“Las familias de estos hombres están aterradas por esta noticia y la falta de información que se les facilita sobre la situación de los casos de sus seres queridos. Dado el secreto que rodea las actuaciones judiciales en Arabia Saudí, tememos que esta novedad sea indicio de la ejecución inminente de los 12 hombres", declaró Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

Ante la noticia de que los casos de 12 hombres de la minoría chií de Arabia Saudí que fueron condenados a muerte el año pasado han sido trasladados a la Presidencia de la Seguridad del Estado, organismo que depende de la autoridad directa del rey encargado de todos los asuntos de seguridad del Estado, Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“Las familias de estos hombres están aterradas por esta noticia y la falta de información que se les facilita sobre la situación de los casos de sus seres queridos. Dado el secreto que rodea las actuaciones judiciales en Arabia Saudí, tememos que esta novedad sea indicio de la ejecución inminente de los 12 hombres".

“Las autoridades saudíes condenaron a estos hombres a muerte en 2016 por espiar para Irán, en un juicio colectivo manifiestamente injusto. Arabia Saudí es uno de los verdugos más prolíficos del mundo y utiliza periódicamente la pena de muerte como herramienta política para aplastar la disidencia de la minoría chií del país, demostrando su total desprecio hacia el valor de la vida humana".

“Aún no es demasiado tarde para salvar la vida de estos hombres. Pedimos a las autoridades saudíes que anulen inmediatamente estas condenas y establezcan una moratoria oficial de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte”.

Información complementaria

Los 12 hombres forman parte de un grupo de 15 que fueron condenados a muerte el 6 de diciembre de 2016, tras un juicio colectivo manifiestamente injusto contra 32 personas detenidas en distintas partes de Arabia Saudí en 2013 y 2014. Las familias de los 12 hombres supieron en diciembre de 2017 que el Tribunal Supremo había ratificado sus condenas, por lo que su ejecución sería inminente en cuanto las ratificara a su vez el rey. Debido al secreto que rodea el proceso judicial en Arabia Saudí, las familias reciben muy poca información o ninguna sobre la situación actual de la causa y normalmente desconocen la fecha prevista de ejecución de sus seres queridos.

Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos 34 miembros de la comunidad chií de Arabia Saudí —entre los que hay cuatro personas que eran menores de edad cuando cometieron supuestamente el delito— condenados a muerte actualmente. Todos fueron acusados de actividades consideradas peligrosas para la seguridad nacional.

En junio de 2017, el rey dictó un decreto real que despojaba al Ministerio del Interior de gran parte de sus facultades de investigar y enjuiciar mediante la creación de una nueva agencia de seguridad interna, la Presidencia de la Seguridad del Estado, integrada por la Dirección General de Investigación, las Fuerzas Especiales de Seguridad y otros organismos antes dependientes del ministro del Interior. El organismo recién creado depende directamente del rey, lo que reduce considerablemente las facultades del Ministerio del Interior al concentrar aún más los poderes en manos del monarca.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito de que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.