“Este informe, que se añade a una montaña de pruebas sobre los crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas armadas, demuestra la necesidad urgente de una investigación criminal independiente, y es evidente que las autoridades de Myanmar son incapaces de llevar a los responsables ante la justicia”, ha dicho Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional

Un demoledor informe publicado hoy por la misión de investigación de la ONU sobre Myanmar añade aún más pruebas condenatorias de los atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad de Myanmar contra los rohingyas y contra las minorías étnicas en el norte de Myanmar; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

La misión de investigación, órgano de expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, publicó sus conclusiones y recomendaciones básicas hoy en Ginebra; en las próximas semanas publicará un informe más detallado.

“Este informe, que se añade a una montaña de pruebas sobre los crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas armadas, demuestra la necesidad urgente de una investigación criminal independiente, y es evidente que las autoridades de Myanmar son incapaces de llevar a los responsables ante la justicia”, ha dicho Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

“La comunidad internacional tiene la obligación de actuar para garantizar justicia y rendición de cuentas. No hacerlo transmite el peligroso mensaje de que las fuerzas armadas de Myanmar no sólo disfrutarán de impunidad, sino también de libertad para volver a cometer tales atrocidades.

“El Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir con carácter urgente la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. Mientras, es fundamental que los países establezcan un mecanismo que actúe en toda la ONU recopilando y preservando pruebas para su uso en futuras actuaciones penales.”

Información complementaria

Antes del vergonzoso primer aniversario de la campaña de limpieza étnica llevada a cabo por las fuerzas armadas de Myanmar contra la comunidad rohingya en el norte del estado de Rajine, Amnistía Internacional criticó enérgicamente que la comunidad internacional no exigiera rendición de cuentas a los responsables.

Más de 700.000 mujeres, hombres, niños y niñas rohingyas se han visto obligados a huir del norte del estado de Rajine al vecino Bangladesh desde el 25 de agosto de 2017, cuando las fuerzas de seguridad de Myanmar lanzaron un ataque generalizado y sistemático contra centenares de pueblos rohingyas. La ofensiva se llevó a cabo tras una serie de ataques contra puestos de seguridad perpetrados por un grupo armado rohingya, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán.

Amnistía Internacional ha documentado ampliamente la campaña de limpieza étnica realizada por las fuerzas armadas, que incluye la quema selectiva de pueblosrohingyas, el uso de minas terrestres y la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, violaciones, torturas, inanición forzada y expulsión, así como otras violaciones graves de derechos humanos contra los rohingyas.

Amnistía Internacional ha documentado también crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército de Myanmar contra minorías étnicas en los estados de Kachin y Shan del norte, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, trabajos forzados, uso de minas terrestres y bombardeos indiscriminados. Persisten las violaciones graves de derechos humanos contra civiles en el norte de Myanmar, en medio de los conflictos armados que siguen asolando el país.