Tras ser puestos en libertad bajo fianza a mediados de diciembre, Esmail Bakhshi y Sepideh Gholian dieron a Amnistía un estremecedor relato de las torturas que habían sufrido a manos de la policía de seguridad y agentes del Ministerio de Inteligencia tanto en Shush como en Ahvaz, que los sometieron sin tregua a palizas, los lanzaron contra la pared y los arrojaron al suelo, y les hicieron objeto de humillaciones y amenazas de flagelación, violencia sexual y asesinato

“Dos activistas laborales que fueron detenidos de nuevo tras pronunciarse sobre las palizas y otros abusos que habían sufrido bajo custodia el año pasado corren grave riesgo de sufrir más torturas”, ha advertido Amnistía Internacional.

Esmail Bakhshi y Sepideh Gholian fueron detenidos violentamente en Ahvaz, en la provincia de Juzestán, el 20 de enero, aparentemente como represalia por hablar públicamente sobre la tortura que denunciaron haber sufrido bajo custodia en noviembre y diciembre de 2018, lo que suscitó indignación pública.

“Existe el temor real de que Esmail Bakhshi y Sepideh Gholian sean sometidos por segunda vez a torturas tras ser detenidos de nuevo. El momento de su detención indica claramente que ésta forma parte de un siniestro intento de silenciarlos y castigarlos por hablar sobre los terribles abusos que sufrieron bajo custodia. Las autoridades deben ponerlos en libertad de forma inmediata e incondicional, y garantizar que sus denuncias de tortura se investigan con independencia y que los responsables responden ante la justicia”, declaró Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional ara Oriente Medio y el Norte de África.

Ambos activistas habían sido detenidos el 18 de noviembre de 2018 tras participar en una concentración pacífica frente a la oficina del gobernador en Shush, Juzestán, y tratar de entrevistarse con las autoridades para hablar del impago de salarios que afecta a varios miles de trabajadores del complejo industrial de caña de azúcar de Haft Tappeh.

Tras ser puestos en libertad bajo fianza a mediados de diciembre, Esmail Bakhshi y Sepideh Gholian dieron a Amnistía un estremecedor relato de las torturas que habían sufrido a manos de la policía de seguridad y agentes del Ministerio de Inteligencia tanto en Shush como en Ahvaz, que los sometieron sin tregua a palizas, los lanzaron contra la pared y los arrojaron al suelo, y les hicieron objeto de humillaciones y amenazas de flagelación, violencia sexual y asesinato.

Sepideh Gholian dijo a Amnistía Internacional que, durante las sesiones diarias de interrogatorio, que empezaban hacia las 10 de la mañana y duraban hasta primeras horas de la mañana siguiente, los agentes de inteligencia la sometieron en reiteradas ocasiones a insultos sexuales llamándola “puta”, la acusaron de tener relaciones sexuales con trabajadores y la amenazaron con hacer que su familia la matara “en nombre del honor”.

Esmail Bakhshi escribió en su cuenta de Instagram el 4 de enero de 2019 que, inmediatamente después de ser detenido, “[los agentes] me torturaron hasta que creí que iba a morir y me dieron tantos puñetazos y patadas que no pude moverme en la celda durante 72 horas. Sentía tanto dolor que me dolía hasta dormir, y aun hoy, después de casi dos meses [...] me siguen doliendo las costillas rotas, los riñones, el oído izquierdo y los testículos”.

Añadió que los funcionarios que los torturaron también los sometieron a “todo tipo de abyectas obscenidades sexuales”. Esmail Bakhshi concluía su publicación desafiando al ministro de Inteligencia, Mahmoud Alavi, a que participara con él en un debate televisado en directo sobre sus denuncias de tortura.

Las publicaciones desencadenaron la indignación de la opinión pública sobre la tortura en los centros de detención iraníes. Las autoridades respondieron inicialmente prometiendo investigar las denuncias de tortura. Los medios de comunicación estatales informaron de que se iba a enviar una delegación oficial a la provincia de Juzestán para hacer una investigación, y un asesor del presidente dijo que había dictado una orden clara para que se examinaran sin demora las denuncias.

Sin embargo, pronto se vio que eran meras palabras. Apenas unos días después, autoridades estatales clave como el presidente de la Magistratura, el fiscal jefe del país y el director de la Oficina del Presidente, entre otros, hicieron declaraciones en las que afirmaron que las denuncias de tortura de Esmail Bakhshi eran falsas. El director de la Oficina del Presidente dijo también que las autoridades tenían derecho a presentar una denuncia contra Esmail Bakhshi por desprestigiar el sistema de la República Islámica.

El 19 de enero, justo un día antes de la detención de los dos activistas, la televisión estatal emitió las “confesiones” que, según los activistas, habían sido obtenidas bajo tortura y otros malos tratos. En los vídeos, Esmail Bakhshi y Sepideh Gholian “confiesan” conspirar con grupos marxistas y comunistas de fuera de Irán para orquestar el derrocamiento del sistema político mediante la organización de huelgas y manifestaciones de trabajadores.

Con la retransmisión de las confesiones forzadas, las autoridades iraníes han violado flagrantemente los derechos al debido proceso de los detenidos, incluido el derecho a guardar silencio durante el interrogatorio, y trataron de representar a las personas activistas que defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras como enemigos que quieren derrocar el Estado.

“Si las autoridades iraníes desean realmente rehabilitar su mala reputación sobre torturas bajo custodia, deben introducir medidas para garantizar que se protege a las personas detenidas de toda clase de torturas y otros malos tratos mientras estén bajo custodia. Esto incluye darles acceso a su abogado desde el momento de la detención y durante los interrogatorios, y excluir cualquier información obtenida bajo tortura de las pruebas en el juicio”, dijo Philip Luther.

“En lugar de encerrar a los y las activistas que se pronuncian sobre la tortura, las autoridades iraníes deberían invitar a observadores internacionales, incluido el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Irán, para que lleven a cabo inspecciones independientes de centros de detención”.

Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que adopten con carácter urgente leyes en el ámbito nacional que tipifiquen efectivamente la tortura como delito específico y que ratifiquen la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Irán es uno de los sólo 26 países del mundo que no han firmado ni ratificado esta convención.

Esmail Bakhshi es portavoz del sindicato independiente de trabajadores del complejo industrial de caña de azúcar de Haft Tappeh. Sepideh Gholian es una joven activista laboral que trabaja para apoyar las protestas en curso de los trabajadores de Haft Tappeh. Durante su primer periodo de detención ambos estuvieron recluidos en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia en Ahvaz, provincia de Juzestán, sin acceso a sus abogados, hasta mediados de diciembre, cuando fueron puestos en libertad bajo fianza.