Durante las conversaciones en Suecia, el gobierno yemení —y, por extensión, la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— debe comprometerse a reabrir el aeropuerto de Saná al tráfico comercial. Mientras tanto, el gobierno y la coalición que lo respalda, y los huzíes, deben garantizar que la ayuda humanitaria y productos comerciales vitales pueden llegar a la población civil

“Los participantes en las conversaciones sobre Yemen en Suecia deben dar prioridad a las cuestiones de derechos humanos”, han declarado hoy Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Organización Mwatana por los Derechos Humanos. 

Estas cuestiones deben incluir la eliminación de los obstáculos a la libre entrada de ayuda humanitaria y productos comerciales vitales como alimentos y combustible, la suerte de las personas detenidas y el fin de los ataques contra civiles y bienes de carácter civil. Las conversaciones deben abordar también la mejor forma de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas de crímenes de guerra.

“Aunque puede que las partes beligerantes se centren específicamente en sus intereses estratégicos, los gobiernos afectados deben presionarlas para que garanticen que estas conversaciones tienen en cuenta también la necesidad de proteger a millones de civiles yemeníes”, dijo Priyanka Motaparthy, directora en funciones de Emergencias de Human Rights Watch.

“Si los derechos humanos tienen un lugar secundario en las metas políticas, la población yemení podría no estar mejor que antes de que comenzaran estas conversaciones”.

Según informes, las conversaciones —las primeras desde 2016— se iniciaron con debates en torno a un intercambio de prisioneros, un acuerdo sobre el futuro a corto plazo de Hudaida —ciudad portuaria clave— y la reapertura del aeropuerto de Saná al tráfico comercial.

Abordar el hambre

En octubre de 2018, el coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas advirtió de que 14 millones de personas —la mitad de la población de Yemen— podrían padecer hambre si no se tomaban medidas inmediatas para abordar la situación humanitaria. Para cumplir el derecho internacional humanitario, las partes beligerantes deben tomar medidas inmediatas para facilitar la entrada de ayuda humanitaria y de suministros comerciales a la población en general, y el acceso de las agencias humanitarias.

Durante las conversaciones en Suecia, el gobierno yemení —y, por extensión, la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos— debe comprometerse a reabrir el aeropuerto de Saná al tráfico comercial. Mientras tanto, el gobierno y la coalición que lo respalda, y los huzíes, deben garantizar que la ayuda humanitaria y productos comerciales vitales pueden llegar a la población civil a través de los puertos de Hudaida y Saleef, hasta alcanzar a quienes los necesiten.

La coalición suspendió todos los vuelos comerciales a Saná en agosto de 2016. Las agencias humanitarias vienen presionando a la coalición para que reabra el aeropuerto principal del país, señalando que los vuelos comerciales “introducen a menudo suministros vitales y permiten la libre circulación de civiles”. 

Mwatana, destacada organización yemení de derechos humanos, documentó casos en los que personas con enfermedades crónicas no pudieron viajar al extranjero para recibir tratamiento, entre ellas una mujer que necesitaba cirugía cardiaca que murió. Hudaida y el vecino puerto de Saleef son puntos de entrada vitales de alimentos, combustible y medicamentos que la población necesita para sobrevivir. Aunque los combates en Hudaida han disminuido desde el 12 de noviembre, continúan los enfrentamientos armados en los extremos suroccidental y oriental de la ciudad, así como en varios distritos próximos. Según un informe reciente de la ONU, la llegada de suministros al puerto de Hudaida disminuyeron un 47% durante un periodo de dos semanas en noviembre.

“Las partes pueden acordar medidas muy concretas, implementadas de inmediato, que son necesarias para salvar vidas yemeníes”, dijo Radhiya al Mutawakel, presidenta de la Organización Mwatana por los Derechos Humanos. 

“Excarcelar a las personas detenidas arbitrariamente, abrir el aeropuerto y garantizar a los buques comerciales el libre acceso al puerto son medidas necesarias para ayudar a la población civil”.

Las fuerzas huzíes han bloqueado y confiscado ayuda humanitaria, han negado el acceso a poblaciones necesitadas y han restringido la circulación de personas civiles enfermas y trabajadores y trabajadoras de ayuda humanitaria, lo que ha tenido un enorme impacto en Taiz, la tercera ciudad de Yemen. El derecho internacional humanitario exige que todas las partes permitan y faciliten el “tránsito rápido y sin trabas” a la población civil afectada de la ayuda humanitaria y de las personas que trabajan en organizaciones humanitarias, y que permitan el tránsito libre y sin riesgos de las personas civiles que deseen salir de un lugar. En Suecia, las partes beligerantes deben dar prioridad a acordar medidas concretas para garantizar que la población civil tiene una salida segura de las zonas especialmente afectadas por los combates, como Taiz y Hudaida.

“El conflicto armado en el que están involucradas las partes beligerantes ha exacerbado también la crisis humanitaria y agravado el sufrimiento de la población civil”, afirmaron los grupos. La coalición ha atacado reiteradamente infraestructuras fundamentales para la población civil, mientras que las fuerzas huzíes han sembrado minas cuando se retiraban en repetidas ocasiones, incluso en la costa occidental de Yemen, lo que dificulta el acceso humanitario e impide el retorno sin riesgos de los civiles. El grupo armado huzí debe comprometerse a proporcionar mapas de zonas minadas para facilitar el acceso humanitario y debe dejar de usar por completo minas antipersonal.

La suerte de las personas detenidas y víctimas de desaparición forzada

Las conversaciones deben abordar también la suerte de las personas víctimas de desaparición forzada y de las detenidas, sobre todo el de las detenidas arbitrariamente y recluidas sin cargos por los huzíes, el gobierno de Hadi y Emiratos Árabes Unidos.

Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Mwatana, la ONU y otras entidades han documentado detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas en centros bajo el control de huzíes, yemeníes y EAU, así como casos de desaparición forzada.

Con motivo de las conversaciones, el CICR anunció que las partes beligerantes habían acordado “la liberación, traslado y repatriación de personas detenidas en relación con el conflicto”. Además, todas las partes deben liberar a cualquier persona detenida arbitrariamente o recluida por su participación en actividades pacíficas, como periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí, así como grupos vulnerables, como niños y niñas. Aunque ambas partes han reclutado a niños y niñas durante el conflicto, los huzíes son responsables de la mayoría de los casos de reclutamiento de menores de edad verificados por la ONU. Durante las conversaciones, las partes en el conflicto deben acordar la libertad de las personas menores capturadas y comprometerse a poner fin al uso de niños y niñas soldados.

Las partes beligerantes deben facilitar inmediatamente una lista de todos los centros de detención y de todas las personas recluidas actualmente o que han muerto bajo custodia. Las partes deben permitir el acceso inmediato de observadores internacionales a los centros de detención no oficiales.

Sentar las bases para la rendición de cuentas y el resarcimiento

Las conversaciones deben permitir también la apertura de investigaciones penales y, si hay pruebas admisibles suficientes, el enjuiciamiento de todos los presuntos autores de crímenes de derecho internacional. Aunque las conversaciones de Suecia están pensadas para centrarse en medidas inmediatas para promover la confianza, toda conversación futura deberá respaldar investigaciones internacionales, la justicia transicional y reparación completa a las víctimas como elementos clave de cualquier acuerdo.Las investigaciones imparciales sobre presuntos crímenes de guerra son sólo el primer paso hacia el cumplimiento de las obligaciones legales internacionales sobre rendición de cuentas por abusos y justicia para las víctimas. “Los miembros de la coalición deben investigar las acusaciones de violaciones graves de derechos cometidas por sus fuerzas armadas y personas dentro de su jurisdicción, y enjuiciar debidamente a cualquier responsable de crímenes de guerra”, han afirmado los grupos. La coalición debe asimismo resarcir a las víctimas de ataques ilegítimos y apoyar un mecanismo global unificado para proporcionar pagos a título graciable (“de condolencia”) a civiles que sufren pérdidas debido a operaciones militares. El grupo armado huzí debe investigar debidamente a comandantes y combatientes presuntos responsables penales de crímenes de derecho internacional y resarcir a las víctimas civiles.

“Aunque muchos políticos han intentado decir que en estos debates no deben abordarse los temas de justicia, verdad y reparación, la población yemení merece justicia por el daño que ha sufrido”, dijo Lynn Maalouf, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La obligación de investigar los ataques ilegítimos no empieza al terminar el conflicto: se aplica ya. Las investigaciones, los enjuiciamientos y el resarcimiento tienen como fin abordar los males que ya se han hecho, pero también ayudar a sentar las bases para prevenir males futuros”.