“Más de dos años después de ser despedidos arbitrariamente, casi 130.000 trabajadores y trabajadoras del sector público de Turquía siguen esperando que se haga justicia y afrontando un futuro incierto”, dice Amnistía Internacional en un informe publicado hoy

Purged beyond return? No remedy for Turkey’s dismissed public sector workers revela que profesionales de la medicina, agentes de policía, enseñantes, académicos y académicas y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras más del sector público despedidos por presuntos “lazos con grupos terroristas” no han sido readmitidos o indemnizados, mientras la Comisión creada para revisar las decisiones de destitución es lamentablemente inadecuada para este propósito. 

“Etiquetadas de ‘terroristas’ y despojadas de sus medios de vida, decenas de miles de personas cuyas vidas profesionales y familiares han quedado destrozadas siguen esperando que se haga justicia”, dice Andrew Gardner, director de Estrategia e Investigación sobre Turquía de Amnistía Internacional. 

“A pesar de la clara naturaleza arbitraria de estos despidos, la Comisión responsable de revisar las decisiones no respeta las normas internacionales y está actuando de hecho para dar el visto bueno a unas decisiones iniciales injustas. Todo el proceso es una vergonzosa afrenta a la justicia”. 

En aplicación del estado de excepción impuesto en Turquía tras el intento de golpe de Estado de 2016, casi 130.000 trabajadores y trabajadoras del sector público fueron despedidos arbitrariamente por medio de decretos ejecutivos. 

La Comisión ha utilizado actividades inofensivas —y totalmente legales en ese momento— para justificar retroactivamente los despidos y las decisiones de prohibir permanentemente a estas personas trabajar en el sector público o incluso en su profesión. Se han esgrimido actividades como depositar dinero en determinado banco, pertenecer a ciertos sindicatos o descargar una aplicación concreta para el teléfono como prueba de los “lazos” con grupos “terroristas” prohibidos, sin que haya nada más que demuestre la existencia de dichos lazos o la comisión de actos ilícitos. 

En enero de 2017, tras la creciente presión política, el gobierno turco estableció una “Comisión de Investigación sobre el Estado de Excepción” para revisar las decisiones de destitución tomadas mediante los decretos ejecutivos. A 5 de octubre de 2018, de las aproximadamente 125.000 solicitudes presentadas por personas afectadas por los despidos, la Comisión había adoptado decisiones en sólo 36.000 casos. De ellas, se ha revocado la decisión original en menos del 7% (2.300) de los casos.  

El informe, que contiene una revisión de los procedimientos de la Comisión y de 109 de sus decisiones, así como entrevistas con 21 personas despedidas y sus familias, revela que la Comisión no se ha establecido para proporcionar un recurso efectivo. Entre sus numerosas deficiencias figuran la falta de independencia institucional, largos periodos de espera, inexistencia de salvaguardias que permitan que las personas afectadas rebatan efectivamente las acusaciones y la precariedad de las pruebas citadas en las decisiones que confirman los despidos.  

Un maestro cuyo recurso contra su despido por depositar dinero en el banco Asya, entonces controlado por el gobierno, fue desestimado por la Comisión, dijo a Amnistía Internacional: “Nos despidieron sin razón y ahora tratan de encontrar excusas para nuestros despidos”. 

Para algunas de las decisiones que ha estudiado Amnistía Internacional, las personas solicitantes tuvieron que esperar más de siete meses tras el despido, en el mejor de los casos, y 21 meses en el peor. Sin embargo, la inmensa mayoría de solicitantes sigue esperando una respuesta, muchas de ellas desde hace más de dos años.  

Las personas que han recurrido ante la Comisión hacen frente a una situación kafkiana. Cuando fueron despedidas, no se dio a quienes trabajaban en el sector público ninguna razón de su despido más allá de una justificación general de que se había valorado que tenían “lazos con organizaciones terroristas”.  

Sin conocer las acusaciones concretas o las pruebas esgrimidas contra ellas, las personas que presentaban recursos tuvieron que conjeturar las razones por las que se les había rescindido el contrato, lo que dificultó rebatir las acusaciones y preparar un recurso efectivo. 

La esposa de un funcionario despedido contó a Amnistía Internacional: “No se revelaron los motivos del despido y no nos dieron la más mínima oportunidad para presentar un recurso efectivo. Presentamos un recurso sin saber contra qué estábamos recurriendo exactamente”.   

Algunas decisiones de la Comisión también carecían  de información suficiente sobre las pruebas que la habían llevado a concluir que el o la solicitante tenía lazos con grupos prohibidos, lo que, una vez más, dificultaba enormemente que los trabajadores y trabajadoras del sector público cuyos recursos habían sido desestimados presentaran un recurso ulterior ante los tribunales administrativos. 

Los trabajadores y trabajadoras del sector público que tuvieron la suerte de ser readmitidos suelen estar en un puesto sensiblemente peor que el que ocupaban antes de su despido injusto.  

Un funcionario readmitido contó a Amnistía Internacional: “Nos han quitado nuestro derecho a reclamar una indemnización ante los tribunales. Pasamos por un montón de dificultades mientras estuve sin trabajo. Mi esposa sigue en terapia por el trauma psicológico que ha sufrido”. 

A pesar de las claras vulneraciones del derecho internacional, el gobierno persiste en su estrategia, profundamente perjudicial. Aunque ya se ha levantado el estado de excepción de Turquía, en julio de 2018 se aprobó una nueva ley que permite durante tres años más el despido sumario de trabajadores y trabajadoras del sector público de quienes se considere que tienen lazos con organizaciones “terroristas” o con otros grupos que representen una amenaza para la seguridad nacional. 

Un académico despedido tras firmar una petición, manifestó a Amnistía Internacional: “En Turquía, el sistema de justicia es esclavo de los políticos. Cambia en función del clima político”.

“Más de dos años después de que empezaran los primeros despidos, decenas de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público viven en una situación incierta sin un recurso efectivo. En lugar de proporcionar un mecanismo para que se haga justicia, la Comisión se ha limitado a echar sal a las heridas”, dice Andrew Gardner. 

“Cuando hay indicios razonables de actos ilícitos, conductas indebidas o delitos, el trabajador o trabajadora debe ser despedido a través de procedimientos disciplinarios ordinarios. Sin embargo, las autoridades deben readmitir a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público despedidos sumariamente mediante decreto ejecutivo e indemnizarlos por los daños, incluida la pérdida de ingresos y el devastador efecto psicológico que ha tenido el despido en sus vidas”. 

Información complementaria 

Turquía es parte enel Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege de los despidos arbitrarios sin el debido proceso. Entre las garantías que contiene el Convenio figuran la prohibición de la terminación del trabajo por motivos distintos de los legítimos relacionados con la capacidad o la conducta del trabajador o trabajadora y la exigencia de que no se produzca la terminación sin dar primero a la persona afectada la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra ella.  

Los procedimientos que rodean estos despidos y,  en concreto, la ausencia de un procedimiento de recurso justo y efectivo, ponen en peligro los derechos a un juicio justo en unas actuaciones civiles que garantizan el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El hecho de que Turquía no proporcione un medio efectivo mediante el cual las personas cuyos derechos son vulnerados puedan obtener una reparación por estas violaciones constituye a su vez un incumplimiento de su obligación de garantizar el derecho a un recurso efectivo previsto en el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.