“En el contexto de reiterados actos de estigmatización, campañas de difamación y otros ataques constantes contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, tanto por parte de actores privados como de las autoridades guatemaltecas, la iniciativa 5257 parece ser otro intento de obstaculizar el trabajo de quienes trabajan por la justicia y los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

La aprobación de las iniciativas de ley 5377 y 5257, las cuales el Congreso de la República discutirá el miércoles 13 de febrero, pondría en riesgo los derechos humanos de miles de personas en Guatemala, dijo Amnistía Internacional hoy.

“Estas iniciativas de ley ponen en riesgo eminente los avances de la última década en la investigación y enjuiciamiento de los responsables en casos de violaciones de derechos humanos en Guatemala; estos avances han sido posibles gracias a los valientes e incasables esfuerzos de las víctimas, sus representantes legales, fiscales y las personas y organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos. Con estas leyes se juega también el futuro de la lucha contra la impunidad”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La posible aprobación, en tercera lectura, de la iniciativa 5257, que propone modificar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, constituye una amenaza para los derechos a la libertad de expresión y de asociación en Guatemala. Pretende agregar controles excesivos y requisitos onerosos para el registro y funcionamiento de las ONG en el país. Además, otorga amplios poderes al gobierno para suspender definitivamente las actividades de una ONG por causas como la alteración del orden público, un término ambiguo cuya interpretación podría llevar al cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil y a la profundización de la criminalización a través de la imposición de sanciones penales para aquellos defensores de derechos humanos que las integren.

“En el contexto de reiterados actos de estigmatización, campañas de difamación y otros ataques constantes contra las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, tanto por parte de actores privados como de las autoridades guatemaltecas, la iniciativa 5257 parece ser otro intento de obstaculizar el trabajo de quienes trabajan por la justicia y los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas.

La iniciativa de ley 5377, que entrará a su segunda lectura, pretende otorgar una amnistía a las personas acusadas de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado interno del país, como el genocidio, la tortura y las desapariciones forzadas, en violación de las obligaciones internacionales contraídas por Guatemala de no dejar impunes este tipo de hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros órganos internacionales de derechos humanos han reiterado que las amnistías por crímenes de derecho internacional o serias violaciones de derechos humanos son incompatibles con las obligaciones contraídas por los Estados de investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de estos crímenes.

Tras décadas de impunidad, a partir del año 2008 llegaron ante la justicia los primeros casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, que resultaron en la condena de al menos 30 antiguos mandos militares, comisionados militares y ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) por los delitos de tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual y esclavitud sexual.

Pese a los avances que significaron estos juicios históricos, a la fecha miles de víctimas siguen esperando justicia en Guatemala. De aprobarse el proyecto de ley 5377, quedarían suspendidas las investigaciones en curso sobre estos crímenes, y en un plazo de 24 horas quedarían libres las personas declaradas culpables por los tribunales guatemaltecos durante la última década.

“El proyecto de ley 5377 representa una seria amenaza para los derechos de miles de víctimas del conflicto armado interno en el país de conocer la verdad y de obtener justicia por las atrocidades que ellas y sus familias sufrieron. Además, la liberación de personas condenadas pondría en grave riesgo a quienes participaron en estos juicios históricos, incluyendo las víctimas, testigos, sus representantes, expertos y fiscales, dijo Erika Guevara Rosas.”

En lugar de aprobar las iniciativas 5257 y 5377, que implicarían graves retrocesos en la lucha por la justicia y los derechos humanos, Amnistía Internacional hace un llamado al Congreso de Guatemala para que garantice los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos que las acompañan a diario.