Un nuevo informe de Amnistía Internacional pide a Florida que se replantee su adhesión a la pena de muerte. Basándose en la preocupación planteada en los tres últimos años por dos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, el informe cuestiona si Florida está reservando la pena máxima para “lo peor de lo peor”, según establece la Constitución

Canadá aporta más visitantes a Florida que cualquier otro país del mundo: más de tres millones de personas canadienses visitan “el estado del sol” cada año. Sin embargo, aunque el bullicio y la belleza de South Beach pueden estar a tan sólo tres horas de vuelo de ciudades como Ottawa o Montreal, hay un aspecto en el que la distancia entre nosotros es mucho mayor. Un abismo de décadas, de hecho.

Hablamos de la pena de muerte. Mientras que Canadá abandonó esta pena hace mucho, Florida sigue siendo uno de sus más entusiastas defensores. Se trata de una historia de dos caminos, con una extraña sincronía en el rumbo, pero que finalmente lleva a direcciones diferentes.

Las últimas ejecuciones llevadas a cabo en Canadá tuvieron lugar el 11 de diciembre de 1962, cuando dos hombres fueron ahorcados en la cárcel de Don, en Toronto. Diecisiete meses después, el 12 de mayo de 1964, dos hombres fueron ejecutados en la silla eléctrica de Florida. Sus ejecuciones podrían haber sido las últimas que se llevaban a cabo allí pero, lamentablemente, no lo fueron. La detención de las ejecuciones resultó no ser más que una pausa de 15 años.

En 1972, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló las leyes de pena capital del país a causa de la arbitrariedad con la que se imponía. Algunos observadores pensaron que aquello sería el final de la pena de muerte en el país, pero quienes legislaban opinaban de otra manera. Estaban encabezados por los legisladores y legisladoras de Florida, quienes, a finales de 1972, se convirtieron en los primeros del país en promulgar un nuevo estatuto de pena capital.

Esa ley fue confirmada por la Corte Suprema el 2 de julio de 1976. Menos de dos semanas después, el Parlamento canadiense votó a favor de la abolición de la pena de muerte, salvo para algunos delitos militares. En 1998, Canadá eliminó de su legislación estos últimos vestigios de la pena capital. Ese mismo año, Florida —que para entonces había ejecutado a más de 40 personas desde que reanudó las ejecuciones en 1979— tomó medidas para cimentar la pena de muerte en su Constitución con el fin de protegerla frente a la prohibición judicial.

Y aquí nos encontramos hoy. Canadá llevó a cabo su última ejecución hace más de 50 años. Florida ha ejecutado a más de 50 personas sólo desde el año 2000. Tiene la segunda cifra de condenados a muerte más alta de Estados Unidos, y ocupa el cuarto lugar en el número de personas ejecutadas. En los últimos 35 años no se ha otorgado clemencia del ejecutivo en un caso de pena capital en el estado, un periodo en el que se ha ejecutado a más de 90 personas.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional pide a Florida que se replantee su adhesión a la pena de muerte. Basándose en la preocupación planteada en los tres últimos años por dos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, el informe cuestiona si Florida está reservando la pena máxima para “lo peor de lo peor”, según establece la Constitución. Los casos destacados en nuestro informe —de personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando apenas acababan de salir de unas infancias frecuentemente de malos tratos, o de personas con alegaciones de discapacidad intelectual— sugieren que no lo está haciendo.

En los dos últimos años, la Corte Suprema de Florida ha añadido una nueva capa de arbitrariedad al sistema de pena capital. El estado decidió que sólo aproximadamente la mitad de las personas condenadas a muerte podían beneficiarse de una sentencia dictada en 2016 por la Corte Suprema de Estados Unidos según la cual el estatuto de pena capital de Florida era inconstitucional por otorgar a los jurados un papel únicamente asesor respecto a la pena de muerte. Tal como muestra nuestro informe, la suerte de muchas de esas personas presas depende ahora, no de factores como la gravedad del delito o la solidez de las circunstancias atenuantes, sino del momento en que se encuentran sus casos en el proceso de apelación.

Esta decisión fue la gota que colmó el vaso para un juez de la Corte Suprema del estado que discrepó de la mayoría. Esta retroactividad parcial, escribió, unida a la “amarga realidad” de que la discriminación racial sigue siendo un factor que afecta a la hora de dictar condenas a muerte, significa que, en su opinión, el sistema de pena de muerte de Florida se convertía en inconstitucional. Por desgracia, su opinión era minoritaria.

Y así está la situación. Puede que Florida esté en la misma zona horaria que Ottawa y Montreal, pero respecto a esta cuestión parece haberse anclado en el pasado.

Sin embargo, el encontrarse en polos opuestos no significa mantener una relación distante. Las personas canadienses se encuentran en una posición tan buena como la de cualquiera a la hora de pedir a Florida que cambie de rumbo. El año pasado gastamos 3.800 millones de dólares estadounidenses en Florida y, cuando visitamos el estado (principalmente para ocio y vacaciones), nos quedamos de media unas tres semanas: el doble que los demás visitantes internacionales.

El presidente de la empresa oficial de marketing turístico del estado, que está haciendo un gran esfuerzo para promover Florida en Canadá, dijo en abril: “Seguiremos trabajando para transmitir un mensaje cálido, abierto y de bienvenida a nuestros amigos canadienses, y para que sepan que no hay mejor momento que este para visitar Florida”.

Los amigos deben hablar entre sí. Los y las canadienses podemos hacer saber a quienes viven en Florida que llevamos más de medio siglo viviendo sin pena de muerte, y que estamos orgullosos de que decenas de países más se hayan unido a la causa abolicionista desde entonces.

En 1976, Canadá optó por el camino menos conocido. Estados Unidos, encabezado por Florida, tomó un desvío equivocado. El “estado del sol” debería mirar a Canadá como algo más que una oportunidad económica, y aprender de su experiencia de librarse del exponente máximo de pena cruel y degradante.

Por Geneviève Paul y Alex Neve, Amnistía Internacional Canadá.