La estrategia de persecución y criminalización emprendida por el gobierno de Nicaragua para reprimir a quienes participan en las protestas que están teniendo lugar en todo el país se intensificó esta semana con decenas de nuevas detenciones, entre ellas la de Amaya Coppens (23 años), estudiante de medicina de ciudadanía nicaragüense-belga que lidera un movimiento estudiantil, detenida junto con Sergio Midence (30 años) en la ciudad de León (noroeste) el 10 de septiembre. La policía los acusó en los medios de comunicación de ser responsables de actos de “terrorismo”, incendio provocado, agresiones y posesión ilegal de armas de fuego, entre otras cosas. Ninguno ha comparecido aún formalmente ante un tribunal.

Estos detenidos se suman a las más de 400 personas dedicadas al activismo y al liderazgo social que las organizaciones de la sociedad civil tanto locales como internacionales cuentan como detenidas en el contexto de las protestas sociales, unas protestas a las que —sin afiliación ni activismo— se han unido campesinos, feministas, estudiantes, comerciantes y otras personas.

El Centro Nicaragüense por los Derechos Humanos (CENIDH) informó que de que las recientes detenciones no cumplían las garantías procesales: entre otras cosas, se había utilizado a grupos armados progubernamentales para detener a personas, la policía había entrado en domicilios sin contar con orden judicial, o se había presentado a detenidos ante un juez ya pasadas 48 horas (plazo máximo permitido legalmente), entre otras prácticas que constituirían detención arbitraria. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el hecho de que estas nuevas detenciones mostraban la persistencia de un patrón de detenciones arbitrarias puesto de manifiesto en su reciente informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua en el contexto de las protestas.

Escriban inmediatamente en español o en su propio idioma:

- pidiendo la liberación inmediata de todos los y las líderes estudiantiles, activistas u otros manifestantes detenidos exclusivamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión;

- pidiendo que se respeten los derechos procesales de todos los y las líderes estudiantiles, activistas u otros manifestantes detenidos, incluida su comparecencia sin demora ante un tribunal, y que se garantice el acceso a sus familias y a abogados de su elección;

-  pidiendo a las autoridades que pongan fin de inmediato a la estrategia de persecución, detención y criminalización de estudiantes y otras personas dedicadas al activismo que ejercen su derecho legítimo a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Envíen llamamientos antes del 24 de septiembre de 2018 a:

Información complementaria

El pasado abril estallaron en Nicaragua protestas por una propuesta de reformar el sistema de seguridad social del país. La reforma inicialmente propuesta y aprobada por el presidente Daniel Ortega implicó un aumento de las contribuciones de los trabajadores, trabajadoras y empleadores al sistema de seguridad social del país, y una contribución adicional de los y las pensionistas que provocaría una disminución de las pensiones. Tras días de protestas, el 22 de abril el presidente Ortega anunció que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social revocaba finalmente la reforma.

Sin embargo, la dura respuesta de las autoridades a las protestas iniciales se saldó con decenas de muertes y detenciones, y desató una respuesta masiva de la población, que se volvió a echar a la calle, esta vez para denunciar las estrategias represivas del gobierno nicaragüense y para pedir tanto el fin de dichas estrategias como la introducción de reformas democráticas. A día de hoy, las protestas continúan.

Amnistía Internacional ha documentado in situ las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la actual crisis a la que se enfrenta Nicaragua. Muchas de las averiguaciones de nuestra investigación se incluyeron en el informe Disparar a matar: Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua, en el que se concluía que las autoridades nicaragüenses han puesto en práctica una estrategia represiva, en ocasiones intencionadamente letal, para castigar a las voces disidentes, desalentar la continuación de las críticas ciudadanas y encubrir la comisión de violaciones de derechos humanos.

Más recientemente, Amnistía Internacional publicó una carta abierta dirigida a Daniel Ortega el 4 de septiembre en la que expresaba preocupación por la detención de Juan Pablo Alvarado, Christopher Olivas, Bayron Correa, Luis Quiroz, Yaritza Rostrán, Levis Artola y Victoria Obando, de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y La Justicia.

En su informe Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua: 18 de abril - 18 de agosto de 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó las detenciones de varios activistas y líderes sociales, entre ellos Medardo Mairena y Pedro Mena, de un movimiento campesino; Irlanda Jerez, popular comerciante que participaba en la protesta, y Christian Fajardo y María Peralta, del Movimiento 19 de Abril, movimiento estudiantil, en Masaya (oeste).

Índice: AMR 43/9085/2018