Suha Jbara es una activista social, de nacionalidad palestina, estadounidense y panameña, que colabora con asociaciones benéficas islámicas. Trabaja también prestando apoyo a las familias de personas palestinas presas en Israel. Fue detenida el 3 noviembre, cuando irrumpieron violentamente en su casa

Las autoridades palestinas deben investigar con urgencia la tortura y otros malos tratos infligidos a Suha Jbara, quien, según ha contado a Amnistía Internacional, fue golpeada, estampada contra la pared y amenazada con violencia sexual por sus interrogadores. Así lo ha manifestado la organización ante la vista judicial en que esta activista deberá comparecer mañana.

Amnistía Internacional se reunió con ella en la prisión el 4 de diciembre y recibió su testimonio directo sobre el trato brutal que había sufrido a manos de sus interrogadores durante un tormento que duró tres días. Suha Jbara contó también a la organización que había sufrido un hostigamiento incesante de los funcionarios para que pusiera fin a la huelga de hambre que había iniciado el 22 de nombre como protesta por su detención y tortura.

“Suha Jbara describió su tortura con terrible detalle. En su testimonio habla de unos interrogadores despiadados, que, sin ningún reparo, hicieron caso omiso de la obligación de Palestina de dispensar a las personas presas un trato humano e incumplieron las disposiciones del derecho internacional que prohíben terminantemente la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, ha señalado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades palestinas deben realizar con urgencia una investigación independiente e imparcial sobre estas denuncias. Los funcionarios responsables deben ser suspendidos de inmediato de sus funciones, procesados y sometidos a las disposiciones de la justicia.

Suha Jbara explicó a Amnistía que, al detenerla, sufrió una convulsión y perdió el conocimiento, por lo que la llevaron al hospital. Sin embargo, unos funcionarios armados de los servicios de seguridad la sacaron luego a rastras de la cama del hospital y, descalza, la llevaron a Centro de Detención e Interrogatorio de Jericó.

“Recuerdo perfectamente que estaba en cama y con los tubos en los brazos, cuando unos hombres armados entraron en mi habitación [...] me quitaron los tubos y me sacaron a rastras. Estaba muy débil y apenas podía moverme ni hablar [...] Me subieron a una camioneta y me quedé dormida en el suelo. Me desperté en otro lugar, y me dijeron: ‘Bienvenida al matadero de Jericó’”, contó.

En el centro de detención, un interrogador me arrojó agua en la cara al pedirle que me diera algo de beber, me abofeteó, me dio puñetazos en el pecho y la espalda y me amenazó con más violencia. Estuve esposada y con los ojos vendados durante todo el interrogatorio y no me dejaron beber agua ni ir al baño.

“Me insultaban todo el rato, con palabras de índole sexual muy soeces y violentas; me amenazaban con llevarme a un médico para comprobar mi virginidad y me decían que era una puta, y me amenazaban con dañar a mi familia y quitarme a mis hijos”, añadió.

Le negaron el acceso a un abogado durante el interrogatorio y le tomaron declaración en presencia de funcionarios armados de los servicios de seguridad en el centro de interrogatorio. Tampoco le permitieron leer la declaración antes de firmarla. El 7 de noviembre la llevaron ante el Tribunal de Primera Instancia de Jericó, que aprobó la solicitud de procesamiento presentada contra ella y prorrogó su detención 15 días más. Ese día la trasladaron al Centro de Corrección y Rehabilitación de Jericó.

Dijo a Amnistía que, el 22 de noviembre, se había declarado en huelga de hambre para protestar por la tortura sufrida durante su interrogatorio y por el trato injusto que le habían dispensado los fiscales y los jueces. Explicó que, poco después de iniciar la huelga, tuvieron que hospitalizarla brevemente, para devolverla luego al Centro de Corrección y Rehabilitación de Jericó, donde la recluyeron en régimen de aislamiento por haberse puesto en huelga de hambre.

“Empiezo a estar muy cansada. Tengo un dolor en la parte inferior de la espalda y los costados que a veces me llega a las piernas. Lo más difícil de la huelga de hambre es la presión que ejerce todo el mundo a mi alrededor que deje de hacer lo que estoy haciendo”, dijo. Añadió que varios funcionarios, incluidos el gobernador de Jericó y un mando de la policía, así como los médicos y el personal de enfermería, habían intentado persuadirla para que pusiera fin a la huelga de hambre. Explicó también que le negaban las visitas y las llamadas de teléfono familiares para castigarla por la huelga de hambre.

“En vez de castigarla por haberse declarado en huelga de hambre, que es una forma legítima de protesta, las autoridades palestinas deben tomar de inmediato medidas para garantizar que Suha Jbara tiene un juicio justo y está protegida contra la tortura”, ha afirmado Saleh Higazi.

Debe también tener de inmediato acceso a sus abogados y estar protegida contra nuevas torturas y otros malos tratos. Todo procedimiento judicial que se entable contra ella ha de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos.

Suha Jbara es una activista social, de nacionalidad palestina, estadounidense y panameña, que colabora con asociaciones benéficas islámicas. Trabaja también prestando apoyo a las familias de personas palestinas presas en Israel. Fue detenida el 3 noviembre, cuando irrumpieron violentamente en su casa. Cuando fue interrogada por los fiscales, la acusaron de recaudar y distribuir dinero de manera ilegal, lo que ella niega.

Las fuerzas palestinas de Cisjordania y Gaza tienen un largo historial de detenciones arbitrarias de activistas pacíficos, manifestantes y personas que se muestran críticas, que en muchos casos han sido sometidos a procedimientos judiciales que no cumplían las normas sobre juicios justos.

Amnistía Internacional pide a los donantes internacionales que prestan apoyo al sector palestino de la seguridad que revisen su asistencia a las fuerzas palestinas para garantizar que no facilita la comisión de violaciones de derechos humanos y se ajusta a las normas internacionales.