Los ataques deliberados contra personas y bienes civiles, y los ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles, constituyen crímenes de guerra. Todas las partes tienen la obligación absoluta prevista por el derecho internacional de proteger las vidas civiles y distinguir claramente entre civiles y combatientes durante sus ataques

Transcurridas seis semanas, la ofensiva para hacerse con Trípoli ha dado lugar a ataques ilegítimos que podrían constituir crímenes de guerra que deben ser investigados por fiscales internacionales. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al tiempo que revela indicios de ataques indiscriminados contra zonas civiles en la capital libia.

La organización ha recopilado relatos de testigos y ha analizado imágenes por satélite, y todo ello indica que, durante un episodio de intensos combates entre el 15 y el 17 de abril, se atacaron indiscriminadamente con cohetes zonas residenciales densamente pobladas en el distrito de Abu Salim, Trípoli.

Amnistía Internacional también ha documentado ataques que han puesto en peligro la vida de cientos de personas refugiadas y migrantes.

“Durante la batalla por Trípoli, las partes enfrentadas han mostrado un vergonzoso desprecio por la seguridad de la población civil y por el derecho internacional humanitario, al lanzar ataques indiscriminados contra barrios residenciales. Esos imprudentes ataques podrían tener consecuencias devastadoras para la población civil y refuerzan la necesidad de que la Corte Penal Internacional amplíe sus investigaciones sobre posibles crímenes de guerra cometidos por todas las partes del conflicto de Libia”, ha manifestado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Los ataques deliberados contra personas y bienes civiles, y los ataques indiscriminados que matan o hieren a civiles, constituyen crímenes de guerra. Todas las partes tienen la obligación absoluta prevista por el derecho internacional de proteger las vidas civiles y distinguir claramente entre civiles y combatientes durante sus ataques.”

Desde que, el 4 de abril, comenzó el avance de las fuerzas del general Khalifa Haftar hacia Trípoli, más de 454 personas han muerto y 2.154 han resultado heridas, según la Organización Mundial de la Salud. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU ha confirmado 111 víctimas civiles, entre ellas al menos 23 muertes de civiles; se teme que la cifra de muertes de civiles siga aumentando. Entre las personas muertas y heridas hay personal médico.

Aproximadamente 70.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa de los combates. Un voluntario en un refugio improvisado que alberga a personas desplazadas en una escuela de Fornaj, en el sureste de Trípoli, declaró que algunas de las personas desplazadas habían visto cómo se destruían de nuevo las casas que habían reconstruido tras el conflicto de 2011. La situación humanitaria también se ha deteriorado, y se está informando de frecuentes cortes de electricidad y de una escasez de suministros médicos hospitalarios.

Ataques indiscriminados contra zonas residenciales

Amnistía Internacional investigó los ataques ocurridos entre el 15 y el 17 de abril e identificó tres zonas del distrito de Abu Salim, en Trípoli —Hay al Intissar, Hay Salaheddin y un barrio conocido localmente como los “edificios Kikla”— que fueron alcanzadas por armas de poca precisión lanzadas por atacantes que no tomaron las precauciones necesarias para proteger las vidas y los bienes civiles.

La noche del 16 de abril, los residentes informaron de una serie de ataques con cohetes en Hay al Intissar. Un testigo presencial dijo que cinco cohetes habían alcanzado cinco casas diferentes: habían matado a cuatro mujeres y un hombre y habían herido a una niña. La pequeña fue trasladada al hospital en estado crítico, pero sobrevivió.

El análisis realizado por Amnistía Internacional de las imágenes de satélite de Abu Salim entre el 13 y el 17 de abril confirma los daños causados a dos lugares densamente edificados en Abu Salim, así como daños en la cercana zona residencial de Hay Salaheddin.

Basándose en imágenes por satélite, en relatos de testigos y en relatos de otras fuentes dignas de crédito, Amnistía Internacional no pudo ver bases o controles militares y tampoco encontró indicios visibles que sugieran que en ninguna de las zonas residenciales había algún objetivo militar en el momento de los ataques.

La zona está controlada por las Fuerzas de Seguridad Central de Abu Salim, una milicia afiliada al Gobierno de Acuerdo Nacional, radicado en Trípoli. Sin embargo, los testigos presenciales dijeron que no había combatientes presentes en la zona.

“Hay al Intissar es una zona estrictamente residencial. Había familias y niños viviendo su vida”, declaró un testigo que explicó que todos los combatientes afiliados al Gobierno de Acuerdo Nacional habían abandonado la zona para ir a las primeras líneas de combate.

Los “edificios Kikla”, un gran complejo residencial al sur de Hay Salahaddin, a unos dos kilómetros de Hay al Intissar, fueron atacados el 15 de abril.

Según un testigo presencial, un cohete alcanzó una empresa de construcción adyacente al complejo residencial. Otro cohete alcanzó un apartamento en la tercera planta de uno de los edificios residenciales, e hirió al menos a dos personas.

Amnistía Internacional verificó y analizó de forma independiente múltiples fotos del lugar del ataque, e identificó daños por fragmentos de munición en una casa civil, así como restos que coinciden con proyectiles de artillería, incluidos cohetes tipo GRAD de 122 mm. Un tercer cohete cayó en el suelo, según testigos presenciales, y no causó lesiones.

Basándose en su análisis de las imágenes por satélite, así como en tres entrevistas con residentes, Amnistía Internacional no encontró indicios visibles de que en el momento de estos ataques hubiera en los “edificios Kikla” ningún objetivo militar.

Amnistía Internacional no pudo determinar de manera concluyente qué bando había lanzado cualquiera de los ataques contra Hay al Intissar, Hay Salahaddin o los “edificios Kikla”.

Además, Amnistía Internacional verificó y geolocalizó vídeos y fotos publicados en redes sociales que muestran los daños en casas civiles y otros bienes de carácter civil como una mezquita, ambulancias e instalaciones escolares.

Tanto las fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional como el autoproclamado Ejército Nacional Libio, encabezado por el general Haftar, se han culpado mutuamente de los ataques indiscriminados del 16 de abril contra barrios residenciales del sur de Trípoli. Sin embargo, todas las personas residentes de Abu Salim entrevistadas creían que las responsables eran fuerzas afiliadas al Ejército Nacional Libio.

Las fotografías examinadas por Amnistía Internacional confirman que los arsenales tanto del Ejército Nacional Libio como del Gobierno de Acuerdo Nacional incluyen cohetes de 107 mm y lanzacohetes GRAD. Dos imágenes publicadas en las redes sociales muestran a un combatiente del Ejército Nacional Libio posando ante lanzacohetes GRAD BM-21.

Tanto los cohetes de 107 mm como los cohetes GRAD son proyectiles no guiados y poco precisos que no deberían ser utilizados en zonas civiles en salvas, en las que se disparan múltiples cohetes de una sola vez, lo que imposibilita distinguir entre objetivos militares y civiles.

“El uso de artillería y otras armas imprecisas como los cohetes tipo GRAD en zonas civiles está prohibido por el derecho internacional humanitario, y esos ataques indiscriminados pueden constituir crímenes de guerra. En los dos casos documentados, los atacantes hicieron flagrantemente caso omiso de su obligación de tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo el sufrimiento de la población civil”, ha manifestado Magdalena Mughrabi.

Ataques a centros de detencion de personas migrantes y refugiadas

La noche del 7 de mayo, un ataque aéreo alcanzó un punto a unos 100 metros del centro de detención de migrantes de Tajoura, en el este de Trípoli, donde unas 500 personas migrantes y refugiadas permanecían detenidas en hangares de aviación en desuso. Los testigos presenciales describieron el “aterrador” sonido del ataque, y dijeron que había provocado el desmayo de algunas personas.

Según el ACNUR, dos detenidos resultaron heridos en el ataque. Médicos Sin Fronteras declaró que los restos de metal pesado del ataque atravesaron el tejado de uno de los hangares donde había recluidas mujeres y casi alcanzaron a un bebé.

Tanto los relatos de testigos como las imágenes por satélite que analizó Amnistía Internacional sugieren que el ataque aéreo alcanzó un vehículo blindado junto a un almacén que, según las personas detenidas, se utiliza para guardar armas, y que está situado en el mismo recinto que el centro de detención de inmigrantes. Las imágenes muestran también numerosos vehículos blindados en la zona, lo que sugiere que los combatientes están utilizando el recinto del centro de detención como complejo militar.

El ataque coincide con un patrón de ataques aéreos nocturnos lanzados por drones del Ejército Nacional Libio, manejados por EAU y que utilizan aeronaves Wing Loong de fabricación china que disparan misiles Blue Arrow 7.

Dos personas detenidas en el centro de Tajoura dijeron a Amnistía Internacional que las habían obligado a realizar, contra su voluntad, actividades relacionadas con el conflicto, como cargar y descargar armas y limpiar ametralladoras pesadas.

Tan sólo unos días después, el 10 de mayo, otro ataque aéreo alcanzó las cercanías del centro de detención, según contaron a Amnistía Internacional tres personas allí recluidas.

“Al recluir a personas migrantes y refugiadas en un lugar tan próximo a un emplazamiento militar activo, las autoridades libias están poniendo en peligro la vida de civiles que están completamente a su cargo. Deberían estar haciendo todo lo posible para alejar a esas personas de objetivos militares. Las denuncias de que a algunas de las personas detenidas se las obligó a trabajar en los emplazamientos militares contra su voluntad señalan una práctica que también viola el derecho internacional”, ha manifestado Magdalena Mughrabi.

En otro incidente diferente, testigos presenciales dijeron a Amnistía Internacional que, el 23 de abril, unos hombres armados abrieron fuego contra personas migrantes y refugiadas recluidas en el centro de detención de Qasr Ben Ghashir, en el sur de Trípoli. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), al menos 12 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

Según testigos presenciales, hasta 15 hombres entraron en el centro, y algunos empezaron a confiscar los teléfonos a las personas detenidas; además, ordenaron a un grupo de detenidos cristianos que rezaban sus oraciones de Pascua que dejaran de hacerlo. Cuando los detenidos se negaron, empezaron a disparar. Los indicios reunidos por la organización sugieren que los responsables del ataque al centro fueron combatientes afiliados al Ejército Nacional Libio, que controla la zona en la que se encuentra el centro.

“En lugar de poner en peligro las vidas de personas migrantes y refugiadas atrapadas bajo custodia, las autoridades libias deberían liberar de inmediato a estas personas y garantizar su seguridad. Es urgente evacuar a las personas migrantes y refugiadas a zonas más seguras, incluida Europa”, ha manifestado Magdalena Mughrabi.

Circulo de abusos

Además de los abusos cometidos en el transcurso de las hostilidades, la ONU ha informado de un aumento de la detención arbitraria, los secuestros, los raptos y la desaparición forzada desde que estallaron los combates en Trípoli y sus alrededores.

“El aumento de los informes de secuestros y detenciones arbitrarias por ambas partes del conflicto desde que comenzó la ofensiva de Trípoli resulta sumamente alarmante. Nadie debería sufrir secuestro o detención arbitraria simplemente por sus antecedentes o su afiliación política”, ha manifestado Magdalena Mughrabi.

“El implacable círculo de crecientes abusos significa que es aún más necesario que los Estados apliquen íntegramente el embargo de armas impuesto por la ONU a Libia. Debe establecerse un sistema significativo de rendición de cuentas para investigar las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes enfrentadas, y los responsables deben responder de sus actos.”