pero no puede obtener una vivienda permanente adecuada que se adapte a sus necesidades.

Amnistía Internacional puso de relieve el caso de Jamie como ejemplo del entramado de numerosas políticas deficientes en el que quedan atrapadas las personas sobrevivientes de la violencia con armas de fuego: las dificultades para acceder a la atención médica, la inexistencia de viviendas asequibles y la falta de apoyo a las personas con discapacidad.

Una burocracia asfixiante

Casi todas las personas sobrevivientes de disparos a las que entrevistó Amnistía dijeron que la burocracia y los trámites eran un obstáculo clave para acceder a atención médica a largo plazo.

Esto es especialmente difícil para sobrevivientes de disparos que viven en entornos inestables y no están acostumbradas a moverse por un sistema de salud tan fragmentado y complicado, y que muchas veces tratan, al mismo tiempo, de negociar y procesar los cambios en su salud, vida familiar, empleo o perspectivas de empleo, derivados de haber sido víctima de un tiroteo.

Un hombre cuyo hermano fue víctima de un tiroteo explicó: “Para la atención médica, si quieres más servicios o alguna cobertura [de Medicare], empiezan a preguntar si has trabajado alguna vez. Si dices que sí, quieren ver seis meses de matrices de cheques y tu certificado de nacimiento, quieren una tarjeta de la seguridad social; quieren todo eso y no lo tenemos”.

Las solicitudes de indemnización como víctimas exigen también una notable cantidad de detalles y documentación complementaria que pueden ser difíciles de conseguir, especialmente cuando la persona afectada se está recuperando de lesiones graves que han alterado su vida.

En 2017, la razón más habitual para denegar o archivar una solicitud de indemnización como víctima en todos los estados fue información incompleta. También se mencionaron como trabas para acceder a una indemnización la falta de conocimientos y unos requisitos muy estrictos

Recomendaciones

“Amnistía Internacional pide a las autoridades federales y estatales de Estados Unidos que garanticen que las personas sobrevivientes de violencia con armas de fuego tienen acceso a la atención médica y al apoyo que necesitan, y que se les informa de todas las prestaciones sanitarias y de otro tipo a las que tienen derecho”, dijo Sanhita Ambast.

La organización pide también a las autoridades que garanticen que todas las personas sobrevivientes de violencia con armas de fuego reciben una reparación completa y efectiva, lo que incluye una indemnización por los perjuicios que han sufrido.

“Proporcionar atención adecuada a largo plazo a las personas sobrevivientes de violencia con armas de fuego en Estados Unidos no es un problema insoluble”, dijo Jasmeet Sidhu, directora de investigación de la campaña End Gun Violence en Amnistía Internacional Estados Unidos. “Hay medidas que pueden tomar hoy mismo las autoridades locales, estatales y federales siempre que tengan la voluntad política de tomarlas”.