Para decenas de testigos de Jehová procesados en toda Rusia por la abominable legislación antiextremista, la decisión de hoy transmite el desolador mensaje de que las represalias continuarán, y que pueden venir cosas mucho peores

En respuesta a la decisión de un tribunal de apelación ruso de confirmar la condena de seis años de prisión impuesta a Dennis Christensen, preso de conciencia y testigo de Jehová danés, Natalia Prilutskaya, investigadora de Amnistía Internacional sobre Rusia, ha declarado:

“La decisión de las autoridades rusas de confirmar la condena constituye una afrenta al derecho a libertad de religión y de asociación. Las autoridades han perdido la oportunidad de anular la sombría injusticia realizada con Dennis Christensen, quien fue puesto entre rejas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de religión y a mantener sus creencias pacíficas. Dennis Christensen debe quedar en libertad de forma inmediata e incondicional.”

“Para decenas de testigos de Jehová procesados en toda Rusia por la abominable legislación antiextremista, la decisión de hoy transmite el desolador mensaje de que las represalias continuarán, y que pueden venir cosas mucho peores.”

Información complementaria

El 23 de mayo, el Tribunal Regional de Oryol confirmó confirmó la decisión, tomada en febrero por el Tribunal de Distrito de Zheleznodorozhny, en Oryol, de condenar a Dennis Christensen a seis años en una colonia penal por “organizar las actividades de una organización extremista”. Desde la declaración de culpabilidad de Dennis Christensen se han llevado a cabo registros en las casas de más de 115 testigos de Jehová, unos registros que han dado lugar a 74 causas penales contra testigos de Jehová en toda Rusia. Con esto, la cifra total de testigos de Jehová sometidos a investigación en el país asciende a 197.

En abril de 2017, el Tribunal Supremo ruso resolvió que la organización de los Testigos de Jehová en Rusia debía prohibirse por extremista, debían detenerse sus actividades y debían confiscarse sus bienes, una decisión que Amnistía Internacional considera que viola flagrantemente el derecho a la libertad de religión.