Casi cuatro años después de que Sri Lanka se comprometiera a establecer mecanismos de justicia transicional en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, apenas se ha avanzado respecto a la rendición de cuentas por delitos de derecho internacional y otras violaciones y abusos contra los derechos humanos

Cuando se cumplen diez años del final de las tres décadas de conflicto armado interno de Sri Lanka, Amnistía Internacional pide al gobierno srilankés que termine con la impunidad y haga que la rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional y las violaciones y abusos contra los derechos humanos sea la piedra angular de su proceso de justicia transicional.

Los terribles atentados del domingo de Pascua que se cobraron la vida de más de 250 personas en tres iglesias y tres hoteles el 21 de abril de 2019, así como los que les siguieron, son un recordatorio de que la violencia sigue atormentando Sri Lanka.

Casi cuatro años después de que Sri Lanka se comprometiera a establecer mecanismos de justicia transicional en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, apenas se ha avanzado respecto a la rendición de cuentas por delitos de derecho internacional y otras violaciones y abusos contra los derechos humanos. Esta falta de respuesta a casos emblemáticos clave, al consolidar un clima de impunidad, ha permitido que las tensiones étnicas y religiosas ahonden las fracturas sociales, como durante los recientes atentados contra casas, negocios y lugares de culto musulmanes.

“Resulta preocupante ver cómo la hostilidad y la violencia contra las minorías étnicas y religiosas se repiten en Sri Lanka. Aunque el gobierno se ha comprometido a llevar a cabo un proceso de reconciliación, las heridas del pasado sólo cicatrizarán si hay justicia, verdad y reparación”, ha dicho Biraj Patnaik, director de Amnistía Internacional para Asia Meridional.

“Mientras sigan quedando impunes graves crímenes de derecho internacional, Sri Lanka no podrá romper decididamente con esa parte de su historia.”

Casos emblemáticos

En 2010, el famoso caricaturista Prageeth Eknaligoda fue sometido a desaparición forzada. Hacia el final de los 26 años de conflicto hubo otros casos de desaparición forzada. Sri Lanka tiene una de las cifras de desapariciones forzadas más elevadas del mundo, entre 60.000 y 100.000 denuncias sin resolver desde finales de la década de 1980. Las familias de las personas desaparecidas siguen exigiendo conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos.

El caso de ‘los cinco de Trinco’, cinco estudiantes tamiles ejecutados sumariamente al parecer por las Fuerzas Especiales de Sri Lanka, data de 2006. También de 2006 es el homicidio de 17 miembros del personal de la organización de ayuda humanitaria francesa Acción contra el Hambre en Muttur. A las víctimas de estas violaciones de derechos humanos y sus familiares se les ha seguido negando la justicia.

El incidente de la cárcel de Welikada en 2012, en el que al parecer fueron ejecutados 27 reclusos, el secuestro de 11 jóvenes en Colombo en 2008/2009, al parecer por fuerzas de la Marina, el asesinato del político tamil Nadarajah Raviraj en 2006, el asesinato de Lasantha Wickrematunge, director de The Sunday Leader en 2009, son sólo unos pocos ejemplos.

Todos estos ejemplos son casos en que el gobierno de Sri Lanka no ha ofrecido justicia a las víctimas. Falta voluntad política para aplicar un proceso de rendición de cuentas creíble, y esto impide que el país cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Resolucion 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El gobierno de Sri Lanka, en la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos, se comprometió a crear cuatro mecanismos de justicia de transición: una oficina de personas desaparecidas, una comisión de búsqueda de la verdad, una oficina sobre reparaciones y un tribunal especial con asesoramiento letrado independiente. El gobierno reafirmó dos veces su compromiso con la resolución en las resoluciones 34/1 y 40/1. El ritmo que el gobierno ha imprimido a todo el proceso es decepcionante.

“Han pasado más de dos años desde la aprobación de la Resolución 30/1 y este retraso ha socavado la fe de las víctimas en todo el proceso de justicia transicional. Es importante que el gobierno de Sri Lanka cumpla con su obligación de garantizar la justicia y ofrezca vías efectivas de recurso a las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado”, ha dicho Biraj Patnaik.

Liberacion de tierras

El presidente de Sri Lanka se comprometió a devolver a sus legítimos propietarios civiles el resto de las tierras del norte y el este del país para finales de 2018, pero el ejército, las Fuerzas de Defensa Civil y otras agencias estatales siguen ocupándolas diez años después del final del conflicto armado.

Oficina de Personas Desaparecidas

Si bien Amnistía Internacional acoge con satisfacción la creación por parte del gobierno de la Oficina de Personas Desaparecidas, a la organización le preocupa que haya incumplido compromisos clave, especialmente el de rendición de cuentas. 
“Las familias de los desaparecidos siguen esperando a conocer la verdad de lo ocurrido a sus seres queridos, y las de quienes se rindieron al acabar la guerra en 2009 y más tarde desaparecieron están perdiendo la fe en los mecanismos del gobierno, que aún no han ofrecido ninguna respuesta. Las población de las zonas afectadas por la guerra continúa exigiendo respuestas”, ha dicho Biraj Patnaik.

Ley de Prevencion del Terrorismo

Otro de los compromisos fundamentales contraídos por el gobierno con arreglo a la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos fue revisar y derogar la Ley de Prevención del Terrorismo y sustituirla por una nueva ley de lucha contra el terrorismo que fuera compatible con las leyes y normas internacionales contemporáneas.

Sin embargo, las autoridades siguen utilizando la Ley de Prevención del Terrorismo. Los ataques a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas en el país se han reducido, pero la ausencia de rendición de cuentas significa que estos colectivos son vulnerables a futuros ataques.

Las personas que siguen detenidas en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo por sospecharse que tienen vínculos con los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE) deben ser acusadas de algún delito reconocido internacionalmente o quedar en libertad.

“Sri Lanka debe a sus ciudadanos un futuro que no se vea empañado por la recurrencia del conflicto. Todas las personas sospechosas de responsabilidad penal por violaciones y abusos contra los derechos humanos, tanto a manos del Estado como de grupos armados no estatales, deben rendir cuentas ante tribunales civiles ordinarios para garantizar la no repetición. En el décimo aniversario del final de una guerra de tres décadas, esto es un recordatorio para que Sri Lanka no deje que la historia se repita y ofrezca a las personas la justicia que han estado esperando”, ha afirmado Biraj Patnaik.

Informacion complementaria

En 2015, Sri Lanka copatrocinó la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la ONU para promover la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en el país, una oportunidad para que el gobierno recién elegido demostrara que estaba comprometido a romper con la impunidad de un pasado lleno de graves violaciones de derechos humanos.

Fueron unos compromisos críticos de reconciliación y justicia transicional tras el conflicto. A pesar de las dos prórrogas concedidas, cada una de dos años, los compromisos clave de la resolución no se han cumplido. El proceso de la Comisión de Experiencia Adquirida y Reconciliación creada en 2010 por el gobierno tampoco se embarcó en un proceso de justicia transicional efectivo para las personas afectadas.

En octubre de 2018 se aprobó el marco legal de la Oficina de Personas Desaparecidas, cuyos miembros fueron elegidos en abril de 2019. Aunque según informes el gabinete ha aprobado recientemente el marco legal de la Comisión de Verdad, Justicia, Reconciliación y no Repetición, el proyecto de ley aún no se ha dado a conocer públicamente.

Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que garantice que Sri Lanka cumple sus compromisos concretos en el plazo establecido.