En la última década, Guatemala ha tenido notables avances en la lucha contra la impunidad en el país. Entre el 2007 y el 2018, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo creado con el auspicio de las Naciones Unidas para apoyar al Ministerio Público en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado, logró presentar más de 100 casos, varios de estos estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país

Guatemala está a punto de aniquilar los esfuerzos de más de una década para fortalecer el sistema de justicia penal y el acceso a la justicia como consecuencia de las recientes acciones emprendidas por las más altas autoridades del país, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

En Última oportunidad de justicia, la organización expone los graves retrocesos y riesgos inminentes para los derechos humanos en Guatemala a raíz de las medidas adoptadas por el gobierno de Jimmy Morales, el Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, el Organismo Judicial, y el Congreso de la República.

“El acceso a la justicia está recibiendo fuertes golpes de los que Guatemala no podrá recuperarse si no se toman medidas ahora. Es necesario detener inmediatamente las acciones impulsadas por las más altas autoridades del país y asegurar que cada uno de los casos de violaciones de derechos humanos lleguen a la justicia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En la última década, Guatemala ha tenido notables avances en la lucha contra la impunidad en el país. Entre el 2007 y el 2018, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo creado con el auspicio de las Naciones Unidas para apoyar al Ministerio Público en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado, logró presentar más de 100 casos, varios de estos estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país. En paralelo, a partir del 2009, tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias históricas contra ex comisionados militares, y miembros de la policía y del ejército – incluyendo sus altos mandos – algo que no había ocurrido nunca.

Sin embargo, desde agosto de 2017, el gobierno del presidente Jimmy Morales ha buscado obstaculizar el trabajo de la CICIG. El 31 de agosto de 2018, el presidente anunció su decisión de no prolongar el mandato de la CICIG, el cuál terminará el 3 de septiembre de 2019. Frente a esta situación, la Fiscal General Consuelo Porras no parece haber tomado medidas suficientemente claras y oportunas para garantizar la continuidad del trabajo de las fiscalías que colaboran con la CICIG, como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), haciendo peligrar las investigaciones abiertas en más de 70 casos conjuntos. 

Por su parte, el Congreso de la República ha impulsado propuestas legislativas regresivas que garantizarían la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado y de ciertos actos de corrupción, y limitarían el derecho de asociación y de la defensa de los derechos humanos.

“La Fiscal General no puede frenar el impulso que ha vuelto a dar esperanza a miles de personas en el país. Tiene la gran responsabilidad y obligación de evitar que los casos de violaciones de derechos humanos y de corrupción no queden en la impunidad. Es tiempo de dejar las palabras y tomar acción para brindar condiciones, recursos y seguridad que permitan a las y los fiscales continuar las investigaciones abiertas, para que se haga justicia en Guatemala”, señaló Erika Guevara Rosas.

El documento muestra la necesidad de seguir el proceso de fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público iniciado con la CICIG y expone la incapacidad del Estado de garantizar la independencia de las y los fiscales, y ciertos jueces y juezas que conocen de este tipo de casos quienes enfrentan intimidaciones, estigmatización y múltiples demandas penales o disciplinarias infundadas.

Amnistía Internacional pide a las autoridades guatemaltecas poner fin al uso indebido de procesos penales para hostigar a las y los fiscales, jueces y juezas y personas defensoras de derechos humanos, de forma que exista un ambiente propicio para el funcionamiento de la justicia y la defensa de los derechos humanos.

“En los últimos 10 años, Guatemala avanzó en la consolidación de la justicia hasta llegar a ser un ejemplo en la región. Sin embargo, estos retrocesos nos están devolviendo al punto de partida, enfrentándonos a las mismas situaciones por las cuáles se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en primer lugar”, dijo un abogado entrevistado por Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional alerta además sobre el deterioro de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión en Guatemala. La salida de la CICIG y el debilitamiento de las instituciones de justicia y de derechos humanos favorecen que las estructuras criminales puedan continuar violando la ley en toda impunidad e incrementa el riesgo de que las personas defensoras de derechos humanos sufran nuevos ataques.