Amnistía Internacional condena la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo y expresa preocupación por otras personas detenidas que se encuentran en situación de aislamiento, incomunicación y desaparición forzada, como parte de una ininterrumpida política de represión del gobierno de Nicolás Maduro. La creación de una Comisión de Investigación internacional, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, es necesaria para investigar imparcialmente estas y otras graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

El 29 de junio de 2019 se hizo pública la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien había sido detenido ocho días antes. Varias autoridades admitieron su detención, 1 a pesar de que no se informó oficialmente a su abogado ni a familiares sobre su paradero y situación legal durante siete días, lo que podría constituir una desaparición forzada. El 28 de junio Acosta Arévalo fue llevado ante un tribunal militar con claros signos de tortura, de acuerdo con el testimonio de su abogado. Existen motivos suficientes para considerar que el capitán Acosta Arévalo fue sometido a torturas y fue ejecutado por el gobierno de Nicolás Maduro. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresó estar profundamente preocupada por el hecho y llamó a las autoridades a investigar.

Es de señalar que la Oficina del Fiscal General abrió una investigación sobre la muerte bajo custodia y dos funcionarios habrían sido imputados, pero – hasta lo que se sabe – tal investigación no incluiría las alegaciones de tortura. Amnistia Internacional considera que no están dadas en absoluto las condiciones en Venezuela para una investigación efectiva, imparcial, exhaustiva e independiente sobre las responsabilidades penales individuales por tales graves delitos, incluyendo aquellas de superiores jerárquicos. Esas violaciones a los derechos humanos, así como muchas otras que las autoridades al mando de Nicolás Maduro han venido cometiendo de manera sistemática y generalizada contra opositores políticos o quienes son percibidos como tales, deben ser investigadas por una Comisión de Investigación Internacional, imparcial e independiente, que el Consejo de Derechos Humanos debe crear sin más demoras.

El mismo día de la detención del capitán Rafael Acosta Arévalo, al menos otros cinco oficiales fueron detenidos, quienes, de acuerdo con la información que ha recibido Amnistía Internacional, han sido presentados ante el tribunal de control militar. No obstante, debido a las características del caso, a la vinculación de estos funcionarios a la situación del capitán Acosta Arévalo, así como a expresiones públicas de altos funcionarios que explicaron que algunos de ellos habían realizado “confesiones voluntarias”, 2 Amnistía Internacional teme por la vida e integridad de estas personas, todas ellas bajo custodia de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.

También, en recientes semanas, Amnistía Internacional ha recibido información sobre la desaparición forzada de Raúl Isaías Baduel, ex ministro de la defensa, quien el 12 de junio fue trasladado de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Plaza Venezuela, Caracas, donde se encontraba desde 2017, a un lugar desconocido. Desde entonces, su familia y sus abogados no cuentan con información sobre su paradero, integridad personal y situación jurídica. Baduel fue señalado en la misma trama de investigación en la que estarían involucrados, según el gobierno, el capitán Rafael Acosta Arévalo y los otros funcionarios.

Todos estos hechos no son casos aislados, forman parte de la política de represión que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos años en Venezuela. El uso de detenciones arbitrarias por motivos políticos, la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial, los indicios graves de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las personas detenidas, entre otros patrones, han sido identificados por la organización al punto que se ha concluido que la sistematicidad y generalidad con la que son llevados a cabo podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Amnistía Internacional considera que estos casos revisten una especial gravedad debido a que han ocurrido pocos días después de la visita de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Caracas, y de la aceptación por parte del gobierno al mando de Nicolás Maduro, de que dos representantes de aquella Oficina permanecerían en Venezuela haciendo monitoreo de la situación en el país. Los graves hechos anteriores señalan indudablemente que los mecanismos implementados hasta el momento para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos están siendo insuficientes para detener la política de represión, las graves violaciones a derechos humanos y la comisión de crímenes de derecho internacional.

Es por ello que Amnistía Internacional hace un llamado enérgico a la comunidad internacional para crear, sin más demora, una Comisión de Investigación a fin de investigar las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ello, a los fines de adoptar una medida que esté en consonancia con la gravedad de la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela.