Viernes, 14 de septiembre, 2018
Amnistía Internacional publicó recientemente un informe que demuestra que el gobierno mexicano está incumpliendo de forma recurrente sus obligaciones, contraídas en virtud de tratados internacionales, de respetar los derechos de las personas que requieren protección internacional
La propuesta del gobierno de Trump de pagar millones de dólares al gobierno mexicano para deportar a migrantes irregulares sería un trato arriesgado que no debe permitirse, dijo hoy Amnistía Internacional. La organización responde a un artículo impreso hoy por el diario estadounidense New York Times que detalla la propuesta de la administración de Trump al Congreso de Estados Unidos de otorgar $20 millones de dólares de asistencia al gobierno mexicano para la deportación de al menos 17,000 personas migrantes en situación irregular.
“Sería completamente inadmisible que un país con los recursos que tiene los Estados Unidos transfiera sus obligaciones internacionales para proteger vidas humanas y creara un muro de inhumanidad junto con México”, dijo hoy Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Hoy, oficiales del gobierno mexicano fueron citados diciendo que se rehúsan a recibir este dinero de los Estados Unidos. No obstante, una vez aprobada la Iniciativa Mérida, no hay garantía que los fondos asignados para deportaciones no sean usados, y estas promesas verbales necesitan ser acompañadas de acciones concretas.
Los fondos propuestos para deportaciones se incluirían en la Iniciativa Mérida, un paquete de cooperación internacional de los Estados Unidos a México que se actualiza de manera anual en el Congreso de los Estados Unidos. Esta sería la primera vez que fondos fueran explícitamente asignados para deportaciones como parte de la Iniciativa Mérida.
“En lugar de enfocarse en una cooperación internacional que atiende a la crisis de derechos humanos en la región, México y los Estados Unidos continúan discutiendo maneras de aumentar las detenciones y deportaciones de familias y personas que huyen de países azotados por la violencia como El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Honduras, sin mencionar a personas refugiadas de otros países del mundo".
Amnistía Internacional publicó recientemente un informe que demuestra que el gobierno mexicano está incumpliendo de forma recurrente sus obligaciones, contraídas en virtud de tratados internacionales, de respetar los derechos de las personas que requieren protección internacional.
Si los Estados Unidos financiara las deportaciones llevadas a cabo por México, estarían en riesgo miles de vidas.
“El gobierno mexicano tiene que honrar su tradición como país de migrantes y rechazar una doble moral hacía las personas que viajan a través de su territorio. Este fondo para deportaciones debería eliminarse inmediatamente y el Congreso de Estados Unidos tiene que poner de su parte para asegurar que esto ocurra".