En el informe “Su casa es mi prisión”: explotación de las trabajadoras domésticas migrantes en Líbano, se documentan ocho casos de trabajo forzoso y trata de personas. En todos ellos, las mujeres entrevistadas no podían dejar su empleo y se veían obligadas a trabajar por temor a las consecuencias si se marchaban. Algunas mujeres que sufrían abusos habían pedido a las personas para las que trabajaban que las devolvieran a la agencia de contratación o a su país de origen

El nuevo gobierno de Líbano debe aprovechar la ocasión para poner fin al sistema de kafala (patrocinio), en virtud del cual las trabajadoras domésticas migrantes se hallan atrapadas en una espantosa red de abusos que abarcan desde condiciones laborales que constituyen explotación hasta trabajo forzoso y trata de personas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy con motivo de la publicación del informe de presentación de una nueva campaña.

'Their home is my prison’: Exploitation of migrant domestic workers in Lebanon (“Su casa es mi prisión”: explotación de las trabajadoras domésticas migrantes en Líbano) arroja luz sobre los graves abusos contra los derechos humanos que sufren a manos de sus empleadores muchas de las 250.000 personas migrantes, en su mayoría mujeres, empleadas en el servicio doméstico en el país. A pesar de los llamamientos hechos durante años por la comunidad de derechos humanos para que se ponga fin al sistema de kafala, los anteriores gobiernos libaneses no se han ocupado de manera significativa de estos abusos ni garantizado a las víctimas un recurso efectivo.

“Es indignante que los sucesivos gobiernos libaneses hayan hecho oídos sordos al catálogo de abusos a que son sometidas las trabajadoras domésticas migrantes en su lugar de trabajo. Debido al sistema de kafala, estas casas particulares se han convertido en muchos casos en poco más que prisiones para las trabajadoras, a las que a menudo se trata con sobrecogedor desprecio o absoluta crueldad”, ha señalado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El nuevo ministro de Trabajo de Líbano ha prometido públicamente, así como directamente a Amnistía Internacional, tomar medidas concretas para proteger los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de distanciarse de los anteriores y dar prioridad a la eliminación del sistema intrínsecamente abusivo de kafala".

Amnistía Internacional entrevistó a 32 trabajadoras domésticas, así como a personal diplomático, empleadores, agencias de contratación, activistas de los derechos de las personas migrantes y ONG centradas en los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en Líbano. La organización se reunió con el ministro de Trabajo y posteriormente compartió sus conclusiones y recomendaciones con los ministerios de Trabajo e Interior.

El ministro de Trabajo, Camille Abousleiman, respondió positivamente, destacando que su ministerio ha elaborado un anteproyecto de ley de protección de las trabajadoras domésticas, prometiendo implementar algunas de las recomendaciones formuladas en el informe e invitando a Amnistía Internacional a sumarse a un grupo de trabajo sobre la reforma del sistema de kafala. También pidió a Amnistía Internacional “proporcionar al Ministerio una lista de violaciones de derechos humanos para que pudiera tomar medidas de inmediato” y estuvo de acuerdo en que tenía que haber rendición de cuentas para las agencias de contratación que cometen abusos contra los derechos de las trabajadoras migrantes.

El sistema de kafala

Las trabajadoras domésticas migrantes de Líbano son mujeres de países africanos y asiáticos, como Etiopía, Bangladesh, Sri Lanka, Filipinas y Kenia, que viven y trabajan en casas particulares.

En ningún caso se les aplica la Ley del Trabajo de Líbano, sino que están sujetas al sistema de kafala, que vincula la residencia legal de la trabajadora a la relación contractual con la persona para la que trabaja. No pueden cambiar de trabajo sin permiso de la persona de la que son empleadas. Esta limitación permite que empleadores sin escrúpulos las coaccionen para que acepten condiciones laborales que constituyen explotación.

Si rechazan tales condiciones y deciden marcharse de la casa de la persona para la que trabajan sin el consentimiento de ésta, se arriesgan a perder la residencia y quedan, por tanto, expuestas a ser detenidas y deportadas en cualquier momento.

“Los horribles testimonios de este informe muestran cómo el sistema de kafala concede a las personas para las que trabajan control casi absoluto sobre la vida de las trabajadoras domésticas migrantes. El sistema aísla a las trabajadoras y hace que sean dependientes de la persona para la que trabajan. De este modo se facilitan la explotación y otros abusos al mismo tiempo que se limita el acceso de la trabajadora a resarcimiento”, ha explicado Heba Morayef.

Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional no habían denunciado a las personas para las trabajaban ante las autoridades ni las habían llevado a los tribunales por temor a ser detenidas o sufrir otras represalias, lo que pone de relieve los obstáculos que encuentran actualmente las trabajadoras domésticas migrantes para acceder a la justicia en Líbano y la necesidad urgente de que las autoridades garanticen que están protegidas por la ley.

 Condiciones laborales que constituyen explotación

Las trabajadoras entrevistadas por Amnistía Internacional estaban sometidas por las personas para las que trabajaban a condiciones laborales que constituían explotación. Entre otras cosas, las obligaban a hacer largas jornadas de trabajo, les negaban días de descanso, les retenían o reducían el sueldo, restringían gravemente su libertad de circulación y comunicación, las privaban de alimentos y de alojamiento adecuado, las sometían a insultos y malos tratos físicos y les negaban la atención de la salud.

“Eva”, trabajadora doméstica de Filipinas cuyo verdadero nombre no se ha revelado por razones de seguridad, contó a Amnistía Internacional que pasó tres años aislada en casa de su empleadora antes de conseguir escapar:

“No se me permitía hablar con nadie. Si abría la venta para saludar a otras filipinas, ella [su empleadora] me tiraba del cabello y me golpeaba. Me tuvo tres años encerrada en la casa. No salí nunca.”

“Mary”, trabajadora doméstica etíope cuyo nombre real tampoco se ha revelado por razones de seguridad, contó a Amnistía Internacional que trabajaba 19 horas diarias, desde las cinco de la mañana hasta medianoche, los siete días de la semana, sin ningún descanso ni día libre.

Al menos seis mujeres dijeron a Amnistía Internacional que, como consecuencia de sus condiciones laborales, habían tenido pensamientos suicidas o intentado suicidarse.

Muchas mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional explicaron que las personas para las que trabajaban las habían sometido al menos una vez a trato humillante y deshumanizador. Dijeron que era corriente que las llamaran “burra”, “bruja”, “animal” y otras cosas insultantes.

Trabajo forzoso y trata de personas

En el informe se documentan ocho casos de trabajo forzoso y trata de personas. En todos ellos, las mujeres entrevistadas no podían dejar su empleo y se veían obligadas a trabajar por temor a las consecuencias si se marchaban. Algunas mujeres que sufrían abusos habían pedido a las personas para las que trabajaban que las devolvieran a la agencia de contratación o a su país de origen, pero no les habían hecho caso. Otras explicaron que las personas para las que trabajaban les habían pedido que les reembolsaran el dinero gastado en su contratación cuando les dijeron que se marchaban.

Sebastian, trabajadora doméstica de Costa de Marfil, contó a Amnistía Internacional que la sobrecargaban de trabajo, la maltrataban, la tenían encerrada en la casa y no la pagaban desde hacía tres meses. Explicó: “Cuando le dije que enviara de regreso a mi país, ella [la empleadora] respondió: ‘Tienes que trabajar por los 3.000 dólares [estadounidenses] que pagamos’".

En los casos más graves de explotación laboral documentados en el informe, Amnistía Internacional encontró pruebas de que cuatro trabajadoras habían sido víctimas de trata de personas.

Banchi, de Etiopía, llegó a Líbano en 2011 por mediación de una agencia de contratación. Contó a Amnistía Internacional que el propietario de la agencia la había trasladado de una casa a otra y le había retenido el pasaporte y el sueldo durante varios meses:

“Estuve seis meses trabajando gratis. El propietario de la agencia de contratación me daba como regalo: una vez a la familia de la novia de su hijo; otra, a su hija y a la familia de su esposo [...] es como vivir en una prisión".

Obstáculos para acceder a la justicia

Ninguna de las mujeres entrevistadas por la organización había denunciado a la persona para la trabajaba a las autoridades ni intentado llevarla a los tribunales. Amnistía Internacional entrevistó a ocho mujeres que habían escapado de situaciones que calificaban de entorno de trabajo abusivo, trabajo forzado o trata. Sin embargo, creían que su precaria condición jurídica les impedía denunciarlo ante los tribunales.

Temían ser detenidas, no conseguir otro trabajo o que las acusaran falsamente de robo, como denuncian constantemente las organizaciones de derechos humanos.

Necesidad de reformas laborales urgentes

El sistema de kafala es incompatible con leyes nacionales que protegen las libertades y la dignidad humana, garantizan los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y penalizan el trabajo forzado y la trata de seres humanos. También contradice directamente las obligaciones jurídicas de Líbano.

En los últimos meses, el recién nombrado ministro de Trabajo Camille Abousleiman ha prometido públicamente tomar medidas concretas para proteger los derechos de las trabajadoras domésticas migrantes. Durante una reunión que mantuvo con Amnistía Internacional el mes pasado reiteró esta promesa.

Amnistía Internacional pide a las autoridades libanesas que pongan fin al sistema de kafala y haga extensivas las salvaguardias laborales a las trabajadoras domésticas migrantes.

La organización pide también que tome de inmediato medidas al Ministerio de Trabajo, entre ellas revisar el actual contrato unificado estándar de las trabajadoras migrantes para abordar las desigualdades entre la trabajadora y la persona para la que trabaja, establecer un mecanismo de denuncia concebido específicamente para las trabajadoras domésticas migrantes, garantizar que se activa totalmente la línea telefónica de emergencia del Ministerio para denunciar abusos e informar de su existencia a las trabajadoras domésticas migrantes y mejorar la vigilancia e inspección de las agencias de contratación.

Acto de lanzamiento de la campaña

El 24 de abril se celebrara en Beirut un acto de campaña organizado por Amnistía Internacional y el Movimiento Antirracismo y en el que un grupo de trabajadoras migrantes contarán sus experiencias. El acto marca el lanzamiento de una nueva campaña emprendida por Amnistía Internacional con el lema “Por el fin de la kafala: justicia para las trabajadoras domésticas migrantes en Líbano”.