Martes, 31 de julio, 2018
En 2016 se informó de que, durante muchos años, se habían vendido en China vacunas dudosas por valor de 88 millones de dólares estadounidenses. La noticia dio lugar a una ira generalizada, y el gobierno reaccionó con rapidez. Unos días después del estallido de indignación, el primer ministro Li Keqiang emitió una “instrucción”, y finalmente detuvo a más de 100 personas. Sin embargo, las protestas en curso sobre la calidad de estas vacunas y las peticiones de indemnización de las familias quedaron sin abordar
El pasado sábado por la noche, vi un reportaje, “Los reyes de la vacuna”, difundirse en mis canales chinos de redes sociales, desplazando todas las demás conversaciones, incluso los vídeos de gatos.
El artículo, de 4000 palabras y publicado en la plataforma china de redes sociales WeChat, detallaba el ascenso de tres conglomerados farmacéuticos, su capacidad para salir indemnes de múltiples escándalos relacionados con la salud, y cómo se había descubierto recientemente que una de las empresas había fabricado y vendido cientos de miles de vacunas defectuosas.
“Estas vacunas se inyectan en el torrente sanguíneo de ustedes y de sus hijos e hijas, día tras día.”
El artículo despertó la ira de muchas personas, especialmente padres y madres preocupados.
Tal como se preveía, el artículo fue rápidamente censurado: “sometido al 404”, como lo llaman. Pero la gente contraatacó de la manera más evidente: volviendo a publicarlo. “Los reyes de las vacunas” se abrió paso rápidamente en múltiples plataformas de redes sociales, en comentarios de respuesta al artículo y en las guías para progenitores sobre cómo distinguir una vacuna buena de una mala, y dónde vacunarse en la cercana Hong Kong.
Muchos de estos artículos duraron muy poco publicados, pues los censores trabajaban sin descanso, pero la ira no se pudo contener.
Déjà vu. Esto ya había sucedido antes.
En 2016 se informó de que, durante muchos años, se habían vendido en China vacunas dudosas por valor de 88 millones de dólares estadounidenses. La noticia dio lugar a una ira generalizada, y el gobierno reaccionó con rapidez. Unos días después del estallido de indignación, el primer ministro Li Keqiang emitió una “instrucción”, y finalmente detuvo a más de 100 personas. Sin embargo, las protestas en curso sobre la calidad de estas vacunas y las peticiones de indemnización de las familias quedaron sin abordar... o fueron silenciadas.
En 2010, el China Economic Times publicó un informe de investigación en el que se destacaban 78 casos documentados de niños o niñas que murieron o enfermaron en la provincia de Shanxi tras haber recibido vacunas. El informe reveló datos sobre vacunas que se habían dejado deliberadamente sin refrigerar. Después de su publicación, el redactor jefe, Bao Yueyang, fue despedido, y los padres y madres implicados en el caso fueron sometidos a vigilancia.
La lista podría continuar.
Todos estos incidentes siguen un patrón familiar:
- Hay una indignación pública generalizada
- Los censores se lanzan a contener la opinión pública
- El gobierno emite declaraciones públicas
- Los activistas y periodistas son silenciados
- Rebobinar. Repetir.
China ha ratificado varios acuerdos internacionales que lo obligan a garantizar el derecho a la salud. Esto incluye la obligación de garantizar que los productos y servicios relacionados con la salud son seguros y de buena calidad, que la gente tiene acceso a información relativa a la salud, y que la población tiene acceso a reparaciones efectivas cuando se viola su derecho a la salud.
Sin embargo, en lugar de impartir justicia cuando las cosas van terriblemente mal, las autoridades chinas persiguen a quienes apoyan a las familias. En 2010, Zhao Lianhai, que había trabajado en los medios de comunicación estatales, fue condenado a dos años y medio por “provocar peleas y crear problemas” tras pedir justicia para las familias afectadas por la leche en polvo contaminada con melamina, un compuesto químico industrial utilizado para fabricar plásticos y fertilizante.
Este mismo año, el Dr. Tan Qindong estuvo detenido durante tres meses tras haberse referido en un blog a un tónico medicinal chino calificándolo de “venenoso”. Quedó en libertad cuando su detención provocó la indignación colectiva.
Los abogados y activistas que simplemente quieren utilizar el sistema jurídico del país para impartir justicia para las víctimas son detenidos sistemáticamente. El abogado de derechos humanos Tang Jingling, que representó a padres de niños perjudicados por las vacunas, cumple una pena de cinco años de prisión por propugnar la democracia o, más oficialmente, “incitar a la subversión del poder estatal”.
Justo después de la medianoche del domingo pasado, un día después de que “Los reyes de las vacunas” se hiciera viral, múltiples medios de comunicación de la China continental publicaron otra “instrucción” del primer ministro chino en la que formulaba una promesa familiar:
“… el caso de las vacunas ha cruzado una línea moral, y la nación merece una explicación clara”.
Al día siguiente, el activista Qi Jing, que ha estado haciendo campaña sobre un caso anterior de falsas vacunas, fue aprehendido durante tres horas para ser interrogado por la policía local. El reaccionar rápidamente ante la indignación pública nunca ha supuesto un problema para el gobierno chino, pero la observación independiente, con la participación de la opinión pública, los medios de comunicación y los grupos sin ánimo de lucro, no está permitida.
El caso de las vacunas defectuosas, según los medios de comunicación estatales, afectó a 252.600 dosis, que les habían sido inyectadas a 215.184 niños y niñas de toda China.
Esto pone de manifiesto el fracaso del sistema regulador actual. Sin embargo, para tener un sistema más efectivo que cumpla las obligaciones de derechos humanos contraídas por China, el gobierno debe cambiar su enfoque.
Si no temen a las consecuencias en forma de indignación pública, informes independientes o acciones judiciales de grupo, las empresas seguirán economizando, y este momento colectivo de déjà vu se volverá a producir.