Lo sucedido desde el 21 de abril de 2019 ha hecho que muchas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo afectadas no se atrevan a aventurarse más allá de sus refugios temporales e incluso no se sientan ya a salvo en Sri Lanka.

El gobierno de Sri Lanka debe garantizar de inmediato seguridad, alimentos, refugio y atención de la salud adecuados a más de 1.100 personas refugiadas y solicitantes de asilo a quienes turbas violentas expulsaron de sus hogares tras la matanza del domingo de Pascua, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Atenazadas por el temor a nuevos ataques a medida que aumenta la violencia contra la comunidad musulmana, estas personas viven en la actualidad hacinadas en centros comunitarios y en una comisaría de policía que les han proporcionado compasivamente a modo de refugio temporal. Soportan terribles condiciones, sin sitios adecuados para dormir, instalaciones sanitarias limpias y apropiadas ni acceso a servicios médicos donde ser atendidas de las enfermedades que han empezado a proliferar en los refugios improvisados.

Acosadas por muchedumbres que las culpan de los atentados que, el 21 de abril, se cobraron más de 250 vidas en tres iglesias y tres hoteles, estas personas refugiadas y solicitantes de asilo —muchas de ellas pertenecientes a minorías religiosas perseguidas de Afganistán, Irán y Pakistán— afirman que están reviviendo los horrores que las obligaron a abandonar sus países.

Se han visto desposeídas ya dos veces debido a su origen. Esperaban encontrar seguridad en Sri Lanka, tras huir de la violencia de turbas fanáticas en sus países, y se enfrentan ahora a los mismos temores que las obligaron a marcharse de ellos, sin poder salir de sus refugios pese a las terribles condiciones que soportan”, ha afirmado Biraj Patnaik, director de Amnistía Internacional para Asia meridional.

“El gobierno de Sri Lanka tiene la obligación de garantizar que se devuelve de inmediato la dignidad a estas personas. Necesitan seguridad para estar protegidas, alimentos para comer, profesionales que las atiendan de sus necesidades médicas urgentes, sitios cómodos donde dormir con intimidad, y lugares limpios donde los hombres y las mujeres puedan bañarse y utilizar instalaciones sanitarias en condiciones de seguridad y por separado.”

Proceden de comunidades musulmanas ahmadíes, chiíes y cristianas de Pakistán y de la minoría hazara chií de Afganistán, y también hay entre ellas refugiados y refugiadas políticos de Irán y Pakistán.

En Pakistán, la comunidad musulmana ahmadí sufre discriminación oficial en la legislación del país, así como violencia ejercida por grupos armados. La población cristiana de Pakistán ha caído presa de la imprecisa y coercitiva legislación del país sobre la blasfemia y sufre brutales ataques de muchedumbres. En Afganistán, grupos armados sectarios, entre ellos el autodenominado “Estado Islámico”, atacan reiteradamente a la comunidad hazara chií.

Ataque tras la matanza del domingo de Pascua

Desde el 22 de abril de 2019, en la zona de Negombo, turbas de jóvenes —y, a veces, hombres armados— comenzaron a ir de puerta en puerta en busca de personas refugiadas y solicitantes de asilo de países de mayoría musulmana a las que expulsar de sus hogares. Hasta entonces, las personas refugiadas y solicitantes de asilo afirman que vivían en paz en la zona, sin encontrar hostilidad más que en contadas ocasiones.

Sin embargo, la situación cambió tras los atentados del domingo de Pascua, uno de los cuales mató a más de 100 personas en la iglesia de San Sebastián de Negombo. Algunas personas refugiadas y solicitantes de asilo dijeron a Amnistía Internacional que en la zona de Negombo se había propagado el rumor de que la comunidad de origen paquistaní estaba detrás de los atentados, por lo que habían surgido turbas violentas que buscaban represalias.

“Vino un grupo de hombres, algunos de los cuales llevaban palos con clavos. Algunos estaban borrachos”, contó a la organización Naseem John, paquistaní de 57 años, de religión católica, de Karachi. “Dijeron que éramos paquistaníes y teníamos que marcharnos de la zona antes de dos horas. Les explicamos que somos también católicos, como las víctimas muertas en la iglesia. Dijeron: ‘No importa; seguís siendo paquistaníes. Tenéis que marcharos’.”

Las personas refugiadas y solicitantes de asilo de Afganistán y Pakistán contaron a Amnistía Internacional que, en varios casos, los propietarios de las casas donde vivían de alquiler habían intervenido, diciendo a las muchedumbres que no atacaran a sus inquilinos y ayudándolos luego a huir. Algunas mujeres musulmanas ahmadíes explicaron que, presas del pánico, habían huido sin poder llevarse siquiera los pañuelos de cabeza ni otras prendas de carácter religioso.

Las familias recibieron mensajes de su comunidad donde les decían que se dirigieran a las comisarías de policía y a los lugares de culto que conocieran. Numerosas familias explicaron que les había costado mucho encontrar medios de transporte, pues muchos servicios de taxi se negaban a llevarlas, a veces instigados directamente por las turbas.

“Cuando tuve que dejar mi casa en Negombo, lloré mucho”, contó Nargis Alizada, refugiada hazara chií de Afganistán. “Me recordó la dura realidad de nuestra situación, que no estamos a salvo ni en nuestro país ni aquí. Me siento vulnerable e insignificante.”

El 25 de abril de 2019, una turba de centenares de personas, entre las que había monjes budistas, se congregó ante uno de los refugios temporales a los que habían acudido las personas refugiadas y solicitantes de asilo en busca de seguridad.

Profirió amenazas y arrojó piedras, algunas de las cuales cayeron en el recinto del centro comunitario y golpearon incluso un edificio donde se habían refugiado mujeres y niños y niñas, traumatizándolos una vez más.

“Mi hija no deja de temblar, y tiene fiebre desde el jueves, cuando la muchedumbre congregada fuera comenzó a arrojarnos piedras. No deja de preguntar: ‘¿Son los mismos hombres malos [de Pakistán]?’”, contó Afiya Aslam, musulmana ahmadí, cuya familia huyó de Pakistán tras unos ataques perpetrados contra su mezquita en Dhumial, Chakwal, en diciembre de 2016.

Temor de nuevos ataques

Lo sucedido desde el 21 de abril de 2019 ha hecho que muchas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo afectadas no se atrevan a aventurarse más allá de sus refugios temporales e incluso no se sientan ya a salvo en Sri Lanka.

“Nos sentimos a salvo aquí [en la comisaría de policía], pero nos da miedo salir. La policía ha dicho que puede protegernos aquí, pero no fuera”, explicó Habib-ur-Rehman, solicitante de asilo de Pakistán de 35 años.

La agencia de la ONU para los refugiados ha intentado reubicar a algunas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en otras partes de Sri Lanka, pero de momento no lo ha conseguido. Las han rechazado tres veces.

Un autobús llevó al grupo hasta Colombo, pero la policía no nos dejó bajar de él. En otra ocasión se dijo a algunas personas que se refugiaran en una iglesia, pero encontraron la oposición de una turba enfurecida, en la que había monjes budistas.

El 8 de mayo, en la localidad de Ambalantota, se organizó una manifestación en contra de la presencia de personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Lo sucedido desde la matanza del domingo de Pascua ha hecho que muchas personas refugiadas y solicitantes de asilo teman por su seguridad en Sri Lanka, pues comparan estas penalidades con las que las obligaron a abandonar sus países.

“Este era un país pacífico, pero ya no lo es”, afirmó Nobil John, paquistaní de 27 años, de religión católica, de Karachi. “Queremos seguridad. No podemos volver [a Pakistán] ni podemos quedarnos ya aquí. Si [los grupos armados] pueden atacar a otras personas, ¿quién nos defenderá? Queremos ir a algún lugar donde podamos vivir en paz y con dignidad”.

Vida en condiciones de hacinamiento y antihigiènicas

En los refugios temporales donde han buscado seguridad, las personas refugiadas y solicitantes de asilo viven en condiciones de hacinamiento y antihigiénicas, sin acceso fiable a servicios básicos. Duermen todas sobre el duro suelo, con una fina lámina de plástico o una sábana bajo el cuerpo y sin espacio siquiera para darse la vuelta. Las que están a la intemperie duermen sobre palés de madera para protegerse del agua de lluvia.

En la comisaría de policía y los centros comunitarios, todas las familias cuentan que al menos uno de sus miembros está enfermo.

La gente padece fiebre, infecciones, enfermedades respiratorias o diarrea, y, especialmente entre las personas ancianas, es frecuente la hipertensión arterial. No hay centros médicos adecuados cerca, y la gente no puede aventurarse a salir sola. Hay personal médico que visita el refugio temporal, pero para casos concretos. Un grupo de hombres paquistaníes dijeron a Amnistía Internacional que el personal del hospital de Negombo los recibía con hostilidad.

Una mujer se había visto obligada a dar a luz en el refugio temporal donde estaba antes de que llegara la ayuda médica. Otra había intentado desesperadamente asistirla, aunque ninguna de las dos tenía la formación precisa y no disponían del material médico necesario para facilitar el parto. Hay al menos 15 mujeres embarazas entre las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

En un lugar que acoge a más de 600 personas musulmanas ahmadíes, una mujer corría de un sitio a otro buscando desesperadamente a alguien que ayudara a su hija, que tenía diarrea. “A mi hija no le queda nada de agua en el cuerpo”, explicó a Amnistía Internacional.

En una comisaría de policía donde se habían refugiado más de 180 personas, las mujeres no tenían ninguna intimidad. Por la noche tenían que dormir a la intemperie, bajo un simple toldo y cerca de hombres a quiénes no conocían. De día se sentían incómodas al tener que tumbarse o descansar con hombres a su alrededor. Las madres lactantes contaban que no tenían un lugar con intimidad donde amamantar a sus bebés.

En la comisaría, mujeres y hombres tenían que utilizar el mismo cuarto de baño, formado por uno o dos reducidos espacios con sendas duchas y retretes. No había instalaciones separadas.

Con temperaturas por encima de los 30 °C, la gente se ve obligada a sentarse durante el día bajo el sol abrasador y en medio de un enjambre de mosquitos. Cuando llueve, corre el riesgo de empaparse, pues el suelo se encharca y el agua inunda los lugares donde duermen.

Además, la lluvia trae consigo otros peligros. En un lugar la gente contaba que tenían que espantar a las serpientes y los puercoespines que invadían sus refugios. Algunas de las personas refugiadas y solicitantes de asilo habían contraído infecciones cutáneas.

Muchas de las familias contaban que no tenían medios para mandar a sus hijas e hijas a la escuela, y los pocos niños y niñas que asistían a clase han tenido que dejar de hacerlo.

Las mujeres musulmanas ahmadíes, muchas de las cuales son practicantes, explicaban a Amnistía Internacional que les preocupaba la prohibición del niqab, o velo, impuesta por el gobierno srilankés tras los atentados del domingo de Pascua.

En Sri Lanka, la comunidad musulmana ahmadí podía practicar libremente su religión, sin temor a sufrir represalias. Ahora, muchas mujeres musulmanes ahmadíes afirman que la prohibición del velo supone que no pueden ir a lugares públicos, ni siquiera a comprar productos básicos para sus familias.

Recomendaciones

A pesar de las penalidades, muchas personas refugiadas y solicitantes de asilo dijeron a Amnistía Internacional que se identificaban con la población srilankesa tras la tragedia del domingo de Pascua; afirmaban que sabían lo que se siente al sufrir ataques de grupos armados debido al origen religioso.

“Compartimos el dolor por el que la gente srilankesa está pasando. Llevamos 40 años viviendo con él”, explicó Jawid Akram Nazari, refugiado hazara chií de Afganistán, a Amnistía Internacional. “Apreciamos el apoyo que la gente nos ha prestado hasta ahora. Espero que mejoremos la cultura de tolerancia y aceptación mutuas y vivamos juntos y en paz [...] Se nos debe tratar con el respeto y la dignidad que merecemos como seres humanos.”

Amnistía Internacional insta al gobierno srilankés a:

1. proporcionar seguridad efectiva a las personas refugiadas y solicitantes de asilo dondequiera que estén;
2. reubicarlas provisionalmente en refugios temporales donde estén protegidas y puedan vivir en condiciones de seguridad y con dignidad;
3. proporcionarles de inmediato atención médica, alimentos, saneamiento y refugio temporal adecuado y garantizar que las mujeres y las niñas, en especial las mujeres embarazadas, tienen acceso a instalaciones sanitarias separadas y atención de la salud;
4. garantizar que ninguna de estas personas es devuelta a su país de origen ni a ningún otro lugar donde esté expuesta a sufrir violaciones graves de derechos humanos, lo que constituiría un incumplimiento del principio jurídico internacional de no devolución (non-refoulement).

Amnistía Internacional insta al Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) a:

1. acelerar las solicitudes de asilo y los recursos teniendo en cuenta las necesidades de las personas que corran especial riesgo;
2. asignar los recursos necesarios a las operaciones del ACNUR en Sri Lanka, lo que incluye proporcionar agentes de protección y servicios de traducción.

Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional a:

1. aumentar el número de personas refugiadas reasentadas desde Sri Lanka dada la situación actual y acelerar el proceso de reasentamiento;
2. buscar vías alternativas para que las personas refugiadas y solicitantes de asilo encuentren un futuro fuera de Sri Lanka, incluidos patrocinio comunitario, visados de estudio, visados médicos, permisos de trabajo y visados de emergencia o humanitarios.

“El gobierno srilankés y la comunidad internacional pueden cambiar de inmediato esta terrible situación si tienen voluntad política. No estamos hablando en absoluto de un gran número de personas refugiadas y solicitantes de asilo. No cuesta mucho garantizarles la seguridad que necesitan y la dignidad que merecen”, ha afirmado Biraj Patnaik.

“Esta podría ser una historia de la que Sri Lanka se sienta orgullosa. Pero si no toman medidas, esta situación amenaza con convertirse en una tragedia humanitaria que avergonzará a Sri Lanka en los próximos años.”