Jueves, 26 de julio, 2018
El 27 de junio, un tribunal de Israel confirmó —por segunda vez— la renovación por otros tres meses de la orden de detención administrativa dictada contra Salah Hammouri, abogado y trabajador de una ONG. Las autoridades israelíes lo mantienen recluido sin cargos ni juicio desde el 23 de agosto de 2017
El 27 de junio, un tribunal israelí de distrito de Jerusalén confirmó por segunda vez la orden de detención administrativa dictada por el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, contra Salah Hammouri. La orden se ha prorrogado por otros tres meses. Salah Hammouri, franco-palestino, es abogado y trabaja en una ONG. Ahora se espera que su detención finalice el 30 de septiembre. La orden de detención administrativa por seis meses contra Salah Hammouri, que en la actualidad se encuentra recluido en la prisión de Ketziot (sur de Israel), se había dictado el 17 de septiembre de 2017 y renovado el 5 de marzo de 2018 por otros cuatro meses.
Salah Hammouri, junto con otras personas sometidas a detención administrativa, participa en un boicot colectivo a los tribunales israelíes. Con esta acción, que comenzó el 15 de febrero, se exige el fin de la política de detención administrativa, que permite a las autoridades de Israel recluir sin cargos ni juicio a una persona durante periodos indefinidos basándose en información secreta.
Las fuerzas israelíes detuvieron a Salah Hammouri el 23 de agosto de 2017, cuando irrumpieron por la noche en su casa, en el barrio de Kafr Aqab del territorio ocupado de Jerusalén Oriental. Salah Hammouri reside en Jerusalén Oriental y tuvo que interrumpir reiteradamente sus estudios de Derecho debido a que las autoridades israelíes le prohibieron entrar en Cisjordania, donde está su universidad, entre marzo de 2015 y septiembre de 2016. Se graduó en 2017 y, tres días antes de su detención, aprobó el examen de habilitación para ejercer la abogacía en Palestina. Trabaja como investigador de campo en Jerusalén para la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos Addameer, organización palestina de derechos humanos con sede en Ramala (Territorios Palestinos Ocupados,TPO).
Escriban inmediatamente en inglés, en hebreo o en su propio idioma, instando a las autoridades israelíes a:
- dejar en libertad a Salah Hammouri y a todas las demás personas sometidas a detención administrativa si no van a ser acusadas con prontitud de ningún delito reconocible internacionalmente ni juzgadas de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos;
- dejar de someter a hostigamiento y detención administrativa a quienes trabajan en organizaciones palestinas de derechos humanos, incluidos los miembros del personal y de la junta directiva de Addameer;
- tomar de inmediato medidas para poner fin a la práctica de la detención administrativa.
Envíen llamamientos antes del 5 de septiembre de 2018 a:
Ministro de Defensa
Minister of Defence
Avigdor Lieberman
Ministry of Defence
37 Kaplan Street, Hakirya
Tel Aviv 61909, Israel
Correo-e: minister@mod.gov.il pniot@mod.gov.il
Fax: +972 3 691 6940
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister
Comandante de las Fuerzas de Defensa de Israel en Cisjordania
Commander of the IDF – West Bank
Major-General Roni Numa
GOC Central Command
Military Post 02367, Battalion 877
Israel Defence Forces, Israel
Fax: +972 2 530 5741, +972 2 530 5724
Tratamiento: General Roni Numa / Dear Major-General Roni Numa
Y copias a:
Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security
Gilad Erdan
Kiryat Hamemshala
PO Box 18182
Jerusalem 91181, Israel
Fax: +972 2 584 7872
Correo-e: gerdan@knesset.gov.il
Tratamiento: Señor Ministro / Dear Minister
Información complementaria
La policía israelí de fronteras detuvo a Salah Hammouri el 23 de agosto de 2017, cuando irrumpió por la noche en su casa, en el barrio de Kafr Aqab del territorio ocupado de Jerusalén Oriental. A continuación lo trasladó al centro de detención la Agencia de Seguridad de Israel ubicada en el Recinto Ruso de Jerusalén. El 5 de septiembre, día de la vista judicial convocada para confirmar la orden de detención administrativa por seis meses que el ministro de Defensa de Israel —Avigdor Lieberman— había dictado contra él el 17 de agosto, un tribunal de distrito de Jerusalén dispuso, en vez de ello, que Salah Hammouri cumpliera los tres meses que le quedaban de una condena de seis que le había sido impuesta en 2005. El fiscal recurrió contra la decisión y solicitó la ampliación del periodo de prisión. No obstante, el 13 de septiembre, el Tribunal Superior de Israel falló en contra de reanudar la condena anterior. El 17 de septiembre, el tribunal de distrito de Jerusalén confirmó la orden inicial de detención administrativa por seis meses.
Según Addameer, el 2 de enero de 2018 el Servicio de Prisiones de Israel trasladó a Salah Hammouri desde la prisión de Ketziot (en el sur de Israel) a la prisión de Megiddo (en el norte del país), como castigo por dar una entrevista estando bajo custodia a un periodista francés en la que habló de la política de detención administrativa que lleva a cabo Israel. Hammouri permaneció recluido en la prisión de Megiddo hasta el 29 de enero, cuando lo trasladaron de nuevo a la prisión de Ketziot.
Las autoridades israelíes habían tenido encarcelado anteriormente a Salah Hammouri durante siete años por cargos relativos a su presunta participación en la conspiración para asesinar al ex gran rabino de Israel, pero el actual abogado y trabajador de ONG quedó en libertad en virtud de un canje de prisioneros llevado a cabo en 2011. Entre marzo de 2015 y septiembre de 2016, Salah Hammouri —que reside en Jerusalén Oriental— tuvo prohibido entrar en otras partes del territorio ocupado de Cisjordania. Su esposa, Elsa Lefort —también ciudadana francesa—, tiene asimismo prohibido entrar en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) o en Israel desde 2016. En febrero de ese año, fue expulsada de Israel tras pasar tres días recluida en un centro de detención cerca del aeropuerto Ben Gurion, por lo que ni ella ni su hijo de dos años han podido verlo desde que quedó detenido. La familia de Salah Hammouri, incluidos su esposa, su hijo y su suegro, han sufrido hostigamiento y amenazas de desconocidos tras la publicación de sus datos de contacto en un sitio web francés. Khalida Jarrar, miembro de la junta directiva de Addameer, está también en detención administrativa desde el 2 de julio de 2017, y las autoridades israelíes han prohibido a tres miembros del personal de la organización salir de Israel y de los TPO.
La detención administrativa —introducida aparentemente como medida excepcional para detener a personas que representan un peligro extremo e inminente para la seguridad— es utilizada por Israel como alternativa a la detención, imputación y procesamiento de presuntos delincuentes o para privar de libertad a personas que no deberían haber sido detenidas en absoluto. Las órdenes pueden renovarse indefinidamente y las pruebas se mantienen en secreto, por lo que la persona no puede impugnar de manera efectiva su detención ni saber cuándo será puesta en libertad. Amnistía Internacional cree que algunos palestinos a los que Israel ha mantenido sometidos a detención administrativa eran presos de conciencia, recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, reunión o asociación. Según Addameer, a fecha de junio de 2018 Israel mantenía sometidas a detención administrativa, sin cargos ni juicio, a 442 personas, entre ellas dos menores y tres miembros del Consejo Legislativo.
Todas las prisiones israelíes con personas palestinas sometidas a detención administrativa, excepto una, están dentro de Israel. La reclusión de palestinos de los TPO dentro de Israel viola el derecho internacional. El IV Convenio de Ginebra estipula que los miembros de la población de un territorio ocupado a los que se detenga deben estar recluidos dentro de ese territorio, no en el de la potencia ocupante.
Amnistía Internacional ha documentado una escalada de actos de intimidación perpetrados por el gobierno israelí contra activistas de los derechos humanos en los TPO. En Israel se han tomado también medidas para restringir la libertad de expresión dentro del país, y las autoridades recurren a la intimidación y a campañas de difamación contra las organizaciones de derechos humanos y su personal.
Índice: MDE 15/8798/2018