La Comisión de la Verdad y la Dignidad se creó en mayo de 2014, como parte del proceso de transición que siguió al final del régimen represivo del presidente Zine El Abidine Ben Ali, para garantizar la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Su mandato incluye garantizar la rendición de cuentas y revelar la verdad sobre décadas de violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas entre 1955 y 2013

Ahora que la Comisión de la Verdad y la Dignidad de Túnez se acerca al final de su mandato, el gobierno debe comprometerse a poner en práctica sus recomendaciones para garantizar que los responsables de violaciones históricas de derechos humanos comparecen ante la justicia, que las víctimas reciben reparación y que se toman medidas para impedir que esos crímenes se repitan. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

El 14 y 15 de diciembre, después de cuatro años y medio, está previsto que la Comisión de la Verdad y la Dignidad (que ha investigado más de 62.000 casos de violaciones de derechos humanos que se remontan a seis décadas atrás) presente sus principales conclusiones y recomendaciones en una conferencia con partes interesadas clave del gobierno y la sociedad civil. Antes de que termine el año, la Comisión presentará su informe final. También está previsto que el 14 de diciembre la Comisión celebre una vista pública final sobre propaganda y manipulación en los medios de comunicación antes del levantamiento de 2011 en Túnez.

“La conclusión de años de investigación por parte de la Comisión de la Verdad y la Dignidad es un momento decisivo que determinará la suerte de decenas de víctimas de violaciones de derechos humanos. Las autoridades tunecinas deben ahora demostrar que se toman en serio la tarea de romper el patrón de impunidad que ha atormentado al país, comprometiéndose a implementar íntegramente las recomendaciones de la Comisión, en particular las relativas a la reforma de los sectores de justicia y seguridad”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Es fundamental que los progresos hacia la justicia no se paralicen con el fin del mandato de la Comisión. Las autoridades de Túnez deben continuar con el procesamiento de los responsables de crímenes que han permanecido impunes durante décadas.”

Amnistía Internacional pide a las autoridades que ofrezcan garantías de que los juicios de presuntos responsables continuarán y se llevarán a cabo de manera imparcial y transparente, que los testigos y las víctimas estarán protegidos frente a las represalias y la intimidación, y que las reformas del sector de la seguridad se tomarán especialmente en serio.

La Comisión de la Verdad y la Dignidad se creó en mayo de 2014, como parte del proceso de transición que siguió al final del régimen represivo del presidente Zine El Abidine Ben Ali, para garantizar la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Su mandato incluye garantizar la rendición de cuentas y revelar la verdad sobre décadas de violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas entre 1955 y 2013.

Es la primera comisión de la verdad de Oriente Medio y el Norte de África que tiene poder para remitir directamente a los tribunales casos relativos a violaciones graves de derechos humanos. Desde marzo de 2018, la Comisión ha remitido a juicio 30 casos, un hecho histórico en Túnez, donde los tribunales casi nunca hacen rendir cuentas a los agentes de seguridad.

Entre los casos remitidos se encuentran casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, muerte a consecuencia de tortura, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y homicidios de manifestantes pacíficos durante el levantamiento de 2010-2011.

Hasta el momento se han iniciado al menos 20 juicios. Uno de ellos se refiere a la muerte a consecuencia de tortura, en 1991, de Faysal Baraket, que se ha convertido en un caso emblemático del uso generalizado y sistemático de la tortura en el pasado de Túnez. Amnistía Internacional está asistiendo como observadora al juicio.

Sin embargo, muy pocos presuntos responsables han comparecido ante el tribunal, y los jueces hasta ahora no han dictado prohibiciones de viajar en todos los casos para insistir en la comparecencia de los sospechosos.

“El hecho de que finalmente estemos empezando a ver la celebración de juicios de presuntos autores de violaciones de derechos humanos es histórico, habida cuenta de que, siete años después de la revolución tunecina, el poder judicial apenas ha conseguido enjuiciar a agentes de seguridad”, ha manifestado Fida Hammami, investigadora de Amnistía Internacional sobre Túnez.

Se espera que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Dignidad incluyan reformas y medidas institucionales y legislativas tales como examinar a fondo las instituciones estatales para garantizar que los sospechosos de corrupción y violaciones de derechos humanos son suspendidos de su puesto y no vuelven a estar en posición de repetir sus crímenes.

La Comisión ha iniciado también un plan nacional de reparación para indemnizar económicamente a las víctimas de violaciones de derechos humanos que presentaron sus casos.

El hecho de que las autoridades tunecinas no hayan demostrado una auténtica voluntad política de obligar a una rendición de cuentas ha provocado una impunidad casi absoluta por violaciones de derechos humanos tales como la tortura que siguen cometiéndose en Túnez hoy día.

Desde su establecimiento, la Comisión de la Verdad y la Dignidad se ha encontrado con numerosos obstáculos a su labor puestos por las autoridades. Las investigaciones de la Comisión se han visto dificultadas por la negación del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa a cooperar con las peticiones de información, incluido el acceso a los archivos oficiales, y a responder a citaciones para interrogatorio.

El Ministerio del Interior denegó reiteradamente las peticiones de la Comisión de acceder a archivos policiales secretos. El sistema de justicia militar también se negó a entregar a la Comisión expedientes de juicios militares relativos a violaciones de derechos humanos.

Además, en marzo de 2018 el Parlamento votó en contra de ampliar el mandato de la Comisión de la Verdad y la Dignidad a pesar de que ésta no había terminado su trabajo y de que la ley por la que se fundaba le otorgaba el derecho a ampliar su mandato un año.

“Las autoridades tunecinas no deben eludir su responsabilidad de implementar las reformas institucionales y legislativas necesarias para garantizar que estos crímenes no se repiten y que las víctimas, que han esperado durante décadas por la verdad y la justicia, reciben plena reparación”, ha manifestado Heba Morayef.

La Comisión de la Verdad y la Dignidad presentará su informe final al presidente del país, el presidente del Parlamento y el primer ministro antes del 31 de diciembre. En él se incluirán todas las conclusiones de la Comisión, y se espera que se identifique a presuntos responsables, se ofrezca un análisis de los motivos que subyacen tras las graves violaciones de derechos humanos y se formulen recomendaciones sobre cómo garantizar que esos crímenes no se repiten.