“Aunque la decisión del presidente Abdel Fattah al-Sisi de ordenar la revisión de la represiva Ley sobre ONG resulte alentadora, enmendarla no es suficiente. Es fundamental que las autoridades elaboren una nueva ley en consulta con organizaciones de la sociedad civil independientes y que tomen las medidas necesarias para poner fin al implacable ataque contra la comunidad de derechos humanos egipcia”, ha declarado Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África

A raíz de los comentarios realizados por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en los que reconocía la necesidad de una ley de regulación de las ONG más “equilibrada”, Amnistía Internacional ha publicado una carta abierta dirigida al gobierno en la que pide la anulación de esta ley y que su sustitución por una versión que se ajuste a los compromisos constitucionales e internacionales de Egipto de garantizar el derecho a la libertad de asociación.

“Aunque la decisión del presidente Abdel Fattah al-Sisi de ordenar la revisión de la represiva Ley sobre ONG resulte alentadora, enmendarla no es suficiente. Es fundamental que las autoridades elaboren una nueva ley en consulta con organizaciones de la sociedad civil independientes y que tomen las medidas necesarias para poner fin al implacable ataque contra la comunidad de derechos humanos egipcia”, ha declarado Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.

“Los defensores y defensoras de derechos humanos de Egipto están sufriendo una represión sin precedentes. Las autoridades egipcias deben mostrar su sinceridad y su compromiso a la hora de proteger los derechos de las ONG locales e internacionales elaborando una ley que garantice que éstas puedan actuar de manera independiente y desempeñar su labor sin temor a ser objeto de hostigamiento, de procesos penales o de amenazas de cierre.”

Las autoridades han iniciado una investigación “penal” sobre la “financiación extranjera” de las ONG. Si son declaradas culpables, su personal podría ser condenado a hasta 25 años de cárcel. A al menos 30 miembros del personal y la dirección de varias ONG se les ha impuesto la prohibición de viajar, y se han congelado los activos de 7 ONG y 10 personas. Las autoridades también han ordenado el cierre del reputado Centro El Nadeem para la Rehabilitación de las Víctimas de la Violencia y la Tortura.

El defensor de los derechos humanos Hisham Gaafar, director de la Fundación Mada para el Desarrollo de los Medios de Comunicación, lleva más de tres años recluido en espera de juicio, y Ezzat Ghoniem, cofundador de Coordinación Egipcia por los Derechos y las Libertades, fue sometido a desaparición forzada el 14 de septiembre, a pesar de que un tribunal había ordenado su puesta en libertad.

“Si las autoridades egipcias tienen la verdadera intención de poner fin a la persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos, deben empezar por cerrar la investigación sobre la falsa financiación extranjera de ONG, eliminar la prohibición de viajar y la congelación de activos impuestas a personal de organizaciones de la sociedad civil, y poner en libertad de forma inmediata e incondicional a Ezzat Ghoniem e Hisham Gaafar”, ha sostenido Najia Bounaim.

Amnistía Internacional pide un proceso transparente de elaboración de una nueva Ley de Asociaciones y la participación activa de la sociedad civil en el proceso de redacción.

Información complementaria:

En mayo de 2017, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ratificó la Ley Nº 70/2017 sobre Asociaciones y otras Fundaciones que Trabajan en el Ámbito del Trabajo Civil. Esta ley imponía a las ONG unas restricciones de una dureza sin precedentes y ha sido muy criticada a nivel nacional e internacional.