Las autoridades nigerianas, al no investigar los enfrentamientos entre comunidades para llevar ante la justicia a los autores de abusos, han favorecido una sangrienta escalada del conflicto entre agricultores y ganaderos en todo el país, con el resultado de al menos 3.641 muertes en los últimos tres años y el desplazamiento de miles de personas más; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

 

En su nuevo informe, Harvest of Death: Three Years of Bloody Clashes Between Farmers and Herders, Amnistía Internacional concluye que el 57% de las 3.641 muertes documentadas ocurrieron en 2018. A menudo, las fuerzas de seguridad estaban posicionadas cerca de los ataques, que duraron horas y, a veces, días, y sin embargo tardaron en actuar. En algunos casos, las fuerzas de seguridad fueron avisadas de una incursión inminente pero no hicieron nada para evitar o detener los homicidios, saqueos e incendios de viviendas.

 

“El gobierno de Nigeria ha dado muestras de lo que sólo puede calificarse de grave incompetencia, y ha incumplido su deber de proteger la vida de sus habitantes y de poner fin al conflicto creciente entre ganaderos y agricultores. La pasividad de las autoridades ha permitido que prospere la impunidad y que los homicidios se extiendan a muchas partes del país, causando un sufrimiento mayor a unas comunidades que ya viven con el miedo constante a un nuevo ataque”, ha afirmado Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.

 

“Nuestra investigación demuestra que estos ataques fueron bien planificados y coordinados, con el uso de armas como ametralladoras y fusiles AK-47. Sin embargo, las autoridades prácticamente no han tomado medidas en términos de prevención, detenciones y enjuiciamientos, ni siquiera cuando tenían información disponible sobre los presuntos perpetradores.

 

Amnistía Internacional empezó a documentar enfrentamientos entre agricultores y ganaderos en enero de 2016. De agosto de 2017 a septiembre de 2018, equipos de investigación visitaron 56 pueblos de 5 estados como parte de 10 misiones sobre el terreno.

 

El informe se basa en 262 entrevistas a víctimas, testigos presenciales, dirigentes comunitarios, profesionales médicos, líderes religiosos y cargos públicos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad. El personal de investigación examinó también 230 documentos, incluidos expedientes médicos e informes de las fuerzas de seguridad.

 

En todas las zonas visitadas por Amnistía Internacional había residentes que contaron que lo habían perdido todo cuando los asaltantes quemaron sus casas y se llevaron sus provisiones alimentarias. Desde 2016, ambas partes del conflicto han recurrido cada vez más a la destrucción de los medios de subsistencia del bando contrario, con ganaderos incendiando fincas de cultivo y agricultores involucrados en robos de ganado.

 

“La verdadera raíz de este conflicto no tiene nada que ver con la religión ni el origen étnico, sino que está en gran medida relacionada con las tierras y el acceso a los pastos. Pero, en algunos sitios, por culpa de la inacción de las fuerzas de seguridad, la competencia por los recursos se usa como pretexto para matar y mutilar con arreglo a criterios étnicos o religiosos. Por otra parte, algunas autoridades estatales han politizado peligrosamente el conflicto, avivando las tensiones al embarcarse en un juego de acusaciones con criterios partidistas”, ha afirmado Osai Ojigho.

 

Se han documentado al menos 310 ataques del 5 de enero de 2016 al 5 de octubre de 2018. Los ataques más frecuentes se cometieron en Adamawa, Benue, Kaduna, Taraba y Plateau. También se documentaron ataques en otras partes del país, como Enugu, Ondo, Oyo, Delta y Edo.

 

 

El personal investigador de Amnistía Internacional descubrió un patrón de homicidios terribles cometidos tanto por agricultores como por ganaderos en Adamawa, Benue, Taraba, Kaduna y Plateau.

 

El 17 de junio de 2017 comenzó uno de los ataques más mortíferos contra las comunidades fulani del estado de Taraba. Duró cuatro días y, cuando acabó, aparecieron decenas de cadáveres en el campo.

 

Un testigo contó a Amnistía Internacional: “Mataron brutalmente a mi esposa; le sacaron el bebé del vientre y lo masacraron. También asesinaron a mis hijos. Estuve tres días en el campo junto a sus cadáveres, hasta que vinieron los soldados. A mi padre lo quemaron delante de la mezquita en la que rezaba. Lo mataron allí y le prendieron fuego".

 

En Guma y Logo, áreas de gobierno local del estado de Benue, grupos armados comenzaron a asaltar pueblos en la madrugada del 1 de enero de 2018. El ataque duró 11 días y se saldó con al menos 88 muertes, aunque el gobierno estatal sólo pudo enterrar 73 cadáveres.

 

Un testigo contó a Amnistía Internacional: “[Había] hasta 120 personas muertas; algunas eran agricultores que estaban en el campo, pero no hemos recuperado sus cuerpos. Gracias a los esfuerzos de los agentes de seguridad y el gobierno estatal de Benue, 73 cadáveres fueron recuperados y enterrados. Todavía quedan cadáveres por recuperar, mientras que algunos ya han sido enterrados en los pueblos".

 

Amnistía Internacional entrevistó a 21 mujeres de comunidades afectadas por los ataques. Muchas dijeron que habían perdido a su esposo y tenían que cuidar en solitario de sus hijos. El 20 de febrero de 2017 fue atacado el pueblo de Zilian, en el estado de Kaduna. Una mujer contó que había huido y se había escondido en una antigua letrina. Su esposo fue asesinado en el ataque y su hija de 6 años sufrió quemaduras graves. Dijo:

 

“Cuando se fueron, salí de la letrina arrastrándome y fui a casa. Estaba convencida de que mis hijos habían muerto quemados en la casa, pero tenía que confirmarlo. Cuando llegué a mi casa, todo estaba en llamas. La habían incendiado y todo seguía ardiendo. Vi el cadáver de mi esposo en el suelo, y que el fuego había alcanzado su pierna, así que lo moví para alejarlo de las llamas".

 

En los estados de Kaduna y Zamfara, lo que empezó como una serie de enfrentamientos entre agricultores y ganaderos ha dado paso a un colapso total del orden público en los últimos años, con bandas armadas asaltando pueblos, cometiendo secuestros para pedir rescates y matando a cientos de personas.

 

Residentes locales contaron a Amnistía Internacional que eran habituales los enfrentamientos por parte de asaltantes que portaban ametralladoras y fusiles de asalto.

Amnistía Internacional hizo fotografías de diversos casquillos de munición encontrados en las escenas de los ataques en los estados de Adamawa, Kaduna y Benue, y ha recibido fotografías de otras municiones aparecidas en el estado de Plateau. En todos los casos, el análisis del armamento demostró que los asaltantes probablemente iban armados con metralletas del tipo PKM y G3, y fusiles AK-47.

 

 

Las autoridades de Nigeria tienen la obligación de proteger el derecho a la vida, proclamado en los tratados africanos e internacionales de derechos humanos. Sin embargo, las comunidades contaron a Amnistía Internacional que habían alertado a las fuerzas de seguridad de ataques inminentes y no se había tomado ninguna medida.

 

El 2 de mayo de 2018, 33 residentes locales fueron asesinados y cinco pueblos incendiados en el área de gobierno local de Numan, estado de Adamawa, a pesar de que las fuerzas de seguridad habían sido informadas 16 horas antes del ataque de que se estaban concentrando hombres armados en las proximidades. Residentes de los pueblos y una autoridad del gobierno local estuvieron transmitiendo los avisos por teléfono desde las 11 de la noche del 1 de mayo, víspera del ataque.

 

Según la investigación sobre el terreno de Amnistía Internacional, se enviaron soldados a la zona para realizar una sola patrulla a primera hora de la tarde del 2 de mayo, y se retiraron poco antes de que llegaran los asaltantes. A pesar de que los residentes locales llamaron insistentemente para quejarse de su retirada, el teléfono del mando responsable al parecer estaba apagado.

 

Habitantes de Agwada, de Udege, del área de gobierno local de Kokona y del área de desarrollo de Loko, en el estado de Nasarawa, escribieron al inspector general de la policía el 10 de marzo de 2017 para protestar por los ataques “incesantes” de ganaderos. Los residentes contaron a Amnistía Internacional que la policía les había pedido 150.000 nairas (411 dólares estadounidenses) para la “logística”, y se las habían pagado. Sólo enviaron a tres agentes de policía, que se negaron a ir a los pueblos por el mal estado de las carreteras.

 

Amnistía Internacional dio a conocer sus conclusiones a autoridades gubernamentales y solicitó información del Ministerio de Justicia, el ejército nacional, la fuerza policial nacional y los gobiernos de los estados de Adamawa, Benue, Enugu, Kaduna, Plateau y Taraba. Sólo el gobierno del estado de Enugu respondió a nuestra solicitud, afirmando que hay cinco personas procesadas por la matanza de 12 personas en la comunidad de Nimbo, en el área de gobierno local de Uzo-Uwani, atacada el 25 de abril de 2016.

 

“Las autoridades deben investigar los motivos de la lenta reacción de las fuerzas de seguridad, que tuvo como consecuencia un número escandalosamente alto de víctimas mortales. Como parte de este proceso, los máximos responsables de las fuerzas de seguridad deberían investigar la conducta de jefes individuales, y los gobiernos de todos los estados afectados deben ofrecer indemnizaciones adecuadas a las víctimas de los ataques”, ha afirmado Osai Ojigho.

 

“Las autoridades nigerianas deben iniciar de inmediato investigaciones independientes, efectivas e imparciales sobre todas las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos durante los conflictos entre agricultores y ganaderos, tanto por agentes estatales como por agentes no estatales. Deben hacerse públicas las conclusiones de estas investigaciones y, si hubiera pruebas admisibles suficientes, los responsables deben ser procesados con todas las garantías de un juicio justo".

 

 

Los ataques y contraataques de agricultores y ganaderos suceden por temporadas desde hace décadas en el norte de Nigeria, pero en 1999 comenzó una escalada del conflicto. A partir de 2017, con el empeoramiento de las condiciones medioambientales, que obligó a los ganaderos a desplazarse hacia el sur en busca de pastos, los conflictos han sido cada vez más letales.