La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, expuso los motivos por los cuales Estados Unidos y México no deben firmar el acuerdo de "Tercer País Seguro", que pondría en riesgo la seguridad de miles de personas que cruzan la frontera entre ambos países

Muchas personas nos hemos indignado por cómo las autoridades en Estados Unidos tratan a las personas migrantes y refugiadas.

Nos indigna escuchar cómo separan a los niños y niñas de sus padres, cómo permiten que personas migrantes mueran en el desierto, y cómo mantienen en detención, a veces por años, a personas que solamente buscan protección. Estas son acciones de un gobierno que usa políticas inhumanas para disuadir que la gente busque refugio en su país, a pesar de la necesidad de miles de personas de huir de la violencia generalizada en países como Honduras y El Salvador.

Hoy, algunas de estas personas tienen la posibilidad de llegar a la frontera de Estados Unidos por México y pedir asilo formalmente ante las autoridades migratorias. Aunque a partir de allí, el trámite de asilo sea largo, esta opción significa que no tienen que cruzar la frontera de manera irregular ni poner en riesgo su vida. Pero ahora el gobierno de Estados Unidos pretende cerrar su puerta de manera definitiva, y todo indica que busca implicar a México en este negocio sucio.

En semanas recientes, diplomáticos mexicanos se han reunido con funcionarios del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos y uno de los puntos a discutir es un posible acuerdo bilateral sobre refugiados. Bajo este acuerdo, Estados Unidos podría rechazar a las personas que busquen refugio si llegan a Estados Unidos pasando por México. México sería declarado un “tercer país seguro” en donde las personas en búsqueda de asilo tendrían que obligatoriamente buscar protección. Un acuerdo de este tipo violaría el derecho internacional e implicaría el sufrimiento de miles de personas.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Trump busca trasladar su responsabilidad internacional a México. Al comienzo de su administración, Trump propuso una medida en la que cada persona que pidiera asilo en Estados Unidos tendría que esperar el resultado de su solicitud en México. En ese entonces el canciller Luis Videgaray se negó de manera absoluta a la idea de que México fuera a ser la “sala de espera” de Estados Unidos.

En esta ocasión las discusiones podrían tener un tono diferente. El gobierno estadounidense estaría incluso dispuesto a recompensar a México con montos significativos de dinero.

México sin duda tiene obligaciones internacionales para proteger a quienes le solicitan asilo en su país, y es importante que cumpla con su parte. Pero eso no quiere decir que sea ejemplar protegiendo los derechos de las personas migrantes.

Aquí las seis razones por las que declarar a México un tercer país seguro arriesgaría la seguridad de miles de personas: 

1. El sistema mundial de protección a refugiados se ha basado desde hace mucho tiempo en el concepto de la responsabilidad compartida entre países. Sería peligrosísimo que uno de los países más poderosos del mundo diera el ejemplo de dejar su responsabilidad de lado. Tanto Estados Unidos como México tienen que poner de su parte.

2. México viola el derecho internacional de refugiados. Según un informe de Amnistía Internacional, las personas migrantes reportan que las autoridades migratorias mexicanas incumplen sistemáticamente el derecho internacional y mexicano, que prohíbe la devolución de personas a situaciones donde corran riesgo real de persecución u otras violaciones graves a sus derechos. De convertirse en un “tercer país seguro”, miles de personas que actualmente buscan refugio en Estados Unidos, corren el riesgo de ser devueltas a sus países al quedarse en México.

3. México es un territorio mortal para migrantes sin papeles. La trata de personas, el reclutamiento por el crimen organizado, secuestro, extorsión, violencia sexual y desaparición son algunas de las situaciones a las que se enfrentan las personas migrantes en México. Esto no quiere decir que las personas refugiadas no puedan vivir en México, pero sí significa que sería desastroso que Estados Unidos devolviera a solicitantes de asilo a áreas fronterizas del norte de México, que contemplan unas de las zonas más violentas del país. 

4. Las personas no dejan de salir de sus países, sólo se ven obligadas a tomar rutas más peligrosas y precarias. Sin la vía formal de solicitar asilo en Estado Unidos, muchas personas no verán otra opción que pagar a coyotes o miembros de redes criminales para que les ayuden a cruzar la frontera. Sus vidas estarán en mayor riesgo y quienes verán el mayor beneficio serán las redes criminales y de tráfico de personas.

5. Hay personas que no pueden quedarse en México y necesariamente ocupan protección en los Estados Unidos. Por ejemplo, las personas transgénero suelen correr mucho peligro en México, uno de los países más peligrosos para su comunidad en América Latina.

6. Falta de capacidad para atender solicitudes de asilo. De las casi 14.600 solicitudes de asilo recibidas por México en 2017, más de la mitad siguen en trámite. Esto a pesar de que la ley mexicana estipula que el trámite debe resolverse en 45 días. Cuando el sistema no puede procesar ni las solicitudes actuales, ¿cómo hará para manejar los casos de cada solicitante de asilo que busca llegar a los Estados Unidos? 

El gobierno saliente de Peña Nieto debe oponerse a cualquier acuerdo de este tipo si no quiere dejar un legado aún más penoso. Sería vergonzoso que México negociara con Estados Unidos habiendo vidas humanas en juego. 

Este artículo fue publicado originalmente por El Universal.