Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución

Las autoridades de Singapur deben detener la inminente ejecución del ciudadano malasio Micheal Anak Garing, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

En 2014, el Tribunal Superior de Singapur declaró culpables de asesinato a Garing y otro hombre, ambos de Sarawak (Malasia), por matar a un hombre durante un robo a mano armada que ocurrió en 2010. Garing fue condenado a muerte.

Recientemente se informó a su familia de que su ejecución está programada para el viernes 22 de marzo.

“Una vez más, Singapur amenaza con infligir el mismo tipo de trato cruel al que afirma oponerse. Por muy atroz que haya sido el crimen, la pena de muerte es un castigo degradante e inhumano, cuyo uso denunciamos en cualquier circunstancia”, ha dicho Rachel Chhoa-Howard, investigadora de Amnistía Internacional sobre Singapur. “Las autoridades de Singapur deben detener de inmediato sus planes para llevar a cabo esta cruel ejecución.”

Hasta donde sabe Amnistía Internacional, ésta sería la primera ejecución que se llevaría a cabo en Singapur este año. Las autoridades de Singapur llevaron a cabo 13 ejecuciones en 2018, pero no hicieron públicos más detalles.

“El número de ejecuciones en Singapur alcanzó una cifra de dos dígitos el año pasado, algo que no ocurría desde 2003”, ha dicho Rachel Chhoa-Howard. “Esta escalada es muy preocupante. Instamos a las autoridades a que cambien de rumbo y restablezcan la suspensión de las ejecuciones como primer paso hacia su abolición.”

Información complementaria

Cuando Micheal Anak Garing y el otro hombre acusado junto con él fueron imputados, una condena por asesinato suponía la aplicación preceptiva de la pena de muerte. En 2013, con la entrada en vigor de las enmiendas al Código Penal de Singapur, el asesinato sin intención explícita de matar pasó a castigarse con cadena perpetua y azotes con vara, o —a discreción del juez— con pena de muerte. En su sentencia de abril de 2015, el tribunal condenó a muerte a Garing, al haberse determinado que había sido él el causante de las lesiones letales a la víctima, extremo éste que impugnó en su recurso ante el Tribunal de Apelación, que fue rechazado en 2017. El otro acusado fue condenado a cadena perpetua y 24 azotes con vara.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es el máximo exponente de pena cruel, inhumana y degradante.

Hasta hoy, 106 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y un total de 142 son abolicionistas en la ley o en la práctica. En 2017 hubo 15 países que impusieron o ejecutaron penas de muerte por delitos relacionados con las drogas, infringiendo con ello las leyes y normas internacionales. Amnistía Internacional registró ejecuciones por delitos relacionados con las drogas en sólo cuatro países: China (donde la información sobre el número de ejecuciones se considera secreto de Estado), Irán, Arabia Saudí y Singapur. Singapur conserva la pena de muerte preceptiva por asesinato y tráfico de drogas en ciertas circunstancias, lo cual vulnera las restricciones y las salvaguardias internacionales sobre el uso de la pena capital.