Lunes, 20 de mayo, 2019

Ahmadreza Djalali, profesor universitario irano-sueco, necesita recibir con urgencia atención médica especializada no disponible en la prisión. Las autoridades iraníes habían impuesto para su traslado a un hospital fuera de la cárcel la condición de que vaya esposado, lo que constituye trato degradante.  Fue condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto, en el que se admitieron “confesiones” que, asegura, fueron obtenidas por medio de tortura


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Fiscal general de Teherán / Prosecutor General of Tehran
Ali Alghasi Mehr

Office of the Prosecutor

Corner (Nabsh-e) of 15 Khordad Square

Teherán, Irán

 

Señor Ali Alghasi Mehr:

Ahmadreza Djalali, médico y profesor universitario encarcelado en la prisión de Evin de Teherán, está privado de la atención médica especializada que necesita recibir con urgencia. El año pasado, tres análisis de sangre distintos indicaron que tiene pocos glóbulos blancos. Un médico que lo reconoció en la prisión a principios de 2019 dijo que tiene que ser examinado por especialistas en hematología y oncología en un hospital fuera de la prisión. Hasta la fecha, las autoridades no lo han llevado al hospital para que reciba la atención médica que necesita. Desde su detención, el 26 de abril de 2016, ha perdido 24 kilos y ahora pesa 51.

En dos ocasiones —la última en febrero de 2019— en que estaba previsto que fuera trasladado a un hospital fuera de la prisión para que lo viera un especialista, le dijeron el mismo día del traslado que no se llevaría a cabo éste si no iba esposado y con el uniforme carcelario. Él protestó contra estas condiciones degradantes, y las autoridades anularon el traslado como represalia. Amnistía Internacional considera que las condiciones impuestas para su traslado al hospital eran innecesarias y excesivas y que se concibieron deliberadamente con el fin de humillarlo y castigarlo. Este trato viola la prohibición absoluta de los tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en el derecho internacional; las autoridades tienen la obligación de tratar a las personas presas con respeto y de acuerdo con su dignidad inherente como seres humanos.

En noviembre de 2018, Ahmadreza Djalali fue operado de una hernia en un hospital fuera de la prisión porque sufría dolor severo. Tras la operación, le esposaron innecesariamente las piernas a la cama del hospital, lo que le causó angustia emocional, además de incomodidad física. Las autoridades lo llevaron de nuevo a la prisión menos de dos días después, a pesar de la recomendación médica de que continuara hospitalizado más tiempo. En febrero de 2019, un médico de la prisión le dijo que necesitaba someterse a un procedimiento de seguimiento para tratarse la hernia, pero no se lo han proporcionado aún.

Lo insto a proporcionar de inmediato a Ahmadreza Djalali la atención médica especializada que necesita fuera de la prisión y a garantizar que se deja de utilizar la negación de atención médica oportuna y adecuada como forma adicional de castigo. Le pido además que garantice que es puesto en libertad de inmediato y se reconoce su derecho exigible a una indemnización, como ha reconocido en su caso el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.

 

Atentamente,

[NOMBRE]


Información complementaria

Ahmadreza Djalali, profesor universitario irano-sueco residente en Suecia, estaba de viaje en Irán por motivos profesionales cuando lo detuvieron, el 26 de abril de 2016. Funcionarios del Ministerio de Inteligencia lo recluyeron en la prisión de Evin durante siete meses.  Pasó tres meses en régimen de aislamiento, sin acceso a un abogado. Ha dicho que, durante ese tiempo, lo sometieron a tortura y otros malos tratos para obligarlo a “confesar” que era un espía. Entre otras cosas, amenazaron con ejecutarlo a él, a sus hijos —que viven en Suecia— y a su anciana madre, que vive en Irán. Asegura que lo obligaron a hacer “confesiones” ante una cámara de vídeo leyendo declaraciones escritas previamente por sus interrogadores. Niega las acusaciones vertidas contra él y afirma que han sido fabricadas por las autoridades.

Ahmadreza Djalali fue condenado a muerte por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) en octubre de 2017, tras un juicio manifiestamente injusto ante la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Amnistía Internacional ha sostenido constantemente que el delito de “corrupción en la tierra” no cumple los requisitos de claridad y precisión que impone el derecho internacional e infringe, además, el principio de legalidad y seguridad jurídica. En una carta escrita desde la prisión de Evin de Teherán en agosto de 2017, Ahmadreza Djalali dijo que estaba recluido únicamente como represalia por haberse negado a utilizar sus contactos profesionales en instituciones europeas para espiar para Irán. El 9 de diciembre de 2018, sus abogados supieron que la Sala 1 del Tribunal Supremo había confirmado sumariamente la condena a muerte sin darles la oportunidad de presentar documentación para la defensa de su cliente. El 17 de diciembre, una televisión estatal iraní emitió la “confesión” de Ahmadreza Djalali durante un programa titulado Cortar de raíz y en el que se intercalaron con la “confesión música dramática, gráficos e imágenes de noticias internacionales, a la vez que una voz lo presentaba a él como “espía”. Al obtener y emitir esta “confesión” forzada, las autoridades iraníes violaron el derecho de Ahmadreza Djalali a la presunción de inocencia, así como su derecho a no ser obligado a declararse culpable. Ahmadreza Djalali ha dicho que la “confesión” emitida era la que se filmó cuando estuvo recluido en régimen de aislamiento, sin acceso a un abogado. Desde diciembre de 2017, su abogado ha presentado al menos dos solicitudes de revisión judicial de la causa; la primera fue rechazada, y la decisión sobre la segunda, presentada en enero de 2019, sigue pendiente.

En noviembre de 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió a Irán que dejara de inmediato en libertad a Ahmadreza Djalali y le concediera el derecho exigible a una indemnización y otras formas de reparación, pues había sido detenido sin orden judicial, no había sido acusado formalmente hasta 10 meses después de su detención y se le había impedido de manera efectiva ejercer su derecho a impugnar la legalidad de su detención. También determinó que se había violado su derecho a un juicio justo con gravedad suficiente como para considerar su privación de libertad de carácter arbitrario.

La negativa de las autoridades a proporcionar atención médica a las personas presas constituye tortura si es intencionada y causa “dolores o sufrimientos graves” con fines de castigo, coacción, intimidación, obtención de una confesión o cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación. Para más información, véase el informe de Amnistía Internacional Health care taken hostage: Cruel denial of medical care in Iran’s prisons, 18 de julio de 2016,

 

Pueden escribir llamamientos en: Persa, inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 27 de junio de 2019

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: Ahmadreza Djalali (masculino)

Enlace a la AU anterior: https://www.amnesty.org/es/documents/mde13/7353/2017/es/