Amnistía Internacional considera que los juicios ante estos tribunales especiales son inherentemente injustos porque a las personas acusadas se les niega el acceso a abogados de su elección, se les niega también su derecho a apelar contra sus condenas de prisión y sólo se les dan 10 días para apelar contra sus condenas a muerte

En respuesta a la noticia de que las autoridades iraníes han ejecutado a Vahid Mazloumin y Mohammad Esmail Ghasemi, dos hombres declarados culpables de delitos económicos tras un juicio flagrantemente injusto, Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“Con estas abominables ejecuciones, las autoridades iraníes han violado flagrantemente el derecho internacional y, una vez más, han demostrado su descarado desprecio por el derecho a la vida”.

“El uso de la pena de muerte es deplorable en cualquier circunstancia, pero es aún más terrible teniendo en cuenta que estos hombres fueron condenados tras un juicio mediático flagrantemente injusto que se retransmitió por la televisión estatal. Según el derecho internacional de los derechos humanos, la pena de muerte está absolutamente prohibida para delitos no letales, como la corrupción económica".

“La escandalosa velocidad con la que progresó el juicio por el sistema judicial iraní, sin permitir a los acusados la oportunidad de una apelación adecuada, es un ejemplo más del descarado desprecio de las autoridades iraníes respecto al derecho básico de las personas detenidas al debido proceso".

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En medio de una crisis económica cada vez más profunda, las autoridades iraníes han llevado a cabo detenciones colectivas de personas a las que describen como “económicamente corruptas” y “saboteadores de la economía”, a las que declaran culpables de cargos relacionados con delitos económicos y a las que en algunos casos condenan a flagelación, a largas penas de prisión o a la pena de muerte tras juicios sumarios flagrantemente injustos.

En agosto, el líder supremo de Irán aprobó una petición del presidente del poder judicial de establecer tribunales especiales para abordar los delitos que entrañan corrupción económica. Desde entonces, estos tribunales han condenado a muerte a varias personas. Vahid Mazloumin y Mohammad Esmail Ghasemi habían sido acusados de manipular los mercados de oro y de divisas y en septiembre habían sido condenados a muerte por el cargo de “propagar la corrupción en la tierra”. Decenas de personas más han sido condenadas también a penas de prisión tras haber sido declaradas culpables de cargos similares.

Amnistía Internacional considera que los juicios ante estos tribunales especiales son inherentemente injustos porque a las personas acusadas se les niega el acceso a abogados de su elección, se les niega también su derecho a apelar contra sus condenas de prisión y sólo se les dan 10 días para apelar contra sus condenas a muerte.