“Las autoridades de Singapur deben detener de inmediato los planes de matar a estos hombres y poner fin a esta reciente oleada de crueles ejecuciones”, ha manifestado Rachel Chhoa-Howard, investigadora de Amnistía Internacional sobre Singapur

Las autoridades de Singapur deben detener las ejecuciones inminentes de Prabu N Pathmanathan, ciudadano malasio de 31 años, y otro hombre cuyo nombre no se ha hecho público. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Los dos presos fueron condenados a muerte por cargos relacionados con las drogas en dos causas diferentes.

A la familia de Pathmanathan le notificaron la semana pasada que su ejecución estaba programada para el viernes 26 de octubre. Había sido condenado a la pena de muerte preceptiva tras ser hallado en posesión de diamorfina. Según la información disponible, otro hombre será ejecutado este viernes, también por cargos de drogas.

La noticia de estas ejecuciones previstas vino precedida de la presunta ejecución de otro hombre hoy, y de tres hombres más el 5 de octubre, todos ellos también por cargos de drogas.

El uso de la pena de muerte y su imposición por delitos relacionados con las drogas vulnera el derecho y las normas internacionales.

“Las autoridades de Singapur deben detener de inmediato los planes de matar a estos hombres y poner fin a esta reciente oleada de crueles ejecuciones”, ha manifestado Rachel Chhoa-Howard, investigadora de Amnistía Internacional sobre Singapur.

“Ya es hora de que Singapur restablezca su moratoria de la pena de muerte y siga el ejemplo del gobierno de Malasia, que ha suspendido todas las ejecuciones y ha anunciado planes de abolir el uso de esta cruel pena para todos los delitos.”

“El hecho de que la familia de Prabu Pathmanathan en Malasia haya recibido la notificación de su ejecución inminente —y mientras su propio gobierno acaba de resolver poner fin a esta abominable práctica— hace que el caso de este hombre sea aún más inquietante”, ha añadido Rachel Chhoa-Howard. “Esta pena cruel e irreversible no tiene cabida en ninguna sociedad, como han reconocido ya más de dos tercios de los países del mundo.”

Amnistía Internacional tiene conocimiento de seis ejecuciones llevadas a cabo en Singapur este año, todas ellas por delitos de drogas. Las autoridades de Singapur llevaron a cabo ocho ejecuciones en 2017, también por delitos de drogas, pero los detalles de todas esas ejecuciones no se han hecho públicos.

Información complementaria

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado, y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

Hasta hoy, 106 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y un total de 142 son abolicionistas en la ley o en la práctica. En 2017, la pena de muerte se impuso o aplicó por delitos de drogas en 15 países, pero Amnistía Internacional registró ejecuciones por este tipo de delito únicamente en cuatro: China (que clasifica las cifras como secreto de Estado), Irán, Arabia Saudí y Singapur.