“Esta oleada de ejecuciones sin precedentes, en la que se ha dado muerte a 13 personas en unas semanas, no convierte la sociedad japonesa en un lugar más seguro. Los ahorcamientos no abordan por qué la gente se sintió atraída por un gurú carismático con ideas peligrosas”, ha manifestado Hiroka Shoji, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia oriental

La reciente oleada de ejecuciones llevada a cabo por Japón no hará el país más seguro, y no aborda por qué la gente se sintió atraída hacia una secta que organizó una serie de crímenes espantosos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional tras las ejecuciones, el jueves, de otros seis miembros de la secta religiosa Aum Shinrikyo (Aum).

En este mes de julio, 13 personas han sido ejecutadas por su participación en el mortal atentado con gas sarín perpetrado en 1995 en el metro de Tokio, en el que 13 personas murieron y miles más resultaron heridas, así como en otras actividades ilegales. La última vez que Japón ejecutó a más de 10 personas en un año fue en 2008. También resulta sumamente inusual que Japón lleve a cabo dos rondas de ejecuciones en el mismo mes.

“Esta oleada de ejecuciones sin precedentes, en la que se ha dado muerte a 13 personas en unas semanas, no convierte la sociedad japonesa en un lugar más seguro. Los ahorcamientos no abordan por qué la gente se sintió atraída por un gurú carismático con ideas peligrosas”, ha manifestado Hiroka Shoji, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia oriental.

“Arrebatar una vida como represalia nunca es la respuesta. Ya es hora de que las autoridades japonesas dicten una moratoria inmediata de todas las ejecuciones y promuevan un debate informado sobre la pena de muerte como primer paso hacia su abolición.”

Las seis personas ejecutadas la madrugada del jueves fueron: Satoru Hashimoto, Yasuo Koike (Hayashi), Kenichi Hirose, Kazuaki Okazaki (Miyamae), Toru Toyota y Masato Yokoyama. Cuatro de ellas tenían pendientes peticiones de un nuevo juicio.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito, las características del delincuente o el método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución, y lleva más de 40 años haciendo campaña en favor de su abolición.

*Este artículo se actualizó el 26 de julio para reflejar que cuatro de los ahorcados tenían pendientes peticiones de un nuevo juicio.